El plan de Meloni de abrir dos centros para inmigrantes en Albania avanza entre alertas por su falta de garantías

En noviembre de 2023, cuando Italia había superado ya el mayor número de desembarcos desde hacía siete años, la primera ministra Giorgia Meloni anunció un acuerdo con Albania, país vecino y amigo, fuera de la Unión Europea, para la gestión migratoria. El titular del tratado, que dio la vuelta al mundo, hablaba de la creación de dos centros de migrantes bajo gestión y gasto del Gobierno italiano pero, por primera vez, en territorio exterior. 

Un territorio que sería cedido por Albania y que permitiría a los solicitantes de asilo rescatados en el Mediterráneo, tanto en aguas italianas como extranjeras, ser llevados directamente a este país. En aquel momento el proyecto generaba más dudas que certezas, pero hoy todo apunta a que ya esta misma primavera podrían estar funcionando. O, al menos, a medias. Costará a Italia 60 millones de euros al año, 750 millones por la duración, de cinco años, del contrato de colaboración. 

Acaba de ser ratificado por el Parlamento italiano y por el albanés, que ha superado también una consulta al Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso presentado por la oposición del primer ministro Edi Rama. El acuerdo nace entre grandes críticas de la oposición de ambos países y de las ONG, especialmente las que trabajan en salvamento en esa zona cero de entrada a Europa que es el Mediterráneo central. 

Una de las grandes cuestiones es saber si entra o no en contradicción con algunas de las propias leyes comunitarias e internacionales sobre la acogida de solicitantes de asilo o el salvamento marítimo. La decisión se enmarca en las diferentes políticas anti-inmigración defendidas por la líder de extrema derecha Giorgia Meloni, que, a pesar de que no ha conseguido sus objetivos electorales de puertos cerrados, ha dificultado el trabajo de las ONG, obligándolas en muchas ocasiones, tras sus actividades de salvamento, a desembarcar en el norte del país. También ha endurecido los procesos de acogida.

Exportar un modelo que no funciona en casa

El pacto, sobre el papel, implica la creación de dos centros en Albania, controlados en su interior por las fuerzas de seguridad italianas y, en su exterior, por las albanesas. En el puerto de Shëngjin, en el norte del país, cerca de la frontera con Montenegro, se encontrará una primera estructura destinada a la identificación y solicitud de asilo que, en principio, albergaría también una estructura de acogida. En una segunda, en Gjäder, más hacia el interior, y a unos 80 kilómetros de Tirana, la capital, se encontrará el centro de permanencia y repatriación, a donde se enviarán las personas que, tras el primer examen inicial, no cumplen aparentemente los requisitos para obtener una forma de asilo. 

El acuerdo se ha firmado de cara a los próximos cinco años, prorrogables, y dará espacio a unas 3.000 personas al mes, con el objetivo de que pasen por allí hasta 30.000 al año. Pero, para entender esos datos tenemos que fijarnos en cómo funcionan los centros de permanencia y repatriación en Italia. La gran pregunta: ¿Puede funcionar en territorio exterior algo que no funciona en casa?

Lo explica el profesor Fulvio Vassallo, abogado especializado en derecho de asilo. “En el informe que acompaña a la ley sobre el acuerdo que acaba de ser aprobada en el Parlamento italiano se estima que el 90% de las solicitudes de asilo presentadas en Albania serán rechazadas. Italia debería mandar de vuelta a casa miles de personas desde un país extranjero no comunitario cuando ya no es capaz de hacerlo en territorio nacional, donde las repatriaciones son muy poco efectivas a causa de la falta de acuerdos diplomáticos con muchos de los países de origen”, dice Vassallo. Italia cuenta con nueve centros de permanencia y repatriación que, en total, acumulan unas mil plazas. 

