Igualdad para las empleadas del hogar, una ley de trata que no llega y otros retos feministas del curso político
Con el recién estrenado mes de septiembre, el nuevo curso político da comienzo y en el horizonte se dibujan algunos viejos retos a los que dar respuesta. El Gobierno tiene marcados en su agenda los principales compromisos feministas que aspira llevar a término antes del fin de la presente legislatura. En su lista de conquistas, algunos éxitos como la esperada ley del solo sí es sí. Y algunas promesas que aguardan su turno.
La nueva ley del aborto, un paso más cerca
Los derechos reproductivos avanzan en España. Este martes, la reforma de la ley del aborto ha superado su segunda vuelta en el Consejo de Ministros y el texto está ahora en manos de los grupos parlamentarios. Las Cortes serán las responsables de dar el aval a la reforma e introducir, si así lo deciden, las modificaciones que consideren pertinentes.
Es esta una de las grandes promesas del Gobierno, inicialmente con un objetivo claro: revertir la ofensiva conservadora emprendida por el exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón que introdujo trabas para que las mujeres de dieciséis y diecisiete años ejercieran su derecho al aborto de forma autónoma. Es tal vez uno de los proyectos con más carga simbólica, junto a la ley del solo sí es sí, porque bebe directamente del clamor del movimiento feminista. Fueron las feministas quienes, con su pulsión en las calles, exigieron y lograron la dimisión del exministro conservador y fue el derecho al aborto el motor que impulsó una de las primeras movilizaciones masivas del feminismo, el Tren de la libertad. La reforma incluye un amplio abanico de medidas, aunque se vertebra sobre la urgencia de blindar el aborto en la red pública.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aguarda que la reforma quede cerrada antes de que finalice el año. En el seno del Gobierno, la negociación dejó al texto huérfano de algunas reivindicaciones, como la de mencionar de forma explícita la violencia obstétrica, incluir el IVA reducido para los productos de cuidado menstrual y perseguir penalmente a las parejas que se desplazan al extranjero para acceder a los llamados vientres de alquiler, una práctica que la futura ley tilde de violencia contra las mujeres. Las Cortes serán ahora las responsables de decidir la letra pequeña de la reforma.
El letargo de la ley contra la trata
El pasado año 2021 se cerraba con un anuncio: el Gobierno iniciaría en enero las negociaciones sobre una futura ley integral contra la trata. El diálogo entre socialistas y morados no parece estar libre de trabas, especialmente por una cuestión: la prostitución. Un asunto que entró de lleno en la ley del solo sí es sí, se materializó después en una proposición abolicionista registrada por el Grupo Socialista y queda ahora pendiente de encontrar su sitio en una futura ley contra la trata que, además de la explotación sexual, aspira a abordar otros abusos como la explotación laboral.
En enero, el Ministerio de Igualdad entregó una propuesta a sus homólogas de Justicia. En marzo, la cartera de Pilar Llop ordenó la creación de una comisión de expertos, encargada de trazar un informe con propuestas para dar forma al futuro texto. Según la orden, el plazo de entrega del análisis expiró el pasado mes de mayo. Fuentes del Ministerio de Justicia explican que la comisión pidió una prórroga para completar los análisis. A finales de junio llegó a su tope y desde entonces, sostienen las mismas voces, "no se ha parado de trabajar de manera intensiva". La previsión para porque este mes de septiembre la propuesta, que además incorpora ya las aportaciones de los colectivos, comience a ser estudiada por los ministerios a los que afecta de alguna manera.
Justicia rechaza hacer previsiones en cuanto a plazos, aunque sí garantiza que la ley estará lista esta legislatura.
Nuevos datos de feminicidios
En 2003, el Gobierno comenzó a construir una estadística para cuantificar las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una labor que venían realizando hasta el momento las organizaciones feministas. Desde aquel año hasta hoy, son un total de 1.158 mujeres las que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas varones. Pero las instituciones, los expertos y la sociedad en su conjunto saben que esa cifra representa solo a una pequeña parte del cómputo global de víctimas. A partir de septiembre, la estadística será más amplia, más precisa y pionera a nivel europeo.
A mediados de mes, según concretan fuentes del Ministerio de Igualdad, el departamento de Irene Montero ofrecerá los primeros datos al respecto. Las categorías de feminicidios serán cinco: íntimo, sexual, vicario, familiar y social. Mientras que la forma de proceder actual incorpora los crímenes machistas a la estadística una vez concluyen las labores de investigación que confirman un nuevo caso, los nuevos datos sobre feminicidios serán ofrecidos cada semestre. "No será día por día, ni mes por mes", al menos de momento, destacó antes de verano la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Pero la previsión es que el grueso de los asesinatos de mujeres queden integrados en la nueva estadística: "Ante el cadáver de una mujer, lo excepcional será que no entre en la estadística", pronosticó la delegada.
Derechos para las trabajadoras del hogar
Otro de los retos en materia de igualdad trasciende de la cartera dirigida por Irene Montero, pero tiene una carga de género incuestionable. Se trata de la equiparación de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas con aquellos de los que gozan el resto de trabajadores. La pelota está en el tejado del Ministerio de Trabajo. A principios de junio, el Congreso dio su visto bueno a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un mandato que exige derechos básicos para las empleadas del hogar.
En ese contexto, el Ministerio de Yolanda Díaz ultima un decreto ley que reformulará el trabajo doméstico y que recoge algunas de las principales demandas de las trabajadoras: desde el derecho a paro hasta el reconocimiento de las enfermedades profesionales.
Según apuntó este viernes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el decreto aterrizará el martes en el Consejo de Ministros. Las expectativas son altas: el texto tendrá en sus manos cambiar la vida de alrededor de 600.000 trabajadoras. "Privar a un colectivo de mujeres trabajadoras de los derechos que de manera ordinaria tienen el resto de trabajadores era absolutamente discriminatorio", ha reconocido el mismo viernes Yolanda Díaz.
A vueltas con la 'ley trans'
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Es otra de las leyes que el Ministerio de Igualdad ha promocionado con fervor y que, a su vez, ha levantado más dolores de cabeza en el seno del Ejecutivo. La Ley de Igualdad LGTBI, más conocida como ley trans, está actualmente en manos de los grupos parlamentarios y aspira a convertirse definitivamente en ley antes de que remate el año, en palabras de Irene Montero.
Los colectivos LGTBI consultados por infoLibre explican que a lo largo del mes de julio los grupos se han estado reuniendo con las principales organizaciones para trazar las enmiendas que se debatirán en las Cortes. Pero todavía sin nada concreto y a la espera de que se inicie el curso parlamentario. Está previsto que esta semana se retome la agenda de reuniones.
Las entidades que han estado presentes desde la génesis de los primeros borradores son optimistas: la mayoría de sus peticiones, afirman, serán asumidas por los principales grupos, especialmente aquellos que componen el espectro de izquierdas. La tramitación se desarrollará por la vía de urgencia bajo la atenta mirada del Ministerio de Igualdad, que estará presente en el proceso del mismo modo que ocurrió con la ley del solo sí es sí.
