Israel se hunde en una crisis política y constitucional en plena guerra en Gaza
En 2022, Gali Baharav-Miara se convirtió en la primera mujer en Israel en ocupar el cargo de fiscal general. Tres años después, es la primera fiscal que puede llegar a ser destituida por el gobierno. El domingo 23 de marzo, el gabinete israelí aprobó unánimemente en su contra una moción de censura que allana el camino para su destitución.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, no estaba presente en la votación: su juicio por corrupción lo pone en una posición de conflicto de intereses con este procedimiento. La interesada, cuyo puesto incluye funciones de asesora jurídica del gobierno, prefirió ser representada en esa votación. El ministro de Justicia, Yariv Levin, que presidía la sesión, invocó “importantes y prolongadas desavenencias [...], que crean una situación que impide la cooperación eficaz” y exigió su dimisión. Ella se negó, acusando en una carta al gobierno de tratar de situarse “por encima de la ley”. Esta decisión “sólo pretende promover la lealtad hacia el gobierno”, escribió.
El procedimiento contra Gali Baharav-Miara, inédito, podría llevar meses. Su caso deberá ser estudiado por un comité, escuchando a la fiscal y al gobierno, y luego, si se decide su destitución, el asunto tendría que pasar al Tribunal Supremo.
La moción de censura parece sobre todo una enésima etapa, de consecuencias inciertas, en la batalla que Netanyahu lleva años librando contra el poder judicial, en particular para protegerse de su propio enjuiciamiento por corrupción y fraude, abierto en 2020. Los jueces son el único contrapoder real en Israel: el poder ejecutivo y el legislativo no están separados, ya que el gobierno proviene de la coalición mayoritaria en la Knesset, el Parlamento israelí, que consta de una sola cámara. Atacar a los jueces equivale a atacar los cimientos del equilibrio de poderes que rige la vida política israelí.
La moción de censura contra Baharav-Miara también muestra la aceleración de esta batalla en los últimos días, todo ello en el sentido de una “concentración de poderes en manos del primer ministro”, señala Gayil Talshir, investigadora en ciencias políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Amenaza a las salvaguardas institucionales
El miércoles 26 de marzo, la coalición también debería presentar al Parlamento una ley para modificar “fundamentalmente el comité que nombra a los jueces”, subraya. Si se aprueba, los políticos tendrán la mayoría para elegir a los magistrados del país, una situación sin precedentes.
Netanyahu ya intentó reformar el sistema judicial en 2023, lo que desencadenó una oleada de manifestaciones masivas en el país. Los atentados del 7 de octubre de 2023 y la guerra de Gaza detuvieron temporalmente sus ambiciones. Por su parte, Gali Baharav-Miara se ha erigido en varias ocasiones en garante del Estado de derecho frente a las ambiciones de la coalición gobernante, que no deja de denunciar, junto con Netanyahu, “el Estado profundo”, una vaga fórmula que engloba todas las salvaguardias institucionales que se oponen a sus plenos poderes. A su vez, el ministro de Justicia acusa a la fiscal de politizar su función y de actuar “como el brazo armado de los manifestantes antigubernamentales”.
La decisión del Gobierno respecto a Baharav-Miara agrava la crisis política del país. El domingo se reunieron miles de manifestantes frente a la sede del gobierno para oponerse a su destitución. Diecinueve expresidentes y jueces del Tribunal Supremo denunciaron en una carta un procedimiento que “pone en peligro la existencia del Estado de Israel como país regido por el derecho”.
El ministro de Justicia presentó la moción de censura contra la fiscal el viernes 21 de marzo, tan solo unas horas después de que el Gobierno destituyera a Ronen Bar, director del Shin Bet, los servicios de inteligencia interna, otra institución que a veces desempeña un papel de limitación de los poderes del ejecutivo en Israel. El Tribunal Supremo suspendió inmediatamente la decisión hasta el 8 de abril, tiempo para examinar los recursos presentados por la oposición y una ONG. La fiscal Gali Baharav-Miara notificó entonces al primer ministro que tenía “prohibido nombrar un nuevo jefe del Shin Bet”. Pero Netanyahu insiste: Ronen Bar no permanecerá en su puesto.
El acusado quiere deshacerse de su fiscal. Es ilegal, es corrupción y no se aceptará
Oficialmente, el primer ministro dice haber decidido esa destitución en respuesta al fracaso de los servicios de inteligencia durante el 7 de octubre. La agencia dirigida por Ronen Bar presentó a principios de marzo las conclusiones de su investigación sobre el tema, invocando de paso la responsabilidad de la esfera política. Netanyahu se niega a admitirlo. Pero Ronen Bar y la fiscal general también iniciaron, a finales de febrero, una investigación sobre miembros del entorno de Netanyahu, acusados de haber recibido cientos de miles de dólares para mejorar la imagen de Catar, asociada a Hamás por la mayoría de la opinión pública.
“El hombre que fue empleado como portavoz del primer ministro para la guerra, recibía su salario de Catar durante la guerra”, escribió el lunes por la mañana el columnista Ben Caspit en Maariv, uno de los principales periódicos del país. “¿Hay alguna razón en el mundo para que eso no sea investigado?”
