CONGO HOLD-UP: EL EXPOLIO DEL CONGO
Empresas chinas que controlan las minas de cobre y cobalto del Congo pagaron millones al clan de Kabila
Los auditores internos de la filial del Groupe BGFI Bank en la República Democrática del Congo se quedaron sin palabras. Un empresario chino acababa de salir de una de sus sucursales con 13.624 billetes de 100 dólares, 10.001 de 50 y casi 43.000 billetes más pequeños, a pesar de las instrucciones explícitas que le prohibían hacerlo.
“La cuenta está totalmente vacía”, escribió Yvon Douhore, jefe de un equipo de auditoría interna en la capital de la República Democrática del Congo, en un correo electrónico ese día, el 5 de julio de 2018, tras percatarse de la retirada. "No tengo palabras", le respondió un colega al día siguiente.
El mes anterior, el departamento de cumplimiento de Groupe BGFI Bank en el Congo había congelado las cuentas de la firma de la empresa, Congo Construction Company (CCC), porque al archivo del cliente le faltaban documentos clave, según los registros del banco. Un historial de transacciones revisado por Bloomberg News como parte de la mayor filtración de información financiera de África mostró un problema aún mayor: sus conexiones políticas.
Durante un período de cinco años, decenas de millones de dólares fluyeron a través de las cuentas de CCC hacia personas y empresas estrechamente relacionadas con el entonces presidente del Congo, Joseph Kabila, todo ello en un banco que era en parte propiedad de su hermana y dirigido por su hermano, Selemani Francis Mtwale. Pero una serie de escándalos obligó a la empresa matriz del prestamista en Gabón a reconsiderar su apoyo a la familia presidencial. Destituyó a Selemani como director general en mayo de 2018 y luego reclamó el 40% de la participación de la hermana de Kabila, quien aseguró que nunca la había pagado.
Los colegas de Douhore bloquearon las cuentas mientras realizaban una autopsia del mandato de Selemani. Sin embargo, alguien en el banco seguía autorizando las transacciones, hasta la retirada final de 2,5 millones de dólares en efectivo en julio de 2018. Al analizar los documentos del BGFI –incluidos en la mayor filtración de archivos financieros del continente africano– se entiende el porqué: Douhore estaba asistiendo impotente al acto de cierre del discreto papel de CCC como intermediaria entre los grupos mineros chinos y el clan Kabila.
Durante más de seis meses, Bloomberg News y sus socios en la investigación han revisado más de 3,5 millones de documentos bancarios que ofrecen una visión sin precedentes de cómo operaban algunos de los principales actores en la toma de control de la industria minera congoleña por parte de China durante la presidencia de Kabila. La información la ha obtenido el grupo anticorrupción con sede en París Platform to Protect Whistleblowers in Africa (Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África) y Mediapart (socio editorial de infoLibre). La filtración fue compartida con cinco organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC).
Las investigaciones, bautizadas como Congo Hold-Up: El expolio del Congo, demuestran hasta qué punto la familia más poderosa del país utilizó el banco para servir a sus intereses privados y cómo al menos 138 millones de dólares en fondos estatales transitaron por el BGFI hacia los familiares y asociados de Kabila. La nueva información también arroja luz sobre algunos de los mecanismos hasta ahora desconocidos con los que las empresas chinas llegaron a controlar las riquezas minerales de una de las naciones más pobres del mundo.
El grupo anticorrupción The Sentry, con sede en Washington DC, utilizó los datos bancarios para publicar un informe sobre los vínculos financieros de la familia Kabila con empresas mineras chinas. Bloomberg tuvo acceso a los documentos y conclusiones de la organización antes de la publicación del informe. Durante varios meses, la agencia logró de forma independiente documentos adicionales y habló con personas de varios continentes para confirmar y completar la información.
