Por qué la vivienda no saca a la gente (joven) a las calles cuando es uno de los principales problemas
La vivienda es la posesión más importante de las familias. Representaba a finales de 2022 el 52,9% del valor de los activos reales para el conjunto de hogares, según el Banco de España, la misma entidad que ha estimado que la economía española sufre un déficit de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. Y es que es también un elemento cada vez más inalcanzable para muchos.
La última Encuesta Financiera a las Familias (EFF) de la entidad reguladora ha desvelado que las generaciones nacidas a partir de 1980 muestran “un progresivo retraso en su edad de emancipación” y que el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años permanecía en el hogar familiar en 2022, lo que supone 13 puntos porcentuales más que en 2008. Junto a ello, sólo un 30% de los hogares con su cabeza de familia menor de 35 años es propietario de una casa, mientras en 2011 era el 70%, según el sondeo del Banco de España. Unos datos que confirman lo ya expuesto desde el Consejo de la Juventud, que había situado en los 30,3 años la edad media en la que los jóvenes lograron en 2022 irse de casa de sus padres. Es decir, según lo fijado por Eurostat, los integrantes de este colectivo como tal no se emancipan.
Los precios de la vivienda alquilada subieron un 2,7% en 2022. Esta tasa, más de un punto superior a la de 2021, es la segunda más alta desde el inicio de la serie, en 2012, esta vez según el Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las rentas aumentaron en todas las comunidades autónomas.
Más recientemente y de acuerdo a otro estudio, en este caso del portal inmobiliario Idealista, el porcentaje de los ingresos que los hogares necesitan para comprar una vivienda se han agrandado hasta el 22,6% en el primer trimestre de este año, lo que significa un 2,9% más frente al mismo periodo de 2023, y hasta el 34,5%, si se accedió a un inmueble en alquiler, un 4,4% más, respecto al ejercicio anterior. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha advertido de que, "lamentablemente”, el final de “esta escalada” no parece estar cerca y la crecida es generalizada en todo el territorio español. Si bien, por provincias, Málaga es la que ha exigido un mayor esfuerzo para alquilar, ya que se ha requerido en ese territorio andaluz el 52% de los ingresos familiares, por delante de Baleares (46%), Barcelona (40%), Las Palmas (36%), Madrid (35%) y Alicante, Valencia, Guipúzcoa y Santa Cruz de Tenerife (34% en las cuatro).
Fuentes del Consejo Confederal de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) avisan de que la Ley de Vivienda en vigor “no es suficiente” para garantizar el derecho a “un techo digno para toda la ciudadanía”, dado que su aplicación “está condicionada” por las regiones, que tienen transferidas las competencias. Y añaden otro dato: a la luz de estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo, “existe un parque público de 290.000 viviendas sociales, que apenas ofrece cobertura a un 1,6 % de los 18,6 millones de hogares que habitan en el país”, lamentan.
Si la sucesión de cifras e indicadores es de la naturaleza detallada, ¿cómo es que no hay una reacción, por qué no hay grandes movilizaciones sociales?
Causas organizativas y demográficas
Para Ivan Auciello-Estévez, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université, afiliado en Future Policy Lab y experto en la materia, las razones son principalmente dos: ”Considero que hay una organizativa y de fuerza legal, y otra demográfica”. Lo argumenta: “La primera pasa por que se reconozca y se garantice el sindicalismo inquilino. En países como Suecia o EEUU estos sindicatos en el pasado, en el siglo XX, jugaron un papel muy importante en la defensa de los inquilinos, así como en las negociaciones colectivas para la fijación de precios, el control de alquileres o en la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas. En otros estados también han actuado en la figura de asociaciones de vivienda, las cuales promovieron grandes movilizaciones y consiguieron que se legislara, como la conocida ‘Ley de la Huelga de Alquiler’ de Nueva York”. Sin embargo, en el caso español, “desde lo público se ha promovido la propiedad. Con Franco se impulsó la política de vivienda bajo el lema 'Queremos un país de propietarios y no de proletarios', frase de José Luis Arrese, su ministro de Vivienda”, por lo que “el porcentaje de hogares que ha vivido de alquiler ha sido más bajo” y “los sindicatos de inquilinos han tardado mucho en desarrollarse”. De hecho, en Madrid y Barcelona “no nacieron hasta el 2017” y no “están reconocidos como organizaciones sindicales, por lo que carecen de la protección legal para actuar en negociaciones colectivas, así como en otras acciones de defensa” y esto "tiene impacto" en "las movilizaciones sindicales y ciudadanas por el derecho a la vivienda”, anota.
