Los paraísos fiscales: la parodia de la indignación

El guion se conoce ya a la perfección. Como sucede después de cada nueva revelación importante sobre la magnitud de la evasión fiscal en el mundo, los responsables políticos se han apresurado a mostrarse indignados, a raíz de las primeras publicaciones relativas a los Paradise Papers. Como si si acabasen de enterarse de todo. Como si no hubiesen existido antes los LuxLeaks, la lista del HSBC, los documentos del UBS, los papeles de Panamá, los Malta Files, los testimonios de los lanzadores de alerta, los informes de ONG como Oxfam, Tax Justice Network o CCFD-Tierra Solidaria, los estudios de Nicholas Shaxson o de Gabriel Zucman sobre los paraísos fiscales. Como si en 10 años no hubiese existido ningún informe parlamentario sobre la cuestión.

En Francia, en pleno debate presupuestario, donde hasta la fecha sólo se ha hablado de medidas favorables al capital para evitar su fuga a otros territorios, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, decía este lunes 6 de noviembre: “La evasión fiscal no sólo supone un ataque al Tesoro fiscal, también es un ataque a la democracia, a la imposición fiscal. [...] Mañana mismo presentaré en Bruselas un paquete de propuestas para aumentar la transparencia”. De inmediato, el también francés Pierre Moscovici, ahora comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, destacaba la premura a la hora de combatir la evasión fiscal. Su primera propuesta incluye la presentación de una lista negra de paraísos fiscales. “Es importante que esta lista salga [...] en 2017, debe resultar creíble, estar a la altura, que sea consistente y que incluya restricciones adecuadas para los países que integren dicha lista negra”, indicó.

Más allá del gesto, ¿qué interés puede tener la creación de una lista así? Porque la OCDE ya elaboró una en 2019, a petición del G20, en respuesta a la crisis financiera de 2008. Y derivó en una de las mayores farsas económicas de la década. Para salir de la lista negra de los países “no cooperativos”, los Estados debían comprometerse al intercambio de informaciones con otros 12 países. Mónaco se presentó garante de Liechtenstein y a la inversa, Panamá obtuvo el apoyo de Vanuatu, etc. En unos meses, de los 38 países cuestionados, sólo quedaba uno en la abominable lista: Trinidad y Tobago. Esta situación permitió que Nicolas, en su discurso sobre el capitalismo pronunciado en Toulon [sureste de Francia] el 1 de diciembre de 2009. Ironizaba entonces sobre el número de países que deseaban convenciones de intercambio fiscal con Francia.

“Tendríamos que habernos alarmado todos cuando la lista negra de los paraísos fiscales de la OCDE, que debía ser la primera línea del combate mundial contra la opacidad, estaba vacía el 7 de abril de 2009, sólo cinco días después del comunicado del G20. En teoría, ahora los paraísos fiscales se suponen que se han limpiado”, insistía James Henry, execonomista jefe de McKinsey, autor de un amplio estudio sobre los paraísos fiscales para la Tax Justice Network, publicado en julio de 2012.

Porque, en la práctica, no ha cambiado nada. Al contrario de la legislación norteamericana sobre los cambios automáticos (Fatca), que prevé multas de al menos el 30% sobre los ingresos efectuados a Estados Unidos, el resto de países no han previsto ninguna sanción en caso de que no se respeten las reglas sobre los intercambios automáticos. ¿Resultado? Malta sigue acogiendo, en la mayor de las discreciones, las matriculaciones de yates de las grandes fortunas; la isla de Man, la de los aviones privados, Jersey o Guernesey los trusts o fideicomisos; las islas Caimán o las islas Vírgenes se ocupan de los holdings y de las filiales bancarias.

Lejos de contribuir a poner orden, la línea seguida por el G20 ha contribuido sobre todo a hacer más opacos los circuitos y a mover los haberes, tal y como recuerda Gabriel Zucman en su libro La Richesse cachée des nations [La riqueza oculta de las nbaciones]. “Entre 2009 y 2014, la parte del mercado de Singapur en la gestión de fortuna transfronteriza subió dos puntos (del 8% al 10%), la de Hong Kong explotó (del 6% al 16%), mientras que la de las islas anglonormandas y de Suiza se contrajo”.

La lista negra de la Comisión Europea corre el riesgo de no cambiar nada. Aunque Pierre Moscovici anunciase: “Advierto de que no habrá país de la UE en esta lista de paraísos fiscales porque un paraíso fiscal es un país que no respeta los estándares de buena gobernanza, después hay que ocuparse también de la legalidad y mejorarla”.

