Věra Jourová, comisaria de Transparencia: "La Ley de Medios europea no puede dar vía libre a espiar a periodistas"

Věra Jourová tiene la misión de defender la independencia de los medios de comunicación. La comisaria europea de Valores y Transparencia creció bajo el régimen comunista de la República Checa y sabe de primera mano cómo es la vida sin una prensa libre. Investigate Europe se sentó con la política checa para hablar de sus planes para la histórica Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) y de las crecientes amenazas a las que se enfrentan los periodistas en toda Europa. infoLibre publica en exclusiva la entrevista en España.

Hasta hace poco tiempo la mayoría de los expertos y políticos europeos opinaban que la regulación de los medios de comunicación no es un asunto de la UE, sino de exclusiva competencia estatal. ¿Qué le hizo cambiar de opinión y proponer una ley de la UE para proteger la libertad de los medios?

Estábamos en una situación desesperada. No tenía ninguna respuesta para quienes me preguntaban qué iba a hacer con los medios de comunicación en Hungría. ¿Cómo protegerá allí a KlubRádió [emisora independiente que perdió su licencia de emisión a manos de las autoridades]? ¿Cómo protegería a TVN 24 en Polonia [las autoridades habían intentado forzar la venta de la cadena crítica]? ¿Qué hará con la Agencia Pública de Prensa Eslovena, que se vio obligada a organizar un crowdfunding porque el Gobierno dejó de financiarla por motivos políticos? Y después de todas mis respuestas diplomáticas explicando por qué no podía hacer nada, me sentía muy enfadada. Y me di cuenta de que en democracia esperamos mucho de los medios de comunicación, pero no les damos ninguna protección adicional en comparación con los zapateros. Así que anuncié en el Parlamento Europeo que íbamos a presentar una ley para hacer frente a esta situación.

¿Así que inició una especie de golpe legal?

No, sólo una iniciativa legislativa necesaria. Observe las tendencias autocráticas obvias. Yo viví bajo el comunismo, eso era poder incontrolado, poder incontestado y, poco a poco, poder imposible de cambiar. Esto no debe ocurrir en ninguno de los Estados miembros de la UE. Y aquí el papel de los medios de comunicación es claro, porque son los que tienen que mantener a los políticos bajo control. Cada vez escucho desde más medios quejarse de la autocensura, de que son vapuleados y atacados directamente por los políticos. Si queremos que los medios de comunicación desempeñen su importante papel en una democracia, simplemente tenemos que levantar una especie de red de seguridad europea.

Pero no existe una auténtica base jurídica para que las instituciones de la UE trabajen por la libertad de los medios. Así que usted alegó que se trataba también de una cuestión de mercado único. Los críticos lo califican de triquiñuela legal, por el que la Comisión de la UE se arroga nuevas competencias. ¿No tienen razón?

No. Yo misma estoy satisfecha de que muchos juristas, también del Consejo, confirmaran que tenemos razón al cimentar la ley sobre esa base jurídica.

Pero la ley tiene que sobrevivir en los tribunales. Cuando la libertad de los medios está amenazada, no se trata del funcionamiento del mercado, sino del poder político y del control democrático. Entonces, ¿no podría ser contraproducente la base jurídica elegida si los trabajadores de los medios afectados quieren defender sus derechos en los tribunales y los jueces concluyen que la legislación de la UE no tiene nada que ver con el mercado?

­Según los Tratados de la UE, los proveedores de servicios de medios de comunicación entran en el mercado único. Por lo tanto, tenemos esta posibilidad. Y es realmente la única opción para contar con una legislación fuerte. Las madres y los padres de los Tratados no tuvieron suficiente fantasía para imaginar hasta qué punto podrían ponerse en peligro los valores básicos y las salvaguardias de la democracia. Esa es la razón por la que no encuentro otra base jurídica. ¿Suena como una queja? Sí. Lo es.

Los críticos con su iniciativa sostienen que la ley propuesta es demasiado débil, un simple catálogo de cómo los gobiernos deben tratar a los medios de comunicación, sin establecer los instrumentos para obligar realmente a los Estados miembros a garantizar la libertad de esos medios. ¿Le falta a la ley esa capacidad?

No es débil. Cuando la ley entre en vigor será una base sólida para posibles disputas judiciales, para las que hasta ahora no se tiene absolutamente ningún cauce en muchos países.

En caso de que haya un periodista que reciba presiones de un gobierno a través de su editor o de las autoridades para que cambie o deje de hacer publicaciones críticas, ¿podrá llevar el caso al tribunal de un Estado miembro y quejarse de que esto viola la Ley Europea de Libertad de los Medios?

