Europa vota mayor control a la exportación de productos para torturar y aplicar la pena de muerte

El pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes el endurecimiento de las condiciones para que los países de la Unión Europea puedan exportar productos susceptibles de ser utilizados para torturar o para aplicar la pena de muerte. Los eurodiputados respaldaron, por un lado, que se apliquen medidas de control estrictas antes de exportar estos materiales, y por otro ampliar la lista de productos que la Comisión Europea considera que podrían ser utilizados para estos fines. Del mismo modo aprobaron introducir mecanismos más ágiles y eficaces para revisar dicha la lista.

Para reforzar las garantías establecieron una cláusula que permitirá detener en las aduanas a productos susceptibles de ser utilizados para la tortura o la pena de muerte aunque no estén incluidos en esa lista, con el objetivo de reaccionar rápidamente a la aparición de nuevos productos destinados a ello. No obstante, los medicamentos quedan excluidos de la cláusula.

La Eurocámara debe negociar ahora con los gobiernos europeos para tratar de llegar a un acuerdo final sobre la nueva legislación al respecto. El eurodiputado del PP y ponente del grupo popular europeo responsable de la nueva normativa, Santiago Fisas, confirmó el respaldo de su partido a estos cambios ya que "está rotundamente en contra de la pena de muerte y de cualquier tipo de tortura, y no queremos ser cómplices de estas prácticas". Este reglamento, aseguró, "es un instrumento que permite asegurar el respeto y la protección de la dignidad humana".

La portavoz del PSOE en la Comisión de Comercio Internacional, Inmaculada Rodríguez-Piñero, también defendió que con la propuesta votada "ningún nacional, ninguna empresa europea, ni sus filiales en el extranjero, podrán lucrarse con este comercio". La eurodiputada recordó el "gran paso" que se dio en la UE en 2005 con la aprobación del primer reglamento, pero consideró que este "quedó rápidamente obsoleto" por "el dinamismo del mercado y la sofisticación" de los nuevos instrumentos utilizados para torturar y aplicar la pena de muerte.

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"Por eso, en 2010, el Consejo, entonces presidido por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, instó a la Comisión a que realizara una reforma del Reglamento. Cinco años después tenemos el Reglamento que pedíamos", apostilló Rodríguez Piñero, y subrayó que el proyecto "ha sido mejorado" gracias a las "enmiendas consensuadas por los grupos y que han incorporado las propuestas socialistas".

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega celebraron que esta votación "es un paso necesario y significativo" para contribuir a "poner fin" al enriquecimiento de las compañías con estos equipos y tecnologías utilizadas para la tortura y aplicar la pena de muerte. "Sin embargo, sin un apoyo vital y acción por los estados miembro de la UE, las compañías seguirán pudiendo beneficiarse de la miseria humana", avisó en un comunicado la directora en funciones de Amnistía ante la UE, Iverna McGowan.

Ambos llevan denunciando desde 2007 las deficiencias del reglamento de 2005 y las omisiones en las dos listas de la UE de equipos prohibidos y sujetos a controles, que han permitido seguir comerciando con "instrumentos de tortura" aunque han valorado que la Eurocámara ha intentado "reforzar significativamente la propuestas de la Comisión" que presentó en enero de 2014 para reforzar la normativa.