En un comunicado colgado en su sitio web el pasado día 23, después de que se publicaran las primeras revelaciones del Congo Hold-up: el expolio del Congo, BGFI asegura que, si bien critica la filtración y pone en duda la autenticidad de los documentos a los que ha tenido acceso el consorcio de investigación, "condena enérgicamente los actos contrarios a la ley y a la ética que puedan haberse cometido en el pasado dentro de su filial BGFIBank RDC SA y de los que sus empleados podrían haber sido autores o cómplices". El banco añade que había reestructurado su propiedad de la unidad del Congo en 2018, que realizó una auditoría interna para identificar los métodos que podrían haberse utilizado para eludir los controles, que nombró una nueva dirección y presentó una denuncia ante la fiscalía para determinar quiénes eran los responsables de los supuestos actos y sancionarlos.
No es la primera vez que BGFI está en el centro de las acusaciones de corrupción en el Congo. Hace cinco años, un exempleado del departamento de cumplimiento del BGFI en Congo compartió miles de documentos del banco con medios de comunicación, incluyendo Bloomberg, que mostraban cómo Selemani había desviado millones de dólares en fondos públicos al banco y a una empresa propiedad de algunos de los aliados más cercanos de Kabila. La nueva filtración de documentos muestra que esa era sólo una parte de la historia.
China llena el vacío
Tras sustituir a su padre, asesinado en 2001, y negociar el fin de una brutal guerra civil, Kabila abrió las vastas reservas de cobre y cobalto del país a los inversores internacionales. Pero las empresas occidentales, que al principio estaban entusiasmadas con el Congo de Kabila, se han ido retirando. BHP Group, Anglo American Plc, DeBeers Corp. y Freeport McMoRan Inc. han vendido minas o abandonado proyectos. Las que se quedaron a menudo formaron asociaciones de alto riesgo que ahora son objeto de investigaciones por corrupción, incluida una del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Glencore Plc y otras dos de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido sobre Glencore y Eurasian Natural Resources Corp. Glencore dice que está cooperando con las autoridades. ENRC niega haber actuado mal.
Estos movimientos han dejado vía libre a empresas chinas deseosas de ampliar su control sobre el suministro de dos metales que se extraen juntos en el Congo y que están en el centro de la incipiente revolución de los vehículos eléctricos. En menos de una década, las empresas chinas han pasado de ser contribuyentes menores a representar la mitad de la producción de cobalto del Congo y cerca del 70% de su producción de cobre, según el principal grupo de presión empresarial del Congo.
La pieza central de esta transformación es un acuerdo de 6.200 millones de dólares de minerales por infraestructuras, la mayor inversión de la historia del Congo, encabezada por la empresa estatal China Railway Group Ltd. y Power Construction Corp. of China, conocida como Powerchina.
En 2008, los dos gobiernos acordaron que las empresas chinas financiarían infraestructuras por valor de 3.000 millones de dólares y construirían un proyecto de cobre y cobalto de 3.200 millones de dólares conocido como Sicomines, cuyos beneficios, inicialmente libres de impuestos, amortizarían ambas inversiones. Los partidarios del acuerdo lo saludaron como un símbolo de orgullo del nuevo modelo chino de financiación del desarrollo en el que todos ganan, una alternativa a las estrictas condiciones impuestas a los préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dominados por Occidente.
Al mismo tiempo, el gobierno congoleño otorgó a una filial de China Railway un contrato sin licitación para reconstruir y mantener la carretera que va desde el centro minero de Lubumbashi hasta la frontera con Zambia, con peajes para financiar las obras. La carretera es la principal vía de exportación del cobre y el cobalto congoleños, lo que la convierte en una de las rutas más lucrativas de África. Decenas de miles de camiones cargados de metales pagan las tasas de concesión, que actualmente son de 300 dólares, para hacer el viaje de ida y vuelta. El peaje generó 302 millones de dólares entre 2010 y 2020, según una auditoría gubernamental inédita a la que ha tenido acceso Bloomberg.
Kabila creó una agencia gubernamental (Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais) para supervisar la relación con China, que dependía directamente de él, y nombró a un estrecho aliado, Moise Ekanga, para dirigirla. Resulta que Ekanga estaba pluriempleado como director de operaciones de una empresa privada propiedad de la familia Kabila, según muestran los documentos corporativos y los contratos revisados por Bloomberg. La empresa, Proyectos e Inversiones Estratégicas (SPI), se benefició enormemente de la creciente presencia de China.
