9J | ELECCIONES EUROPEAS
Retomar el debate sobre el consentimiento y blindar el aborto, el 9J también va de derechos feministas
Las mujeres se erigen, una vez más, como el gran parapeto para contener el avance de la extrema derecha el próximo 9J. Igual que ha sucedido en otros procesos electorales a lo largo y ancho del globo, todos los pronósticos deslizan que serán ellas quienes, por encima de sus compañeros varones, se decanten por fuerzas progresistas. No es extraño: los derechos de millones de mujeres están en juego este domingo.
Avanzar en la lucha contra la violencia
Lo primero que recalcan las voces consultadas es el necesario reconocimiento de los logros cosechados durante la legislatura que se cierra. En parte, porque sólo teniendo conocimiento de los avances es posible saber también qué es lo que se puede perder. Entre las victorias –siempre mejorables– anotadas hasta hoy, se encuentran la aprobación de varias directivas clave. Entre ellas, la primera directiva contra la violencia machista y otra contra la trata que incluye la gestación subrogada bajo coacción. También han salido adelante medidas para la igualdad retributiva y por primera vez la violencia contra las mujeres ha entrado de lleno en la agenda. Con todos los matices que entraña su figura, lo cierto es que Ursula Von der Leyen ha sido la primera presidenta de la Comisión Europea en mencionar la violencia de género como parte de su discurso sobre el estado de la Unión. Hasta entonces, el gesto era impensable.
Así lo relata Irene Rosales, coordinadora del Lobby Europeo de Mujeres, quien recuerda con nitidez las primeras veces que el problema de la violencia machista se puso sobre la mesa. La reacción de los líderes políticos era de total desconcierto, recuerda la activista al otro lado del teléfono. Con suerte alguien contaba con nociones básicas, pero la tónica general era más bien la violencia como algo anecdótico: una historia puntual, algo que habían leído en prensa, la vivencia de alguna compañera que había denunciado acoso. Pero nunca como un problema estructural, hasta ahora.
Hoy los avances son palpables, pero no todo está hecho: las tareas por delante son muchas e incluso lo conseguido tiene un amplio margen de mejora. Por ejemplo, la directiva contra la violencia machista salió adelante sin incorporar el delito de violación basado en el consentimiento. La falta de consenso, en este caso, vino además por la oposición de países como Francia y Alemania. Ahí el primer reto: ¿será Europa capaz de construir un acuerdo en torno al consentimiento para los delitos de violencia sexual? María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada en el grupo The Left y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM), recuerda que la directiva entrará en vigor en breve, por lo que es necesario incrementar la vigilancia para garantizar su correcta implantación, además de "incorporar a medio plazo el tipo penal pendiente, el de violación, cuando hay ausencia de consentimiento".
Esta legislatura, además, el Convenio de Estambul –el tratado más importante en materia de violencia contra las mujeres– ha sido ratificado por la Unión Europea, pero "todavía hay cinco países que no lo han hecho", apunta la eurodiputada. Se trata de Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania y Eslovaquia. La consecuencia es que "no todas las mujeres europeas están protegidas frente a todas las violencias machistas".
El aborto como un derecho fundamental
Las voces feministas advierten –así lo han hecho siempre– que un avance de la extrema derecha repercute directamente en los derechos de las mujeres. Y si algo está en el punto de mira, ese algo son siempre los derechos sexuales y reproductivos. "Falta algo muy importante: la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos a los tratados y la reforma de la Carta de Derechos Fundamentales para incorporar el derecho al aborto como derecho autónomo, independientemente del derecho a la salud", asiente Palop.
Así lo ratifica también Rosales. "Se ha pedido que el derecho al aborto libre, seguro y gratuito –en general, aclara, todos los derechos sexuales y reproductivos– se integren en la Carta de los Derechos Fundamentales", expone la lobista, quien reconoce la dificultad del proceso, al requerir la unanimidad de los estados miembro. "Creemos que va a ser una de las cuestiones" que sobrevuelen alrededor del Parlamento y la Comisión, incide, porque los eurodiputados ya se han pronunciado al respecto. Lo recuerda Palop: "El Parlamento se ha posicionado sobre el asunto en varias ocasiones y ya ha habido una resolución aprobada en pleno donde se plantea esta propuesta".
