Los seis capos del supercártel detenidos por Europol llevan un año libres y pendientes de extradición en Dubái
Policías de Países Bajos, Francia, Bélgica, Dubái y España desarticularon en noviembre de 2022 un supercártel de narcotraficantes que controlaba buena parte del mercado de la cocaína en Europa. En la operación Desert Light fueron detenidas 49 personas, de las cuales siete eran consideradas por Europol Objetivos de Alto Valor, grandes capos. “Es un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global”, anunció entonces la Guardia Civil, que fue la encargada de la parte española de la investigación. Ésta, bautizada como operación Faukas, se cerró con el arresto de 15 personas, de las que tres fueron distinguidas con la etiqueta de grandes capos: dos de ellos fueron capturados en Dubái y el tercero en Málaga.
La cooperación policial europea conseguía así desarticular la estructura logística de una macroorganización en la que señores de la droga de diferentes nacionalidades se habían asociado para inundar Europa de cocaína, pero además habían descabezado el entramado gracias a la colaboración de Dubái, un hecho sin precedentes. Seis de los siete grandes capos detenidos vivían en el emirato, convertido en un auténtico “santuario” para delincuentes del más alto nivel. Para dar una idea de la contundencia del golpe basta con reseñar que se incautaron 30 toneladas de cocaína, lo que equivalía a “un tercio del mercado”, según destacó la Guardia Civil.
Sin embargo, un año después de la meagoperación europea, los seis capos detenidos en Dubái se encuentran en libertad en el emirato y aún pendientes de extradición. Incluidos los dos que reclama España, tal y como han confirmado a infoLibre tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Antidroga. El primero es Ryan James Hale, un ciudadano británico que residió en la Costa del Sol, pero que debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro. Entonces se mudó a Dubái. Desde allí, este miembro del clan irlandés de los Kinahan dirigía el negocio y se coordinaba con el resto de los capos con los que compartía residencia. El segundo, Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, que tiene pasaporte de Panamá, era el responsable de proveer la droga y de enviarla desde el puerto panameño de Manzanillo. También vive en el emirato.
“Señal de impunidad enviada por Emiratos a los narcotraficantes”
Otro tanto ocurre con los cuatro capos reclamados por Francia, Bélgica y Países Bajos, según ha podido confirmar OCCRP, red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre. Se trata del bosnio Edin Gačanin y del marroquí Zouhair Belkhair, ambos con pasaporte holandés, y los belga-marroquíes Hoesny Ajaray y Rabhioui Bourfa, cuya extradición piden tanto Bélgica como Francia. Todos ellos quedaron en libertad ya a comienzos de este año, apenas dos meses después de su detención en Dubái. Y sus respectivas extradiciones permanecen en el limbo de la burocracia judicial del emirato.
Cuando se hizo público que Belkhair había quedado en libertad bajo fianza y Gačanin en libertad sin ningún cargo, las autoridades holandesas pusieron el grito en el cielo, según publicaron entonces los medios del país. Porque, además, parecía que el bosnio se encontraba en paradero desconocido.
En Francia también llegaron a las páginas de los periódicos las penalidades de la extradición de Ajaray y Bourfa. En los cuatro casos, Dubái respondió asegurando que ambos países europeos habían presentado sus respectivas solicitudes fuera de plazo, fijado en 40 días. Los fiscales holandeses lo negaron taxativamente, al igual que los franceses.
Unos meses después, en verano, el semanario Le Nouvel Observateur hizo pública una nota que los servicios de seguridad franceses habían enviado a la policía quejándose de la falta de colaboración de Dubái en el proceso de entrega de los delincuentes reclamados por Francia. “Hasta la fecha, ninguno de estos narcotraficantes ha sido extraditado a nuestro país, y varios procedimientos contra individuos especialmente activos y peligrosos han sido incluso archivados por las autoridades emiratíes, que han invocado pretextos más o menos falaces en apoyo de sus decisiones”, protestaban los servicios de inteligencia franceses. A su juicio, que los narcos fueran puestos en libertad constituye una “fuerte señal de impunidad enviada por los Emiratos Árabes Unidos a los narcotraficantes que se instalan en masa en Dubái y continúan desde el emirato organizando y gestionando el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los asesinatos en las ciudades francesas”. Según explicaban en la nota los agentes, Francia tiene unos 26 procedimientos en curso, no sólo los de la Operación Desert Light. Bélgica, otros tantos.