La segunda causa a la que aludía Auciello-Estévez, coautor del informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho, está ligada a que “la crisis de vivienda y habitabilidad no es para todos”. “El problema, aunque se llevaba fraguando un tiempo, ha llegado sobre todo en la última década. Las generaciones anteriores que se han podido beneficiar tanto de políticas de vivienda, de precios razonables y de condiciones hipotecarias favorables, han podido obtener una vivienda en propiedad", desarrolla. Y lo complementa: "Sin embargo, las generaciones actuales no han tenido ni la opción de verse beneficiadas de políticas públicas de vivienda y son, por tanto, los que están sufriendo esta crisis de habitabilidad”.
Incide en la idea de que, “mientras una generación tiene la necesidad de vivienda resuelta y cada vez son más los hogares que se benefician de ella" a través de rentas de alquiler, "las nuevas generaciones no tienen capacidad para afrontar ni los pagos de un alquiler, ni para poder hipotecarse". De aquí, que crea que "una movilización general y masiva es muy complicada. Porque para unos la vivienda no sólo no es un problema, si no que, cuanto más altos los precios mejor", desliza, en alusión a arrendadores y propietarios, "que ven cómo su riqueza inmobiliaria" se agranda.
El presidente de CEAV, Julio Molina, aporta otra causa: la atomización de entidades y asociaciones que han surgido al calor de distintos aspectos problemáticos vinculados a la vivienda y que operan “cada una por su cuenta”. Se refiere a los múltiples sindicatos de inquilinos que se reparten por el territorio nacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma por una vivienda digna... Para remediarlo trabajan internamente y de cara al exterior. En relación a su organización, "las 16 federaciones de las 16 grandes ciudades de España" se reunieron recientemente en Barcelona y plasmaron "en una declaración" las propuestas que entienden "son necesarias para abordar el tema de la vivienda desde diferentes puntos de vista". Han creado "una comisión específica" y "un grupo de trabajo". Pero conscientes de que solos no pueden, por "muchas ganas" que tengan, trabajan hacia fuera para "buscar complicidades". "Los sindicatos de inquilinas, CCOO, UGT, los grupos parlamentarios que quieran… Tenemos que ir todos a una. Se trata de hacer entender que el asunto de la vivienda es importantísimo y está afectando a la economía de las familias, a las vulnerables y a las menos vulnerables. Debe ser un problema prioritario de país", resume Molina.
"Necesitamos -enlaza- una política de alianzas con otras entidades en torno a que no podemos estar a la cola de Europa en vivienda pública, a que el alquiler turístico esté echando de las casas a los vecinos, o a que haya trabajadores en Mallorca que tengan que dormir en furgonetas porque no hay pisos de alquiler... Hay que sumar desde abajo hacia arriba y con diálogo", recalca.
De su lado, el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Víctor Palomo, quiere dejar claro que sí están en "permanente movilización", aunque esto no se traduzca "en algo tan visual" como pudiera ser una manifestación multitudinaria. Aclara que la actividad de su organización, que ya supera el millar de afiliados, "se da más en la confrontación directa con los grandes propietarios, con los fondos buitre...". Comparte con Auciello-Estévez que la preocupación por la vivienda "no afecta a todos por igual" y, en lo que atañe a su sindicato, "casi siempre requiere actuar de forma urgente en la negociación o en la organización de los vecinos" afectados, que ven arrollados su derecho a ese bien.