SPI tuvo una participación del 40% en el negocio de las autopistas de peaje hasta 2015, y luego se hizo con el control de la empresa. La auditoría, realizada por una agencia contra la corrupción bajo el gobierno actual, afirma que desde la salida de China Railway hace seis años, la empresa de peaje ha malversado 121 millones de dólares. Bloomberg no ha podido verificar de forma independiente esta acusación.
Un empresario chino llamado Cong Maohuai, propietario del hotel de Kinsasa donde CCC tiene una oficina, indicó a esta investigación que había adquirido el control de la empresa de peaje en noviembre de 2016. Sin embargo, la información disponible en el registro de empresas del Congo sigue indicando que SPI es el único accionista. Cong se negó a proporcionar la documentación que demuestra el cambio de propiedad, alegando cuestiones de confidencialidad. También rechazó las conclusiones de la auditoría: "Me reafirmo en que nunca hubo malversación [en el contrato de concesión]". Ni China Railway ni el hermano menor de Kabila, Zoe, accionista fundador de SPI, respondieron a las múltiples peticiones de comentarios de Congo Hold-up: el expolio del Congo.
No está claro cuánto pagó SPI, si es que pagó algo, a China Railway para hacerse con la empresa de autopistas de peaje en 2015. Las actas de una reunión del consejo de administración en la que se aprobó la transferencia de acciones no mencionan ninguna compensación. Pero hay rastros de lo que la empresa hizo con al menos parte del dinero que ganó: lo envió a CCC.
Entre junio de 2013 y enero de 2016, los documentos del BGFI muestran que la empresa de peaje hizo 41 transferencias a CCC, por valor de 7,8 millones de dólares. El dinero se sacó casi todo en efectivo.
Una empresa de construcción sólo en el nombre
El propietario de CCC era un aspirante a académico nacido en 1979 en Liaoning, China, llamado Du Wei. Comenzó a trabajar en África en los primeros años 2000 y en agosto de 2016 escribió un artículo para el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Wuhan en el que lamentaba la tendencia de las empresas chinas a utilizar "medios sin escrúpulos" para conseguir grandes proyectos, según un artículo que Du escribió y que The Sentry cita en su informe.
Du, conocido como "David" en el Congo, trabajó para Sicomines durante tres años hasta 2012, cuando se convirtió en consultor de la agencia de Kabila en China, según su perfil de LinkedIn. Ese es también el año en que constituyó CCC con Guy Loando, un abogado congoleño de 29 años por aquel entonces, y abrió una cuenta de empresa en el BGFI.
Entre febrero y julio de 2013, CCC, que no tenía ningún proyecto de construcción conocido, recibió 18 millones de dólares de cuentas bancarias en China y Hong Kong que estaban en manos de cuatro empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas. CCC también remitió más de 1,7 millones de dólares a las cuentas personales de Du en el Congo y Hong Kong, según muestran los documentos del BGFI.
Sicomines no respondió a las preguntas del consorcio de investigación. La embajada china en Kinsasa, por su parte, responde que su gobierno "siempre pide a las empresas chinas que trabajan en la RDC que respeten estrictamente las leyes y reglamentos locales" y que "lleven a cabo los proyectos de cooperación de forma beneficiosa para todos". Los inversores chinos "nunca deben interferir en los asuntos políticos congoleños", dijo un portavoz de la embajada por correo electrónico.
Du no respondió a las preguntas. Su WhatsApp y una de sus cuentas de correo electrónico fueron eliminadas después de que el consorcio hiciera numerosos esfuerzos para ponerse en contacto con él.
El dilema de la presa y una empresa misteriosa
Aunque Sicomines entró en producción en 2015, no podrá alcanzar su plena capacidad de 250.000 toneladas métricas de cobre al año hasta que tenga un suministro fiable de electricidad. Para garantizarlo, la empresa propuso construir una presa cerca del pueblo de Busanga. El proyecto, de 600 millones de dólares, iba a formar parte originalmente del acuerdo de minerales por infraestructuras. Pero en julio de 2016, China Railway y Powerchina crearon una nueva empresa con la minera estatal congoleña Gécamines, que posee el 32% de Sicomines, para hacerse con la central hidroeléctrica de 240 megavatios. Esta vez, el 15% de la participación estatal fue a parar a una entidad hasta ahora desconocida llamada Congo Management Sarl (Coman).