En septiembre de 2023 Giorgia Meloni anunció que construiría uno en cada región, pero no se ha sabido mucho más de sus intenciones. En 2022 el país emitió 28.000 órdenes de expulsión y consiguió únicamente repatriar a 3.000 personas. En el segundo trimestre del 2023 el dato era de 735 migrantes devueltos a sus países, según Eurostat. “No se sabe cómo conseguirá hacerlo desde Albania si no se consigue hacer en Italia”, dice Vassallo. 

Esto hace pensar al jurista que la mayor parte de estos migrantes terminarán finalmente en Italia en otro centro de repatriación, a pesar de que las plazas sean claramente muy pocas. Sería un camino de ida y vuelta. Un aspecto, el de la falta de acuerdos con los países de origen, que preocupa también al portavoz de Amnistía Internacional en Italia, Riccardo Noury, que alerta, además, sobre las condiciones “crueles” reveladas en numerosas ocasiones por diferentes organizaciones que se ocupan de los derechos humanos en estos centros de repatriación italianos. “Existe otro peligro si no se cumplen las repatriaciones y es que esos migrantes terminen en un limbo del que puedan aprovecharse las organizaciones que trafican con seres humanos”, añade Noury. 

Muchas lagunas

Pero, para llegar a ese paso, el de tocar tierra en Albania, tienen que ser rescatados por la marina militar o la Guardia Costera italiana en territorio nacional o internacional y luego tiene que producirse una selección. A estos centros fuera del territorio italiano no irán, en un principio, sujetos vulnerables como mujeres o niños. 

Para el responsable de rescates de Médicos Sin Fronteras, Juan Matías Gil, esta selección sobre quién es o no vulnerable genera muchos interrogantes. “Tenemos muchas dudas sobre cómo se realizará esa selección de edad y género, dos aspectos que no determinan la vulnerabilidad de un migrante. Ser un hombre adulto no te exime de las secuelas de violencias físicas o psicológicas vividas durante el trayecto”, dice Gil. Algo que el Tribunal Administrativo de Catania ya declaró ilegítimo cuando en noviembre del 2022 el Gobierno Meloni intentó hacer desembarcar de la nave Humanity 1 de la ONG SOS Humanity solo a las personas en condiciones frágiles. 

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A eso se le añade la división de algunas familias cuando viajan con parientes que no son de primer grado, como de un tío que viene con un menor, añade Juan Matías Gil. Las dudas sobre cómo será el traslado desde la nave de rescate, la selección de los migrantes y la llegada a puerto albanés son para las organizaciones humanitarias un motivo de gran preocupación. A eso hay que sumarle el tiempo que dura el viaje desde el sur de Italia al puerto de Shëngjin, unos dos días, que podrían representar un tratamiento inhumano y degradante, algo explícitamente prohibido por el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Dejaría, además, el Mediterráneo con menos naves de rescate. 

Existen grandes dudas a nivel jurídico sobre la viabilidad de estas medidas, a pesar de que la Comisión Europea haya expresado que no viola las leyes europeas porque está fuera de ellas. Riccardo Noury desde Amnesty Italia establece tres problemáticas claras: “La primera es que este tipo de asilo extraterritorial incumple la obligación de llevar a las personas rescatadas en el mar al puerto más cercano; el segundo aspecto es que este acuerdo establece una detención automática y se impide dejar estas estructuras durante 18 meses, el derecho internacional dice que la detención se usa en casos excepcionales, no como regla y, sobre todo, porque el hecho de solicitar asilo no es un delito. En tercer lugar, la poca transparencia: no está prevista la entrada de observadores internacionales, periodistas o parlamentarios”. 

El acuerdo recuerda al propuesto por el primer ministro Rishi Sunak en Reino Unido de llevar los migrantes a Ruanda, que ha tenido que superar diversas sentencias de tribunales británicos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo hace pensar que Italia puede encontrarse con problemas similares en los próximos meses, sobre todo porque, aunque la primavera se acerca, las lagunas en este acuerdo aún son demasiadas.