Sí, precisamente por estos posibles casos, insistimos en que debe ser una normativa directamente aplicable. Así el periodista puede confiar en la redacción correcta de la ley. El objetivo principal es proteger a los periodistas frente a la injerencia en su trabajo o el acoso por parte del propietario del medio o del Estado. Por eso tenemos el artículo 4 y el artículo 6.2, que establecen que los periodistas deben poder trabajar libremente sin injerencias injustificadas en la libertad editorial. Y, por supuesto, también está la posible presión de los propietarios sobre los redactores. Así que una vez que dispongamos de esta ley, los periodistas podréis defender mucho mejor vuestros derechos. La cuestión es que todos los medios de comunicación deberían adoptar las medidas adecuadas para evitar estas situaciones.

Si los trabajadores de los medios se lo toman en serio, podría iniciarse una oleada de demandas contra gobiernos y propietarios de medios que interfieran en la independencia editorial.

La idea de la ley es que los trabajadores de los medios estén libres de presiones políticas. No creo que sea mucho esperar en democracia. Si no hay presiones, no habrá motivos para interponer demandas. Todo el mundo puede defender su derecho y llevar las supuestas infracciones ante los tribunales nacionales. Y son los tribunales los que deciden.

Además, por si algunos gobiernos decidieran promulgar una legislación propia que afectara a la libertad y el pluralismo de los medios, la ley crea el denominado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un órgano independiente formado por reguladores nacionales de los medios y que emitirá dictámenes. Pueden ser un elemento importante en cualquier decisión sobre si un Estado miembro ha infringido la ley.

Debo subrayar que no queremos crear organismos que tengan un poder omnipotente sobre los medios. Se podría abusar de ellos fácilmente. Por eso establecemos en su lugar la red de organismos independientes, cuyos miembros envían representantes al nuevo Comité Europeo.

Entre ellos habrá representantes de autoridades que no son en absoluto independientes, como en Polonia, Hungría o también Grecia y Eslovenia.

Por supuesto, soy consciente de la preocupación que suscita la independencia de los reguladores de los medios en algunos Estados miembros. Por eso la ley obligará a que sean independientes. Lo bueno de este acuerdo es que, como la gente de todos los Estados miembros debatirá los mismos temas, los más débiles tenderán a crecer. Las buenas prácticas, la experiencia compartida, en algunos casos incluso la solidaridad y el esfuerzo colectivo, siempre lo consiguen. Creo que este Comité Europeo tendrá muchos valores añadidos. Hará un seguimiento de los casos en los que, por ejemplo, los periodistas se vean sometidos a presiones en contra de la ley u otras medidas que mermen la libertad de los medios. Los dictámenes del Comité Europeo no serán jurídicamente vinculantes. Pero sus opiniones profesionales fundamentadas respecto a determinadas situaciones en algunos países se debatirán a nivel europeo. Y no hay que olvidar el papel de la Comisión Europea. Somos los guardianes de la ley. En caso de que los Estados no cumplan la ley, podemos iniciar procedimientos de infracción, que de nuevo podrían llevar a que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En Hungría o Polonia ya casi se ha abolido la libertad de los medios. ¿Puede ser que para estos países la ley llegue demasiado tarde?

Creo que si el Comité Europeo establece una pérdida de la libertad de los medios en un país, ello le provocará una pérdida de reputación internacional, a la que son muy sensibles la mayoría de los gobiernos. Quizá Hungría sea un poco inmune ahora. Pero incluso para ellos, tarde o temprano, tendrá un impacto político. La parte más dura de la ley es la disposición del artículo 4, según la cual el Estado no debe interferir en las decisiones editoriales, porque podría desencadenar una reacción inmediata por parte de la Comisión cuando un Estado miembro no cumpla. Infracciones que podrían acarrear sanciones económicas muy graves por parte del Tribunal de Justicia de la UE.

En Italia, tanto el consejero delegado como el director general de la televisión pública son nombrados directamente por el gobierno. Y también el consejo de administración es nombrado por parlamentarios de los mismos partidos que gobiernan el país. Varios reporteros se han marchado recientemente tras el cambio de gobierno y ahora la mayoría de los programas de contenido político promocionan a la primera ministra, Giorgia Meloni. El artículo 5 de la propuesta legal exige que los proveedores de medios de comunicación de servicio público "proporcionen de manera imparcial una pluralidad de información y opinión a la audiencia". ¿Significa esto que el actual sistema italiano pasaría a ser ilegal?

Propuse la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación para abordar estas cuestiones y reforzar la independencia de los medios de servicio público. Ningún medio público debería convertirse en un aparato de propaganda de un partido. Sobre el sistema italiano como tal, las preocupaciones son claras. Pero cada caso tendrá que evaluarse en función del texto final de la ley. Por tanto, es demasiado pronto para realizar un análisis jurídico. En principio, si la propuesta actual se compara directamente con la ley italiana, significaría que existe un conflicto de normas. Sobre la base de la primacía de la legislación de la UE, la Comisión tendría derecho a iniciar un procedimiento de infracción.

¿Significa esto que cualquier parlamentario italiano podría acudir al tribunal responsable y alegar que, según la nueva ley europea, el sistema de su país ya no es legal y se debería obligar al parlamento a cambiarlo?

Así es como podría funcionar.