Los esfuerzos de esta investigación por contactar con los dos accionistas de Coman han sido infructuosos, pero la empresa tiene fuertes vínculos con personas del entorno de Kabila. Coman está representada por el antiguo abogado personal del ex presidente y gestionada por un empleado de la agencia de Kabila en China. Además, en las cuentas de Coman y CCC se realizaron transacciones financieras que parecen ser un espejo. En noviembre de 2016, Du retiró 430.000 dólares de la cuenta de la empresa. Ese mismo día apareció un depósito de igual cuantía en la cuenta de Coman en BGFI. Un año después, casi la misma cantidad fue retirada por el presidente de una empresa de la que son copropietarios la hermana y la cuñada de Kabila, según los registros a los que ha tenido acceso Congo Hold-up: el expolio del Congo.
Un hombre que poco después se convirtió en el gerente de una filial de Coman también recibió un millón de dólares de CCC en mayo de 2017, dinero que, según los registros bancarios, procedía de Sicomines.
Ni Norbert Nkulu, ex abogado de Kabila y representante legal de Coman, ni Claudine Paony, gerente de la empresa, respondieron a las preguntas enviadas por el consorcio. Kabila designó a Nkulu, un antiguo ministro, para formar parte del Tribunal Constitucional del Congo en mayo de 2018.
Du comenzó a reestructurar CCC en marzo de 2017. En primer lugar, la empresa se hizo con un permiso de extracción de fosfatos propiedad de Allamanda Trading Ltd., cuyo representante es copropietario de varias empresas con la persona que dirigía la empresa agrícola de Kabila. A continuación, Du adquirió la participación del 20% en CCC que poseía Loando, el abogado congoleño, y transfirió todas las acciones de la firma a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Harefield Overseas Ltd.
En enero de 2018, China Molybdenum Co. compró CCC y su licencia de fosfato por 40 millones de dólares. China Moly había llegado recientemente al Congo al adquirir el control de la gigantesca mina de cobre-cobalto Tenke Fungurume en una operación de más de 3.000 millones de dólares. El año pasado, la empresa china pagó 550 millones de dólares para hacerse con otro gran yacimiento congoleño de cobre-cobalto.
Ninguna de las partes del acuerdo respondió a las preguntas sobre si CCC pagó a Allamanda por el permiso o si algún miembro de la familia Kabila era beneficiario de la empresa. China Moly asegura que Du se enteró de su interés en el depósito de fosfato en un momento no especificado en 2017 y que era el único accionista del vehículo offshore que tenía CCC en el momento de la transacción. La compañía señala que desarrollará el proyecto "en un momento apropiado en el futuro".
A finales de 2017, a medida que se acumulaban los informes de corrupción, el banco BGFI se dio cuenta de que tenía que actuar para evitar sanciones del Tesoro de Estados Unidos potencialmente paralizantes, según muestran los documentos del banco. Primero, distanció la filial del Congo de la familia presidencial.
A continuación, el banco encargó a Douhore, el auditor jefe en Kinshasa, que revisara el liderazgo de Selemani en la sucursal del Congo. La evaluación de Douhore, completada en julio de 2018, concluyó que la gobernanza había sido "inaceptable" y se caracterizó por una "falta de integridad y transparencia en la declaración de conflictos de intereses." Los pagos multimillonarios que entraban y salían de las cuentas de CCC, incluidos los de Sicomines y la empresa de autopistas de peaje, se ejecutaban sin los papeles esenciales o con documentos de dudosa autenticidad, según la auditoría. Douhore no respondió a una solicitud de comentarios.
Incluso después de la compra de CCC por parte de China Moly, Du siguió controlando sus cuentas en BGFI, según los registros. En mayo de 2018, CCC recibió 7,7 millones de dólares de una empresa controlada en parte por la hermana y la cuñada de Kabila. Ese mismo mes, una cuenta del BGFI perteneciente al Banco Central del Congo transfirió 1,88 millones de dólares a CCC.