Ofensiva vecinal de cara a las elecciones
En el grupo de los que no se resignan, hay quienes siguen promoviendo iniciativas. De cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio (9J), desde la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico creada en Madrid, por ejemplo, se ha impulsado una batería de acciones en varios planos de actuación. Para empezar, este sábado 18 de mayo, a las 11:30 horas, llevarán a cabo “una pegada masiva de carteles en cuatro puntos de la capital” del Distrito Centro e instalarán una “mesa informativa” para “denunciar la turistificación de los barrios y las consecuencias que está produciendo la presencia masiva de pisos turísticos en las ciudades”, avanza a infoLibre el coordinador de la Oficina, Víctor Rey. A lo largo de la siguiente semana “habrá una asamblea vecinal en Vallecas” y las pegadas de carteles se repetirán en otras áreas como el barrio de Malasaña o de la Latina hasta el 9J.
En la esfera "institucional", han solicitado “reuniones con los partidos Más Madrid, PSOE y PP” para trasladarles sus “puntos de vista”, así como con “la Delegación del Gobierno en Madrid”. “Entendemos –explica Rey– que tiene responsabilidades a la hora de controlar quién entra y quién sale de las viviendas turísticas, el flujo de hospedaje que existe y qué nombres y apellidos tienen esas personas, por la ley de seguridad ciudadana y por la obligación que tienen todas las empresas dedicadas al alojamiento de traspasar los datos a la unidad de hospedaje de la Policía Nacional”. “Algo que no se está haciendo, con lo cual hay una brecha de seguridad ahí y ocurre lo que ocurre en algunas ocasiones”, lanza. En esa órbita preparan igualmente “una asamblea vecinal que se hará en Lavapiés –otra barriada de la capital madrileña–"a la que "invitarán a los partidos a debatir sus políticas en relación con la turistificación de las ciudades, la presencia de viviendas de uso turístico, el encarecimiento de los precios o cómo van a actuar en el marco del Parlamento europeo”, señala. Pretenden que las formaciones “se retraten” en lo relativo a la vivienda.
Más allá de Madrid, de la mano de la CEAV, se pedirán “reuniones con el Gobierno" con un objetivo: "Que se hagan modificaciones de la Ley de Vivienda, en la de la propiedad horizontal y en consumo, donde creemos que hay una rendija por donde se pueden implementar medidas”. ¿Cuáles? “Si se quiere poner una reclamación en una vivienda turística, no hay hojas para hacerlo, o qué pasa cuando te han prometido que te van a dar una vivienda con jacuzzi y vistas al mar Atlántico y no tiene bañera y está situada justo al lado del Manzanares. ¿Cómo reclamas? ¿Quién te compensa? Ahí hay un camino interesante a explorar”, sostiene Rey.
Por último, recurrirán a la vía judicial. Llevarán a la Fiscalía “las declaraciones de responsabilidad falsas”. “En Madrid, para registrar una vivienda turística firmas una declaración responsable diciendo que cumples la normativa. La Comunidad no lo comprueba o, si lo hace, tarda cuatro o cinco años en pedir la documentación, y mientras están operando. Son declaraciones a menudo falsas y pensamos que la Fiscalía tiene que actuar de forma generalizada con este tema”, proclama el portavoz de la Oficina vecinal. Y hay más. Han seleccionado “once casos muy llamativos en los que el ayuntamiento y la comunidad" les han "echado para atrás denuncias", se "han inhibido, o no han hecho nada”, por lo que van a “pedir responsabilidades en los juzgados. El equipo de abogados está preparando el armazón jurídico”, adelanta.
En España hay 351.389 viviendas turísticas, con una capacidad de 1.751.263 plazas, atendiendo a la actualización más reciente de esta información por parte del INE.
Auguran que la reacción social en Madrid “no será tan importante como en Canarias”, donde las movilizaciones contra el turismo salvaje han supuesto un punto de inflexión, a su juicio, pero "sí será positiva". “Observamos que hay una cierta concienciación y sensibilidad de la gente con respecto al fenómeno de la turistificación y de cómo está afectando a muchos niveles como la cesta de la compra, la falta de comercios, de servicios, de limpieza… Hemos detectado que hay un posicionamiento social mucho más crítico con la situación que antes”, cierra Rey, esperanzado.
