Irán ya ha dictado 55 sentencias de muerte
Pura crueldad. Esto es lo que han demostrado las autoridades judiciales iraníes con Mohsen Shekari al comunicarle que el basij (miliciano) al que hirió con un machete el 25 de septiembre durante una manifestación iba a retirar la denuncia que había presentado contra él. A su regreso del interrogatorio en la prisión de Evin, cerca de Teherán, el joven dijo a un compañero de prisión que esperaba que su condena a muerte por un tribunal revolucionario fuera conmutada por diez años de cárcel.
A pesar de esta incertidumbre, Mohsen Shekari seguía apostando por el futuro. Chico de cafetería en el momento de su detención, quería convertirse en youtuber y soñaba con comprarse una nueva videoconsola cuando saliera en libertad. Un compañero de celda le había prometido incluso ayudarle.
Sus padres también creían que se salvaría. Según Karim Sadjadpour, investigador de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington, las autoridades también les habían prometido que su hijo no sería ahorcado si "guardaban silencio" sobre su condena.
Así lo confirmó la web opositora 1500tasvir en un tuit: "Mientras su familia esperaba que apelara y no tenía información sobre él, la República Islámica lo ejecutó inesperadamente".
El joven fue ahorcado al amanecer del jueves 8 de diciembre. Es decir, sólo dieciocho días después de su condena en primera instancia, por el cargo de ser un mohareb, "enemigo de Dios". Tenía 23 años. Su familia no fue informada hasta después de su muerte y su entierro en el cementerio Behecht-e Zahra de Teherán tuvo que hacerse a escondidas, tras negociar con las autoridades.
En un desgarrador vídeo publicado en las redes sociales, puede verse a la madre de Mohsen Shekari gritando el nombre de su hijo en una calle de Teherán, junto con su desesperación por haber sido traicionada.
Si la comunidad internacional no reacciona de inmediato y con firmeza ante esta ejecución [...], asistiremos a una ejecución masiva de presos
Según los medios de comunicación oficiales, la fiscalía le acusa, además de la herida infligida al miliciano, de haber obstruido una arteria importante de Teherán durante una manifestación en los primeros mítines tras la muerte bajo custodia, el 14 de septiembre, de Mahsa Amini.
Durante el juicio, el joven no tuvo abogado ni testigos. En violación de la legislación iraní, fue incluso ejecutado dos días antes de que finalizara el proceso de apelación, que parece haber sido denegado. Anteriormente, había sido obligado a grabar una confesión que posteriormente se difundió en el sitio web de Fars, controlado por la Guardia Revolucionaria. Se le veía un moratón en la mejilla derecha.
Se trata de la primera ejecución de un manifestante desde el inicio del movimiento de protesta provocado por la muerte de Mahsa Amini. Pero la quinta si tenemos en cuenta otras cuatro ejecuciones, el 2 de diciembre, de opositores baluchis acusados de "inteligencia con Israel" antes del inicio del movimiento, por hechos que se desconocen.
"Si la comunidad internacional no reacciona de inmediato y con firmeza ante esta ejecución, con graves consecuencias para el gobierno iraní, asistiremos a una ejecución masiva de presos", advirtió el sábado en un comunicado Mahmoud Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
El arma de las falsas acusaciones
En total, según un grupo de abogados que prefieren permanecer en el anonimato, 55 personas han sido condenadas a muerte desde el inicio del movimiento de protesta. "Todos han sido identificados, con sus cargos verificados y su lugar de detención", dijo uno de ellos. Entre ellos hay cinco menores. Los cargos, todos ellos castigados con la pena de muerte, son "enemistad con Dios y corrupción en la tierra", menoscabo de la autoridad del Estado, inteligencia con el enemigo y delitos contra la propiedad o los daños personales.
En una rueda de prensa celebrada el 17 de noviembre en Berlín, con motivo del 8º Congreso contra la pena de muerte, Mahmoud Amiry-Moghaddam, director del RSI, denunció la trampa en la que el régimen iraní intenta hacer caer a los manifestantes. Como no puede dictar legalmente penas de muerte por participar en manifestaciones –la Constitución de la República Islámica las permite–, intenta fabricar falsas acusaciones.