Du transfirió 1,5 millones de dólares a una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2018, antes de que él y otro individuo retiraran el resto de los fondos en efectivo, incluida la retirada final de 2,5 millones de dólares en casi 67.000 billetes en julio de ese año. Al menos dos de las transacciones tuvieron lugar después de que el departamento de cumplimiento de BGFI hubiera intentado bloquear las cuentas de CCC.
Douhore culpó al entonces director general –que había trabajado estrechamente con Selemani– de anular el bloqueo, según los documentos de la investigación. El departamento de auditoría notificó a la sede del BGFI que dos empresas propiedad de miembros de la familia Kabila estaban vaciando sus cuentas al mismo tiempo que CCC. Ambas sacaron más de 23 millones de dólares del banco en efectivo durante dos meses a mediados de 2018.
China Moly responde que "no tiene conocimiento de la existencia de la cuenta bancaria de CCC" y no tiene conocimiento de las actividades ejecutadas por Du a través de su filial. El director general de BGFI, que ya se ha retirado, afirma que no tenía ninguna relación con Du y que no podía haber autorizado una retirada de efectivo en una cuenta congelada sin las justificaciones necesarias. Deogratias Mutombo, gobernador del Banco Central del Congo desde 2013 hasta principios de este año, no contestó a las preguntas enviadas por el consorcio.
La escapada
En total, alrededor de 65 millones de dólares fluyeron a través de las cuentas de CCC entre enero de 2013 y julio de 2018, de los cuales 41 millones fueron retirados en efectivo, lo que hace imposible rastrear a los beneficiarios de todos los fondos. Aun así, los registros bancarios muestran que al menos 30 millones de dólares se dirigieron, vía transferencias o en efectivo, a personas y entidades directamente vinculadas al clan de Kabila o a empresas propiedad de la familia presidencial.
Loando, antiguo socio comercial de Du, fue elegido a finales de 2018 para el Senado de Congo como miembro de la coalición de Kabila y ha sorteado con éxito el deterioro del pacto entre el expresidente y su sucesor, Félix Tshisekedi. En abril, se convirtió en ministro de Planificación Regional. En respuesta a las preguntas sobre su papel en la CCC, Loando dice que era simplemente un asesor jurídico y que no participaba en la gestión diaria de la empresa. Sostiene que no se le mantenía informado de las actividades comerciales de la empresa y que, por tanto, no tenía conocimiento de sus transacciones.
Kabila dimitió a principios de 2019, tras 18 años en el poder y después de perder unas elecciones celebradas bajo la presión de una coalición liderada por Estados Unidos y la Unión Africana en las que Tshisekedi fue declarado ganador.
Lo que no ha cambiado es el control de las minas del Congo por parte de empresas chinas. Sin embargo, Tshisekedi ha puesto en marcha investigaciones sobre el acuerdo de minerales por infraestructuras, incluida la central hidroeléctrica de Busanga, y sobre si China Moly está cumpliendo sus obligaciones contractuales. No está claro cuándo se anunciarán las conclusiones de esos trabajos.
La mayor parte de los 3.000 millones de dólares prometidos por las empresas chinas en concepto de financiación de infraestructuras aún no ha llegado. El gobierno de Tshisekedi anunció en septiembre que hasta ahora sólo se han construido proyectos por valor de unos 825 millones de dólares.
El máximo responsable de la lucha contra la corrupción nombrado por el nuevo presidente, Jules Alingete, ha examinado los presuntos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el BGFI, calificando a los ejecutivos del banco de "especialistas en falsear las cuentas", según dijo en una entrevista con el consorcio de investigación. "Fabricaron, fabricaron, fabricaron, fabricaron cosas".
Douhore también criticó la disposición de BGFI a aceptar las explicaciones que Du y un asociado dieron al retirar un total de más de ocho millones de dólares en efectivo en 2018. Eran solo excusas "para permitir retiradas injustificadas en torno a movimientos [financieros] sospechosos", escribió en un correo electrónico a sus jefes. A otro colega de la oficina de Kinshasa le escribió: "Realmente estamos en otro mundo".
Traducción: Mariola Moreno.