infoLibre ha preguntado al Ministerio belga de Justicia por las extradiciones de Ajaray y Bourfa, que se ha limitado a confirmar que, en efecto, “persigue a cierto número de fugitivos que se cree que se encuentran en los Emiratos” y que tiene “solicitudes de extradición pendientes” ante los tribunales de Dubái. Pero se niega a hacer comentarios sobre casos individuales. Bélgica firmó con Emiratos un convenio de extradición en 2021 que entregó en vigor en noviembre de 2022. El Ministerio del Interior francés no ha respondido a la solicitud de información que le ha enviado este periódico. Francia y Emiratos también cuentan con un convenio de extradición desde 2018. Los abogados de los holandeses Gačanin y Belkhair sí han confirmado a OCCRP que ambos siguen en libertad y pendientes de los jueces dubaitíes.
La queja de tres fiscales antidroga españoles
En España, en cambio, no se ha levantado revuelo alguno. Pero los fiscales Antidroga de Valencia, Ismael Teruel, y Málaga, Fernando Bentabol, coinciden en quejarse de la “falta de interés” de los dubaitíes por cumplir con las extradiciones. “Empezaron a pedir informes e informes, cosas raras… y trámites absurdos”, recuerda Teruel. Es en Valencia donde se tramita la solicitud de entrega del panameño Martínez Meza, porque fue en su puerto donde se decomisó el alijo de 698 kilos de cocaína en marzo de 2020 que permitió tirar del hilo y llegar hasta los capos instalados en Dubái. Además, advierte el fiscal, las autoridades judiciales del emirato no han dejado de manifestar sus dudas sobre la legalidad de la desencriptación de las plataformas de chats Encrochat y Sky ECC, que permitió a la Guardia Civil ligar ese cargamento con quienes lo habían organizado. Anular la validez del descifrado de las comunicaciones se ha convertido en la principal estrategia utilizada por los abogados de los narcos para salvar a sus clientes. Sin embargo, en un paso hacia lo que puede ser su validación definitiva, la Abogada General de la UE Tamara Cápeta acaba de avalar el uso de los mensajes descifrados de Encrochat que fueron intervenidos gracias a la policía francesa.
“No se molestan en ser eficaces y ágiles, ponen inconvenientes, dan largas. Y más aún cuando se trata de personas que invierten allí, para blanquearlo, parte del dinero que han obtenido”, lamenta por su parte el fiscal malagueño, quien de todas maneras dice que en el caso de Ryan James Hale el juzgado ya ha presentado toda la documentación requerida y está pendiente de que respondan las autoridades judiciales del emirato. Su colega de Valencia asegura que el panameño Martínez Meza está libre en Dubái “pero sin posibilidad de salir del país”. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Fran Torres, que dirigió la operación Faukas, alaba ante infoLibre la cooperación de la policía dubaití, que tanto tiempo les costó conseguir, pero ahora teme que las reticencias de la justicia del emirato permitan la huida de los supercapos.
Otra prueba de la renuencia dubaití la esgrime el fiscal Antidroga de Valencia. Ya antes del verano, Europol convocó en París a las policías de los países implicados en la operación Desert Light y éstos, a su vez, invitaron a los fiscales encargados de las extradiciones. Pero la policía de Dubái, que también había sido citada, no acudió, explica Ismael Teruel: “Así que quedó claro que el emirato no tenía mucho interés”.
La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, se queja igualmente de la falta de fluidez, pero más que a la ausencia de voluntad atribuye el retraso al hecho de que “los Emiratos no han desarrollado el sistema de extradición como los países europeos”. También a que tienen unos procedimientos “muy burocratizados y muy antiguos”, asegura. Aunque Rosa Ana Morán tampoco descarta la “corrupción”, que “el retraso se deba a la voluntad de algún funcionario”.
La fiscal repite las quejas de Valencia y Málaga sobre las “formalidades nada habituales” que exige Dubái, como que el juez firme las traducciones de los documentos que les envían.
'El Tigre' lleva un año en la cárcel
Sin embargo, al menos en el caso de los reclamados por la justicia española, no toda la culpa recae sobre el lado dubaití. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la extradición de Alejandro Salgado Vega, un madrileño conocido como El Tigre a quien la Guardia Civil considera “el más importante narcotraficante español” de cocaína del mundo. Para sorpresa de los propios agentes, que no lo consideraban una pieza de caza mayor, descubrieron que controlaba “una red global de tráfico de cocaína con presencia en los cinco continentes” que movía un volumen enorme de droga desde Sudamérica. También se había asentado en Dubái, donde fue detenido el pasado mes de agosto, pero no por dirigir una narcobanda internacional, sino por un delito menor: le pillaron consumiendo droga en su propia casa, que estaba siendo vigilada por la policía del emirato. Así que el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras emitió una orden internacional de detención contra él en diciembre del año pasado, después de que la Guardia Civil arrestara en esa localidad gaditana a siete personas relacionadas con un cargamento de casi dos toneladas de cocaína aprehendido en un contenedor procedente de Paraguay. Al mando de la organización estaba el español.