"El régimen utiliza la pena de muerte para sembrar el terror entre los manifestantes. Esto es mucho más fuerte que disparar a los manifestantes en la calle. Es muy habitual que se obligue a un manifestante a confesar algo que no ha hecho, a menudo bajo tortura. Se les promete que se librarán de la pena de muerte. Pero una vez que confiesa, sus palabras se vuelven contra él", dijo.
Como el silencio de los padres de Mohsen Shekari no consiguió salvar a su hijo, otras familias decidieron hacer públicas las condenas a muerte de sus hijos cuando fueron ocultadas por la justicia. Actualmente, es probable que al menos 11 manifestantes sean ahorcados en cualquier momento.
Muerte por un contenedor quemado
Los más amenazados son Mahan Sadrat, de 23 años, y Ali Moazzami Guderzi, de 20, que han sido trasladados a régimen de aislamiento en Teherán y a la prisión de Gohardasht, en Karaj, lo que significa que su ejecución es inminente. Según el sitio web del Ministerio de Justicia, Mizanonline, el primero está acusado de quemar la moto de un Basij. El miliciano ha retirado su denuncia, pero la fiscalía mantiene su acusación.
Mohammad Mahdi Karami, campeón de kárate, el cómico Hossein Mohammadi y Reza Aria, los tres también condenados a muerte por el tribunal revolucionario de Karaj por el asesinato de un basij, también están amenazados de ejecución. También el radiólogo Hamid Ghareh Hassanlou, condenado a muerte el 7 de diciembre en Karaj. Su esposa, Farzaneh, fue condenada a 25 años de prisión en la cárcel de Ahvaz (sur de Irán), sin posibilidad de recibir ninguna visita.
Según diversos testimonios, el médico y su esposa habían participado el 3 de noviembre en una ceremonia para conmemorar el 40º día de la muerte de Hadith Najafi, asesinado durante una manifestación. Tras un atasco, cambiaron de ruta y se quedaron varados cerca de un lugar donde acababa de morir un miliciano durante la represión de una manifestación. Según Amnistía Internacional, las autoridades judiciales torturaron al médico para arrancarle confesiones falsas y golpearon a su esposa para que testificara contra él.
El rapero kurdo Saman Yassin también está acusado de mohareb por publicar mensajes de apoyo a los manifestantes en las redes sociales y escribir varias canciones de protesta. Su madre, que suplicó en un vídeo la ayuda de la comunidad internacional para salvarlo, afirmó que en realidad fue detenido por prender fuego a un contenedor de basura: "¡En qué país del mundo se puede condenar a muerte a alguien por quemar un contenedor de basura!". También se dictó la misma sentencia contra Sahand Nour Mohammadzadeh por quemar un contenedor de basura y neumáticos.
Otro rapero encarcelado, Toomaj Salehi, está a la espera de juicio en un tribunal de Ispahán, donde también se enfrenta a la pena de muerte por dos cargos, cada uno de ellos castigado con la pena capital.
Tres adolescentes fueron condenados a 25 años de prisión, también por quemar basura.
Desapariciones, violaciones y torturas: el núcleo represor del régimen iraní
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La República Islámica de Irán ya ostenta el triste récord de ejecuciones per cápita del mundo. También es el peor verdugo de mujeres del mundo, con 185 ahorcamientos desde 2010, y el 73% de las ejecuciones de menores del mundo llevan su firma.
A esta siniestra lista hay que añadir los detenidos que han muerto recientemente bajo tortura, como Shadman Ahmadi, detenido el 8 de diciembre en Dehgolan, y fallecido pocas horas después en la comisaría de esta ciudad kurda del oeste de Irán, según información de la ONG kurda Hengaw.
En Teherán se iniciaron marchas silenciosas para protestar contra las ejecuciones. No se había producido ninguna desde la "revolución verde" de 2009.
