Las otras Juana Rivas: 224 víctimas en riesgo tienen hijos en situación de vulnerabilidad

El hijo menor de Juana Rivas ha sido escuchado por primera vez en sede judicial. Y la jueza ha sido tajante: su integridad está en riesgo. Así que el menor no volverá, al menos por el momento, a Cagliari (Italia) junto a su padre, Francesco Arcuri, investigado por malos tratos. El niño, apunto de cumplir los once años, se encuentra actualmente con su madre. Rivas figura en el sistema de seguimiento VioGén como víctima en riesgo alto, una evaluación en la que también hay espacio para su hijo: "Los menores de edad a cargo de la víctima pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad", reza el informe. No es un caso aislado: en España existen actualmente 224 mujeres en riesgo alto o extremo que tienen a su cargo menores en una situación vulnerable.

¿Y qué significa esto exactamente? Se trata de aquellos casos en los que, tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima y existiendo menores a su cargo, se detecta "una especial combinación de indicadores que apuntan a que estos menores pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad". Los indicadores son dos: la existencia de amenazas a la integridad física del menor y el temor de la madre respecto a la seguridad de su hijo. En el caso de Juana Rivas, ambos están marcados positivamente en el informe.

Es lo que determinó la policía el pasado 24 de diciembre, cuando elevó el riesgo de medio a alto, según ha podido comprobar infoLibre examinando la evaluación resultante. Lo hizo después de que su exmarido se desplazara de forma inesperada a suelo español y le enviara mensajes a la madre de sus hijos de manera unilateral y continuada.

Convivir con la amenaza

Juana Rivas pone nombre a muchas otras mujeres que forman parte de la estadística. Según las entrañas de VioGén, el sistema de seguimiento para casos de violencia machista, a 30 de noviembre de 2024 –último con cifras completas– existen un total de 936 mujeres en seguimiento por estar en riesgo alto y 16 en riesgo extremo. Son los niveles más graves, en los que la vida de la víctima corre peligro. En riesgo medio se encuentran, actualmente, 13.947 mujeres. Y en riesgo bajo 43.948. Finalmente, un total de 42.246 están insertas en el sistema, pero sin riesgo apreciado.

En cuanto a las madres, la herramienta de seguimiento y protección las tiene especialmente en cuenta, a través de dos clasificaciones. En primer lugar, los ya descritos casos con menores en situación de especial vulnerabilidad. En otro nivel se encuentran los casos con menores en situación de riesgo. A diferencia de los anteriores, esta vez se detecta una "especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo". En España existen 2.144 mujeres que temen por la vida de sus hijos: cinco en riesgo extremo, 166 alto y 1.973 medio.

Juana Rivas, según el informe policial, es también lo que el sistema VioGén conoce como un caso de especial relevancia. Se trata de aquellas situaciones en las que existen circunstancias que "aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal". Son 11.836 las víctimas que conviven, hoy día, con esta situación: 16 en riesgo extremo, 871 alto y 10.949 medio.

Suspensión de custodias

Este martes, la justicia española decidió de forma provisional que el hijo menor de Juana Rivas no tendría que regresar con su padre a Italia. La Fiscalía de Granada había llamado horas antes a la toma de medidas inmediatas y deslizó incluso la posibilidad de retirar la custodia al padre, en caso de que fuera necesario.

Sin embargo, no es esta una medida especialmente popular en los casos de violencia machista: en 2023, la suspensión de custodias supuso solamente el 7,8% del total de las medidas civiles acordadas por los juzgados. Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el organismo, la suspensión del régimen de visitas supuso el 12,75% del total de medidas civiles adoptadas en 2023, último con datos completos. La suspensión de la patria potestad supuso un 1,3% y las medidas de protección del menor para evitar un peligro se quedaron en un anecdótico 0,59% del total.

En cuanto al año pasado, la suspensión de custodias comprendió un 7,69% de las medidas adoptadas en el primer trimestre de 2024, un 7,96% en el segundo y un 8,5% en el tercero.

"No creemos a los niños"

El hijo de Juana Rivas declaró en dependencias policiales la noche del martes. Era la primera vez que la justicia le escuchaba de manera activa. La jueza de guardia calificó de "serio y convincente" su relato y avaló que el pequeño verbaliza sentir "peligro extremo" ante una eventual vuelta con su padre. 

"Desgraciadamente, es muy habitual que no se escuche a los niños y niñas en los juzgados ni en las decisiones que les incumben", lamenta Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia. La dinámica habitual en los tribunales tiende a dejar fuera a los menores, lamenta, a pesar de que la ley exige que sean escuchados en base a su interés superior y siempre que las decisiones que se tomen tengan impacto sobre ellos. 

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Además, recalca, no existe ningún límite de edad para escuchar a un menor: "Muchos jueces se niegan a escucharles parapetándose en su edad, pero la ley dice que independientemente de la edad los niños tienen que ser escuchados". Y ello no implica un interrogatorio en el sentido literal, sino un trabajo para detectar "sus necesidades y atender a su relato, a través de la escucha activa de su palabra o por otros medios".

Si bien es verdad que las organizaciones especializadas han constatado "un avance a lo largo de los años" a la hora de "considerar que a los niños hay que escucharles", lo cierto es que todavía existen defectos en la frecuencia y en el fondo, abunda Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children. "El derecho del niño a ser escuchado implica que se tienen que establecer los mecanismos adecuados", subraya la experta, además de que su declaración quede recogida por escrito y la decisión final esté debidamente motivada. "Por ahí van los procedimientos, hay que poner los medios para que sea eficaz".

Pero lo cierto, critican las voces expertas, es que sobre los niños tiende a sobrevolar siempre la sombra de la duda. "No les creemos", asiente Perazzo, y de hecho "hace apenas treinta años que se les considera sujetos de derecho". Coincide Assiego: "Hay una duda sobre la credibilidad de su relato". El motivo, afina, tiene que ver con los "sesgos adultocentristas a la hora de escuchar e interpretar" lo que ellos expresan, dejando a un lado la "perspectiva en derechos de la infancia".