Pero, a diferencia de los detenidos por Europol, El Tigre lleva un año en prisión en el emirato. El pasado septiembre declararon ante el juez los policías que lo detuvieron. Estos confirmaron que allí sólo se estaba consumiendo droga, pero no se estaba cometiendo ningún otro delito, asegura a infoLibre Javier Yagüe García, abogado de Alejandro Salgado. En ese momento sus letrados dubaitíes solicitaron la libertad bajo fianza de El Tigre, pero no se le concedió. En estos días, añade el defensor, se debe celebrarse la vista en la que se dictará sentencia. En España, la posesión de cocaína no está penalizada si es inferior a 7,5 gramos a la semana; se considera consumo propio. Pero en Dubái le puede caer hasta un año, dice Yagüe, “un tiempo que, en todo caso, ya habría cumplido”.
Una vez sentenciado, El Tigre tendrá que lidiar con el proceso de extradición, cuando el juzgado de Algeciras envíe a Dubái toda la documentación traducida al árabe y solicite formalmente la entrega. Otro tribunal deberá decidir entonces si la concede, o no, por los delitos que supuestamente ha cometido en España. Javier Yagüe esgrime las dudas sobre el descifrado del móvil. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, explica su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.
En cualquier caso, el juzgado de Algeciras se ha encontrado con los mismos obstáculos burocráticos –o la misma desgana institucional– que los jueces de Valencia y Marbella. Con un añadido nacional. La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, asegura que Dubái ha pedido al juzgado que le traduzca al árabe todo el sumario del caso, que tiene cientos de páginas. La empresa contratada para ello, Ofilingua, lleva nueve meses en esa tarea. La fiscal Arroyo cree que está a punto de entregar el documento. Y sí, en efecto, los dubaitíes piden que la traducción la firme el juez.
Así que, aunque con un enorme retraso, puede que comience a procesarse la entrega de El Tigre al mismo tiempo que se celebra el juicio por el cargamento paraguayo que puso a las fuerzas del orden sobre su pista. Esta misma semana está previsto que se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz su lugarteniente, Rubén Panadero Gil, alias Pana, y el financiador del alijo, apodado El Osito.
El abogado Javier Yagüe desdeña el riesgo de fuga. “De allí no te escapas”, zanja. Dubái “es otro mundo”, dice, donde ni siquiera dejan a los abogados ver a sus clientes en la cárcel. “Sólo pude comunicarme con él [Alejandro Salgado] por teléfono o por videoconferencia”. Y donde, para dejar a un detenido en libertad bajo fianza, deben depositarse en el juzgado dos pasaportes, el del recluso y el de una segunda persona, detalla con sorpresa el letrado.
Como se ve a la luz del caso contra El Tigre, en España los procedimientos de extradición también sufren por el proverbial atasco judicial. “El juzgado que se encarga de la operación es el que se encarga también de solicitar las extradiciones necesarias”, resume Rosa Ana Morán. Es decir, juzgados pequeños, como el de Algeciras, son los que tienen que lidiar con la burocracia de Dubái, con un ministerio de Exteriores que está en Madrid… y con la endémica falta de medios materiales y humanos, enumera. “¿Para qué tenemos una Audiencia Nacional si una gran operación no podemos traerla aquí?”, se pregunta. Muchos de estos juzgados mixtos –de instrucción y de primera instancia– tienen que tramitar desde disputas vecinales hasta, en efecto, extradiciones internacionales. La fiscal delegada de Cádiz, Ana Villagómez, recuerda, además, que estos destinos son los “peor considerados”, por lo que los jueces se marchan en cuanto pueden, al cumplir los dos años de permanencia. Para hacerse una idea del trabajo con que cargan estos juzgados, basta con apuntar que en el de Algeciras, como destaca Macarena Arroyo, el 80% de las causas están relacionadas con el tráfico de drogas.