La eurodiputada coincide en que se trata de algo "profundamente complicado" debido a la aritmética parlamentaria, en un escenario en el que el juego de las mayorías no parece especialmente halagüeño para las mujeres. "Requiere de unas mayorías que ya no teníamos y que es difícil que lleguemos a tener en la próxima legislatura", además de un "compromiso por parte de los gobiernos de la Unión Europea que dudo mucho que se dé".
En la trinchera no están solo las eurodiputadas feministas y el lobby de mujeres, sino que en los últimos meses se suma a la batalla el movimiento social Mi voz, mi decisión, quienes apuestan por blindar el aborto en todos los países de la Unión Europea a través la iniciativa ciudadana europea, una herramienta que permite sugerir políticas públicas a la Comisión Europea. La idea pasa por hacer uso de la libre circulación para que quienes no tengan la opción de interrumpir voluntariamente el embarazo en sus países de residencia, puedan hacerlo en otros donde su derecho sí esté garantizado. "El aborto es uno de los temas más conflictivos que hemos tenido en el Parlamento Europeo", decía en entrevista con este diario la eurodiputada Ana Miranda.
La ultraderecha antifeminista
El avance de la extrema derecha supone un riesgo en dos sentidos: incrementa la dificultad para conseguir los objetivos pendientes, al tiempo que allana el terreno para revertir lo conseguido. "Es la primera vez que existe una comisaria de igualdad. Eso también está en juego, porque no está escrito en ningún sitio", desliza Rosales. Pero no sólo: hay que renovar la Estrategia de igualdad, cuyo plazo vence en 2025 y también aprobar un nuevo Presupuesto en 2027. Su renovación, augura la feminista, va a generar "discusiones feroces".
Existe un Programa específico de igualdad, ciudadanía y derechos que es clave porque concede ayudas a las organizaciones de mujeres en aquellos países donde los gobiernos desoyen las demandas feministas, como el caso de Hungría. "Las organizaciones dependen de este tipo de fondos para su existencia y para que la sociedad civil siga funcionando", así que tiene un enorme "impacto en cuestiones de base", advierte Rosales.
Palop va un paso más allá: "Todo puede estar en peligro, excepto lo que se ha consolidado en forma de directiva o reglamento", al tratarse de instrumentos muy difíciles de modificar y revocar. Donde sí puede tener impacto la ultraderecha, analiza la parlamentaria, es en la Estrategia europea de cuidados, pendiente de desarrollo. "Puede quedar prácticamente desmantelada o simplemente no desarrollar ninguno de sus aspecto", augura.
Las voces consultadas hablan también de las medidas relativas a la mujer en el ámbito laboral y citan las cuotas en los consejos de administración, políticas de discriminación positiva que "desde luego ni la extrema derecha ni la derecha neolibral ven". "Con las empresas todavía hay muchísimo trabajo que hacer, porque no se asume que la defensa de los derechos de las mujeres tenga que ver con el sector privado", lamenta Palop.
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Pero no se trata sólo de las políticas centradas específicamente en los derechos de las mujeres, sino de conservar una necesaria perspectiva de género en todas las acciones que lleguen de Europa. "Si no hay lucha contra el cambio climático, quienes más van a sufrir serán las mujeres, porque son las principales víctimas" de la crisis climática, reseña Palop. Algo parecido sucede con la "militarización del continente" y en la guerra como "máxima expresión del patriarcado", completa Rosales. La Unión Europea tiene "la obligación de conseguir una mejora en términos de igualdad en todas sus actuaciones y eso requiere una perspectiva transversal, pero estamos muy lejos de llegar ahí", añade la activista.
Las instituciones europeas sirven además de parapeto para contener las posiciones reaccionarias de algunos estados. Polonia, por ejemplo, planteó la construcción de "zonas libres de ideología LGTBI" y el Parlamento Europeo respondió declarándose como espacio seguro para las personas del colectivo. Pero si la extrema derecha permea también en la Unión Europea, la resistencia será prácticamente residual.
Según el índice europeo de igualdad, son necesarias seis décadas para alcanzar la paridad real en el continente. "Si las políticas europeas dan pasos atrás, cada vez se sumarán más años a esa cifra", concluye Irene Rosales.