En Francia, el multimillonario Vincent Bolloré está amasando un imperio mediático cada vez mayor y sus directivos obligan a los redactores y reporteros de sus empresas mediáticas a apoyar una ideología racista y a la extrema derecha. ¿Ofrece la futura ley un instrumento para bloquear este tipo de abuso de poder por parte del propietario de un medio de comunicación?

En primer lugar, las autoridades francesas tendrán que evaluar el impacto de la concentración mediática sobre el pluralismo informativo y la independencia editorial. En segundo lugar, estará el dictamen del Comité Europeo. Y tenemos la conjunción con el artículo 6, porque no se debe permitir que un nuevo propietario interfiera de esta manera.

Lo que demuestra una vez más que la menguante libertad de los medios no es un problema exclusivo de Europa del Este.

Ah, sí, en las negociaciones escuché opiniones bastante arrogantes de que estamos impulsando esta ley para corregir las cosas en Europa central y oriental y dañar los sistemas que funcionan fantásticamente en Europa occidental. Estoy totalmente en desacuerdo. También hay problemas en Francia, en Italia y sólo Dios sabe lo que puede pasar en Alemania si el partido AfD [extrema derecha] llega al poder.

En Alemania se ha revelado recientemente que el director general de la editorial Axel Springer presionó a su principal tabloide para que apoyara la campaña electoral del Partido Liberal [FDP]. ¿Seguiría siendo esto legal con la nueva legislación?

Habría que ver caso por caso. Pero por supuesto, como principio, no queremos que los ricos compren medios de comunicación para influir en la política.

El principal instrumento podría ser el artículo 6 sobre la independencia editorial. Pero tanto el Consejo como el ponente principal del Parlamento Europeo quieren expresamente debilitarlo y conceder a los propietarios de los medios el derecho a definir autónomamente una línea editorial. El Centro Europeo para la Libertad de la Prensa y los Medios ha advertido que esto transformaría el propósito de dicho artículo justo en su contrario. ¿Está de acuerdo?

Es complejo. No estamos regulando los medios en sí, sino más bien el entorno en el que trabajan. El artículo 6 sobre la independencia editorial es el único que entra en ese campo. Fija el principio. Pero no estamos aquí para microgestionar cómo deben organizarse las redacciones. Y aquí viene mi llamamiento a los periodistas y a las organizaciones de defensa de las libertades civiles. Deben acelerar las actividades que conduzcan a medidas para proteger la independencia editorial.

Grecia también es un caso importante. La agencia nacional de noticias, que proporciona el 90% del contenido informativo de los medios, está directamente gobernada por el gabinete del primer ministro. Una periodista nos contó que ni siquiera se le permitía citar a jueces del Tribunal Supremo críticos con un proyecto de ley del gobierno. El artículo 5 establece que "los proveedores de medios de comunicación de servicio público proporcionarán de manera imparcial una pluralidad de informaciones y opiniones". ¿Convertiría en ilegal este tipo de control directo de un importante medio de comunicación estatal?

Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Grecia, y sí, el artículo 5 debería aplicarse aquí. Volveré a discutir con las autoridades griegas la situación de los medios de comunicación, porque tengo la promesa del primer ministro de que las cosas mejorarán, incluso antes de que se apruebe la Ley Europea de Libertad de los Medios.

El artículo 4 de su proyecto protege a los trabajadores de los medios de comunicación contra cualquier intento por parte de las autoridades estatales de interceptar sus comunicaciones o de obligarles a revelar sus fuentes. Pero el Consejo ha decidido aprobar una excepción general a dicha disposición por razones de "seguridad nacional". Todos los expertos en libertad de prensa afirman que, cuando la exención se convierta en ley, no reforzará la libertad de prensa, sino que la debilitará. ¿Está usted de acuerdo?

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Defenderé en las negociaciones con el Consejo y el Parlamento la propuesta original de la Comisión. Tenemos que evitar la trampa de dar una especie de cheque en blanco para la seguridad nacional, aunque sea una responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. No debe funcionar así. Hemos redactado la propuesta de forma muy equilibrada. Tenemos una rica jurisprudencia, según la cual estas técnicas intrusivas, como los programas espía, sólo pueden utilizarse en casos muy justificados, en la medida en que sean necesarias y de manera proporcionada. Ahora tenemos la posición del Consejo y tendremos la oportunidad de seguir debatiendo. Debe evitarse cualquier empeoramiento de la situación actual, sin la nueva ley. Siempre hay espacio para mejorar la redacción de la norma, pero no puede dar vía libre al espionaje.

¿Es ésta la línea roja para la Comisión? ¿Retiraría la ley si se traspasara?

Es una postura firme por parte de la Comisión. La Ley Europa de Libertad de los Medios de Comunicación está ahí para proteger a los periodistas. Tenemos que entablar las negociaciones con buena voluntad para llegar a una solución definitiva. Pero la buena voluntad se acaba cuando podemos empeorar la situación de los periodistas.