Por eso, la fiscal jefa cree que España debería copiar el modelo francés de Jurisdicciones Interregionales Especializadas (JIRS), integrados por jueces, fiscales y funcionarios especializados a los que se libera del resto de los asuntos para que atiendan sólo la delincuencia organizada. “Serían como pequeñas audiencias nacionales en los territorios donde hace falta: Levante, Cádiz y Galicia”, precisa. Tanto ella como Villagómez y Arroyo piden, además, que se cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los fiscales instruir las causas. España es de los pocos países europeos donde aún son los jueces los encargados de investigar los delitos, un modelo que copió de Francia en 1882 y que incluso los franceses han abandonado ya, destaca Ana Villagómez. Ese cambio en España, pese a que PP y PSOE están de acuerdo en que hay que hacerlo, lleva atascado por lo menos un par de décadas.
También hay corrupción, extradiciones que sí fueron rápidas
Luis Chabaneix, abogado penalista especializado en extradiciones, apunta en otra dirección para explicar el supuesto desinterés de Dubái por entregar a los seis capos: la falta de peso geopolítico de España. Pero también menciona la corrupción. “Ese tipo de delincuentes tienen muchos contactos en las altas esferas y mucho dinero e influencias que pueden ayudarles a salir del escollo”, apunta.
Además, detrás de las peticiones inusitadas de documentos Chabaneix adivina el papel de los abogados defensores, que piden sucesivos complementos de información a los jueces dubaitíes para demorar el proceso, desde el propio expediente judicial hasta copias de la legislación que debe aplicarse o cualquier otro documento.
Sin embargo, otros procedimientos han sido muy rápidos. En 2019, Dubái deportó a Ridouan Taghi, líder de la violenta mafia marroquí en Países Bajos, a quien se acusa de una docena de asesinatos y de dirigir uno de los mayores cárteles de droga de Europa. En realidad, no fue una extradición, porque entonces Países Bajos no tenía pactado un procedimiento de ese tipo con Emiratos Árabes Unidos. Taghi fue expulsado tres días después de su detención, tras ser declarado persona non grata por haber entrado en el país con un pasaporte falso.
Hace sólo un mes también fue detenido en Dubái el mayor de los hijos de Taghi, Faisal, de 22 años, acusado de dirigir la organización en ausencia de su padre. Ridouan, que se encuentra en una prisión holandesa de alta seguridad conocida como El Bunker, se enfrenta a una condena de cadena perpetua en un juicio que comenzó en marzo de 2020 y aún está pendiente de sentencia. En su caso, la extradición puede ser problemática porque Faisal ha vivido en el emirato desde que era un niño.
Igualmente fue capturado en Dubái Rafaelle Imperiale, miembro de la Camorra y socio de Taghi en el narconegocio. En marzo de 2022. Italia solicitó su extradición, que fue rechazada en un primer momento. Para que fuera finalmente concedida, hizo falta que el ministro de Justicia italiano volara al emirato y le entregara la petición en mano a su homólogo emiratí.
Una excepción más fue la de Hajli El Harraj, detenido en octubre de 2022 en Dubái y extraditado dos meses después a España. Era el capo del autodenominado cártel del Sur, una organización que introducía tanto hachís como cocaína a través del puerto de Algeciras y tenía en nómina a cuatro guardias civiles, un policía nacional, un administrativo de Aduanas y un ex policía local.
Vía diplomática
El fiscal Antidroga de Valencia dice que la entrega del panameño Martínez Meza depende ahora de la vía diplomática. España y Emiratos Árabes Unidos firmaron un convenio de extradición, otro de asistencia mutua en materia penal y un tercero sobre traslado de personas condenadas, todos ellos con la misma fecha, el 24 de noviembre de 2009. En febrero de 2021, además, suscribieron un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, aprobado por el Congreso y el Senado en abril y mayo de 2022. En él, ambos Estados se obligan a cooperar en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, e incluso prevén el nombramiento de “agregados y oficiales de enlace” y de una comisión mixta para supervisar la cooperación. Según el convenio de extradición, cualquier controversia debe resolverse “por conducto diplomático”.
infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia por el retraso de las extradiciones de los dos capos de la operación Faukas, si Dubái las está bloqueando y qué medidas está adoptando para desatascarlas, pero no ha recibido respuesta alguna pese a los reiterados intentos de este periódico por obtenerla en las últimas semanas. infoLibre también ha preguntado a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en España por estos procedimientos, pero no ha contestado.
