Amnistía acusa a OHL de usar mano de obra esclava en Catar

Amnistía Internacional ha denunciado en un informe la "grave explotación" –que en los casos más serios, según la ONG, entraña "trabajos forzosos"– que sufren muchos inmigrantes que trabajan como empleados domésticos y de la construcción en Catar, con la mira puesta en la realización de las obras para las instalaciones del Mundial de fútbol de 2022, que se celebrará en este país.

En el documento, la ONG cifra en 220.000 millones de dólares el dinero que se invertirá en el sector de la construcción en Catar en la próxima década y en 1,38 millones de personas el número de extranjeros empleados en el país, un 94% del total de trabajadores. Alrededor de medio millón de personas son empleadas por empresas de este ramo, y buena parte de ellas son inmigrantes que sufren "serios abusos laborales" por parte de sus empresas, algunas de las cuales son subcontratadas por grandes multinacionales como Qatar Petroleum, Hyundai Engineering & Construction y la española OHL Construction, una división del grupo dirigdo por Juan Miguel Villar Mir.

En este sentido, la organización asegura haberse puesto en contacto "con varias grandes empresas para exponer los casos que había documentado. Muchas expresaron una honda preocupación por los resultados de la investigación de Amnistía Internacional y algunas afirmaron que habían llevado a cabo investigaciones. Una de ellas, la empresa española OHL Construction and Contract, manifestó que, como resultado, había mejorado su régimen de inspección".

Impagos o retirada del pasaporte, algunos de los abusos

"Es sencillamente inadmisible que en uno de los países más ricos del mundo muchos trabajadores inmigrantes sea brutalmente explotados, privados de sus salarios y abandonados mientras luchan por sobrevivir", ha asegurado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty. Porque estos son tan sólo algunos de los abusos que denuncia la organización en su informe: desde el retraso o el impago de los sueldos de los trabajadores hasta la retención de sus pasaportes –que entregan a la compañía que les contrata para que realice los trámites con las autoridades cataríes– para impedirles salir del país.

Además, la ONG denuncia la existencia de unas condiciones de trabajo paupérrimas por las que algunos empleados son obligados a trabajar "durante un excesivo número de horas y sin las protecciones adecuadas sobre salud y riesgos en los lugares de trabajo". "Numerosos trabajadores denunciaron condiciones precarias de salud y seguridad en el trabajo, y algunos dijeron incluso que no se les proporcionaban cascos en las obras", asegura Amnistía, que también revela que algunos trabajadores viven "hacinados en alojamientos precarios sin aire acondicionado, expuestos a aguas residuales desbordadas o a fosas sépticas al descubierto", e incluso en algunas ocasiones sin acceso a electricidad ni agua corriente.

Los trabajadores dependen totalmente de su patrón

En este sentido, Amnistía denuncia que en algunos casos las compañías contratantes ni siquiera gestionan los permisos de residencia de los trabajadores, "lo que deja indocumentados a los migrantes y expuestos a ser detenidos y deportados a sus países", además de impedirles "el acceso a atención médica". Carecer de este permiso –cuya consecución "corresponde a las empresas", según Amnistía– puede tener también consecuencias económicas para los trabajadores, ya pueden ser detenidos por encontrarse en Catar de manera ilegal y ser multados, unas sanciones que deben abonar antes de abandonar el país.

Además, los trabajadores tienen una total dependencia de su patrón durante su estancia en Catar, ya que no pueden cambiar de trabajo ni abandonar el país sin el permiso de su empleador, según denuncia la ONG. De hacerlo, serían considerados "fugitivos" y pueden ser detenidos y deportados. Pero las limitaciones no acaban ahí: los empleados tienen prohibido incluso organizarse para protestar, ya que las leyes del país no permiten a los trabajadores inmigrantes unirse a sindicatos o crearlos, algo que según Amnistía contraviene "las normas internacionales, que indican que la libre asociación y reunión es un derecho universal". Además, a diferencia de los trabajadores de la construcción, los empleados domésticos se encuentran excluidos de la Ley del Trabajo catarí, por lo que no pueden ni siquiera denunciar ante las autoridades del país los posibles abusos.

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La ONG asegura que "algunos trabajadores entrevistados vivían con miedo a perderlo todo, amenazados con la imposición de multas, la expulsión o la pérdida de ingresos si no se presentaban a trabajar aunque no se les pagase. Situaciones que en el derecho internacional constituyen trabajo forzoso. [...] Muchos trabajadores migrantes han sufrido graves trastornos psicológicos y algunos han estado incluso al borde del suicidio". Amnistía asegura haber sido testigo directo de algunas de estas prácticas abusivas: en este sentido, denuncia "cómo once hombres firmaban ante cargos del gobierno documentos en los que confirmaban falsamente haber recibido sus salarios para poder recuperar sus pasaportes y abandonar Catar".

“Tanto las empresas constructoras como las autoridades cataríes están incumpliendo sus obligaciones para con los trabajadores migrantes. En Catar, los empleadores han mostrado un lamentable desprecio por los derechos humanos básicos de los trabajadores migrantes. Muchos se aprovechan de un entorno permisivo y de una aplicación laxa de las salvaguardias laborales para explotar a los trabajadores de la construcción”, ha lamentado Shetty.

El secretario general de Amnistía, asimismo, ha instado a las empresas a ser "proactivas" y no limitarse a tomar medidas tan sólo cuando se denuncian las condiciones laborales de sus trabajadores. "Dar la espalda a cualquier tipo de explotación es imperdonable, sobre todo cuando dicha explotación arruina la vida y el sustento de las personas”, ha manifestado el secretario general.