Este “Qatargate”, como ya lo llaman los medios israelíes, se suma al juicio por corrupción, fraude y abuso de confianza contra Benjamín Netanyahu. “Netanyahu ha intentado que despidan al investigador”, lanzó el domingo el líder de la oposición, Yair Lapid, refiriéndose a Ronen Bar. “Y ahora el acusado quiere deshacerse de su fiscal. Es ilegal, eso es corrupción y no va a ir adelante”. El jefe del Shin Bet fue destituido tras la reanudación de la guerra en Gaza, donde los bombardeos israelíes han vuelto a sembrar la devastación desde el 18 de marzo. Sin embargo, el sábado 22, el gobierno celebró una reunión de seguridad sobre la situación en el enclave palestina estando él presente.
Llamamiento a la huelga general
“Las investigaciones afectan a Netanyahu y a su entorno más cercano tan personalmente que [el primer ministro] está dispuesto a hacer cosas que pueden ir en contra de la seguridad de Israel. Esto es muy grave”, señala la investigadora Gayil Talshir.
Después de que Netanyahu anunciara su intención de destituir a Ronen Bar, los israelíes se manifestaron en masa durante toda la semana pasada, llegando a juntarse unas 100.000 personas en todo el país el sábado por la noche.
La oposición ha hecho un llamamiento a una huelga general si se lleva a cabo el cese de Ronen Bar. Aharon Barak, expresidente del Tribunal Supremo, advirtió del riesgo de “guerra civil” si se acelera la división del país. “El principal problema al que se enfrenta la sociedad israelí es la ‘octava frontera’, la profunda división entre los propios israelíes”, declaró a la web de noticias Ynet, refiriéndose a las siete fronteras en las que Israel dice estar luchando contra Irán (Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán).
El primer ministro que más se resiste en el poder, Benjamín Netanyahu, suscita una fuerte oposición, sobre todo desde que fue acusado de corrupción y fraude en varios casos en 2019. Las manifestaciones se han ido ampliando a medida que el ejecutivo ha atacado al poder judicial, en especial con motivo de la reforma de la justicia en 2023. A principios de marzo, la mayoría de los israelíes pedían incluso su dimisión; su coalición perdería la mayoría en caso de elecciones.
Pero la fragmentada oposición israelí tiene dificultades para sacar provecho de esa impopularidad. Unir fuerzas en torno al rechazo a Netanyahu no fue suficiente para que sus adversarios políticos permanecieran en el poder entre 2019 y 2022, cuando el país vivió una serie de elecciones, debido a la falta de una coalición estable.
El primer ministro parece estar hoy totalmente centrado en su supervivencia en el poder, sobre todo para evitar la cárcel. “Ya no es el Netanyahu de 2011, que buscaba discretamente una solución para calmar las manifestaciones en el bulevar Rothschild; tampoco es el hombre [...] que no conciliaba el sueño porque había perdido un punto en las encuestas”, señala el columnista Nahum Barnea en el periódico Yedioth Ahronoth. “Se siente demasiado poderoso como para preocuparse por lo que piensen los israelíes. Está convencido de que puede entenderse con la mitad del país y desprecia a la otra mitad”.
“Las instituciones funcionan, la sociedad civil cumple su función, la oposición también. Pero el gobierno tiene una mayoría de 68 sobre 120”, explica Gayil Talshir. “Su forma de funcionar consiste en inundar el Parlamento con diferentes proyectos de ley que intentan desmantelar los órganos e instituciones esenciales para la democracia. Algunos se aprueban y otros se rechazan”. El primer ministro acaba de reforzar su mayoría al reanudar la guerra contra Gaza. Su ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, ha vuelto a la coalición con sus diputados del partido supremacista judío Otzma Yehudit (Poder Judío), que había abandonado el gobierno tras el anuncio del alto el fuego a mediados de enero. Si la mayoría logra aprobar el presupuesto, debería ganar un año de tranquilidad.
La guerra en Gaza continúa
Frente a sus adversarios, Benjamín Netanyahu también presume del apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a su vez lidera en su país un ataque contra los contrapoderes democráticos, mucho más poderosos que en Israel. El inquilino de la Casa Blanca también ofrece a Israel un cheque casi en blanco para continuar su guerra total en Gaza. Los devastadores bombardeos continúan desde el 18 de marzo en todo el pequeño territorio sitiado; no ha entrado ayuda humanitaria en Gaza desde hace tres semanas. El domingo, el ministerio de Salud palestino anunció que han sido asesinados ya más de 50.000 palestinos desde el 7 de octubre.
Las negociaciones parecen estar en un punto muerto. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el viernes con anexionar partes de la enclave y expulsar a la población que se encuentra allí si Hamas se niega a liberar a los rehenes. El domingo, el gabinete de seguridad votó la creación de un organismo encargado de permitir que los palestinos abandonen “voluntariamente” la Franja de Gaza. Israel Katz hizo referencia a la propuesta de Trump para justificar esta nueva entidad, sin especificar a qué países expulsaría a los palestinos. Esas deportaciones, presentadas como reubicaciones voluntarias por parte del Estado israelí, se consideran un crimen de guerra según el derecho internacional.
La mayor parte de la opinión pública, incluso entre los votantes de la mayoría, exige el cese de las operaciones militares y un acuerdo para liberar a los últimos rehenes que queden en la zona.
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Sin embargo, a la oposición israelí en las calles no le preocupa mucho el destino de la población de Gaza. Para Gayil Talshir, los israelíes actualmente se están movilizando sobre todo contra la crisis política e institucional, en defensa del poder judicial. Quizás “una parte de la opinión pública acabará por decir que esto un conflicto con fines políticos y no por necesidad, y se opondrá a él”, señala. “Pero por ahora no hemos visto nada de eso”.
Traducción de Miguel López