Si el ministro italiano de Justicia tuvo que ir a Dubái para traerse a Rafaelle Imperiale, la ministra holandesa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, viajó al emirato el pasado octubre. Allí firmó un MoU (Memorando de Entendimiento por sus siglas en inglés) para “profundizar” en la cooperación policial, según informó entonces el propio departamento. Pero ya antes, en agosto, habían entrado en vigor dos acuerdos bilaterales entre ambos países, uno sobre extradición y otro sobre asistencia jurídica. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, también visitó los Emiratos en las mismas fechas. Según un comunicado de la Embajada de Francia en el país del Golfo, además de debatir sobre la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, Darmanin impuso al ministro del Interior dubaití la insignia de comandante de la Legión de Honor.
Ambas visitas formaron parte de la reunion ministerial anual de la Alianza Internacional para la Seguridad –integrada por ministros del Interior de 11 países–, que se celebró esos días en el emirato vecino de Abu Dabi. Tanto el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, como el italiano, Matteo Pentedosi, participaron mediante videoconferencia.
La fiscal jefa antidroga española, Rosa Ana Morán, asegura que Francia está estudiando nombrar un magistrado de enlace con Dubái para acelerar el regreso de los narcos capturados por Europol. Pero subraya que el problema con Dubái no tiene una solución política bilateral, sino que debe ser la Comisión Europea la que negocie con Emiratos, y otros países árabes, cómo mejorar los mecanismos de intercambio de información y extradición. “No se trata de negociar uno por uno”, protesta, “sino de establecer un sistema menos burocrático y que estos procesos no se eternicen”.
Dubái, sin ajustes de cuentas y sin impuestos
La operación Faukas es un buen ejemplo del papel que desempeña España en el narcotráfico mundial. También de cómo operan las organizaciones criminales del siglo XXI. “Geoestratégicamente, somos importantes”, aclara el comandante de la UCO Fran Torres, “España es el país que más cerca está de los productores, de Marruecos para cánnabis, de Sudamérica para la cocaína. Somos el puerto de entrada en Europa. Pero si hiciéramos una lista de los 50 mayores capos del mundo, sólo habría cinco o seis españoles. De los que están más arriba, quizá sólo El Tigre”.
“Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, ésos están en las grandes organizaciones, el cártel de los Balcanes, la Mocro Mafia [marroquíes europeos de segunda generación como Taghi asentados en Bélgica y Países Bajos], los italianos de la Camorra y la ‘Ndrangheta, los colombianos y los mexicanos”, añade el comandante. “Y eso es positivo”, aclara enseguida, “porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: aquí es muy difícil que un capo prospere; tarde o temprano, se le va a descabezar”.
Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, tiene 3,5 millones de habitantes, una renta per cápita de 50.428 euros –la española es de 28.280 euros– y una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No se pagan impuestos. Aunque no figura en la lista de paraísos fiscales española ni en la europea, la UE lo mantiene “bajo vigilancia” y es uno de los 10 mayores centros offshore y el octavo país del mundo en secretismo financiero, según Tax Justice Network.
Es pues un buen sitio para evitar los ajustes de cuentas y, al mismo tiempo, disfrutar de los millonarios beneficios del narconegocio sin llamar la atención en un entorno donde es normal la ostentación y el lujo. Muchos de los capos que salieron de la Costa del Sol huyendo del cada vez mayor ruido generado en torno a ellos, se desplazaron a Dubái. Con la mayor colaboración policial del emirato y tras el golpe al supercártel, los narcoseñores se están desplazando a Turquía, avanza el comandante Fran Torres. Otros prefieren Tánger, según la policía holandesa.
Hace sólo unos días, la policía turca detuvo en Estambul a uno de los mayores capos del mundo, Dritan Rexhepi, líder de un cártel internacional llamado Kompania Bello, a su vez uno de los grupos más poderosos del cártel de los Balcanes. Con ramificaciones en Ecuador, el norte de Europa, Italia y Dubái, Kompania Bello suministraba cocaína colombiana a organizaciones italianas como la Camorra y disponía de vías de entrada segura en los puertos de Róterdam y Amberes, y algunos del Mediterráneo.
Dependiendo de cómo acaben las extradiciones de los seis supercapos de Desert Light, se verá si, como proclamaba Europol, Dubái ha dejado de ser el santuario de los grandes narcos europeos o, por el contrario, continúa acogiendo sin mayor escándalo a estos delicuentes internacionales y sus cuantiosos patrimonios.
Exclusiva #NarcoFiles: el narco global convierte a España en centro de negocios y paraíso del blanqueo
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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.
A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.