Sin embargo, son justamente estos “famosos estándares de buena gobernanza” los que cuestionan los Paradise Papers. “Sus revelaciones son muy diferentes a las recogidas en los papeles de Panamá”, asegura Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y de administración fiscales de la OCDE. De hecho, no se trata sólo de dinero negro, de cuentas ocultas, de blanqueo vinculado a la corrupción, al tráfico de armas etc. Se trata de prácticas “legales” de las multinacionales, que se basan en una industria de la evasión fiscal: ejércitos de abogados, de auditores, de contables, a menudo vinculados con los grandes nombres de gabinetes mundiales, que se apoyan en las redes internacionales de los grandes bancos para hacer circular el dinero de un lado a otro del globo a la velocidad de internet, saben sacar el máximo beneficio de los fallos, del hueco abierto –a propósito o no– en los diferentes países para evadir impuestos.

Los responsables políticos, como los grandes grupos cuestionados, se cuidan muy mucho de recordar que todo es legal. Lo único que han hecho es explotar con habilidad los mecanismos existentes. En resumen, nada que ver con el fraude. Se trata simplemente de optimización. “Por decirlo de forma directa, nadie iría a paraísos offshores si pudiesen hacer lo que quieren en otra parte. Las personas y los grupos han recurrido precisamente a las jurisdicciones financieras offshores porque les permiten hacer cosas que no podrían hacer en sus países”, advierte un integrante de Tax Justice Networks, tras escuchar las justificaciones de los grandes grupos a raíz de las primeras revelaciones de los Paradise Papers. Para él, la constatación está clara: fraude y optimización participan de las mismas intenciones, alentadas por algunas legislaciones.

Competencia por un gravamen “cada vez menor”

Hay países europeos expertos en la materia. Un estudio de CCFD-Tierra Solidaria ha demostrado que Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo se encuentran en el epicentro del sistema de fraude fiscal dirigido a las grandes multinacionales europeas. En su informe de abril sobre el estado de la economía mundial, el FMI también dedicó especial atención a Irlanda. Según las cifras oficiales, el PIB irlandés creció más del 25% entre 2015 y 2016, tras los cambios contables relativos a los compromisos de las multinacionales. El FMI, tras considerar que, en este punto, las cifras no eran indicativo de nada y que el PIB real de Irlanda carecía de relación alguna con el fraude fiscal practicado a escala mundial por el país, anunciaba que en el futuro se basaría en sus propias estimaciones.

Los Paradise Papers aportan nuevas pruebas del fraude que se comete en la zona euro. Según la encuesta de Le Monde, el gigante americano Nike evitó pagar impuestos en Europa gracias a un montaje fiscal con base en Países Bajos. Gracias a él, el grupo norteamericano redujo su gravamen impositivo del 24% al 16% en tres años, en detrimento del resto de países europeos. Este mecanismo de optimización fiscal no se ideó hace años, sino en 2014. Es decir, en un periodo en que las preocupaciones sobre la evasión impositiva y los desequilibrios fiscales en el seno de la eurozona ya se encontraban en el centro de las discusiones europeas. La Haya no podía ignorarlo: su ministro de Finanzas también era el presidente del Eurogrupo.

Es decir que la competencia del “siempre menos” a la hora de pagar impuestos que se practica en algunos países de la zona euro para atraer a las multinacionales no está dispuesta a detenerse, si no hay ninguna norma que le ponga freno. Lo que es más, corre el riesgo de verse potenciada ahora que Donald Trump, en el marco de su nueva ley presupuestaria, prevé incluir a Estados Unidos en esta carrera. Trump tiene previsto rebajar el impuesto de sociedades del 35% al 20% y adoptar una fiscalidad mucho más favorable para promover que las multinacionales repatrien sus montañas dinero, actualmente en paraísos fiscales, a Estados Unidos. Baste como ejemplo el caso de Apple, campeón de la optimización fiscal, que tiene 234.000 millones de dólares en países clave como Bermudas, Bahamas o Irlanda.

Tras mantener los ojos cerrados durante mucho tiempo en lo que a los mecanismos de fraude y de optimización fiscales se refiere, e incluso después de haberse opuesto a cualquier medida vinculante para tratar de limitar el impacto, la OCDE considera ahora una prioridad la lucha contra la evasión fiscal. Para el organismo, la destrucción de las bases fiscales de los países es un factor de inestabilidad económica, social y política. Se hace necesario mantener mecanismos de redistribución, mediante el pago de impuestos, para luchar contra el aumento sin precedentes y cada vez más peligroso de las desigualdades, asegura. En este marco normativo, la institución ha iniciado un proyecto para luchar contra la erosión de la base y transferencia de los beneficios (proyecto BEPS) dirigido a establecer leyes fiscales internacionales más equitativas, eliminando todas las medidas que favorecen el fraude y la optimización fiscales.

Su informe provisional, publicado el 16 de octubre, hace temer que la mascarada de la lista de los paraísos fiscales siga adelante. Sobre los cientos de regímenes preferenciales examinados, 99 deben sufrir modificaciones o dejar de funcionar. Pero, según la OCDE, se están produciendo ciertos avances. Señala que el régimen de los fideicomisos de Barbados está cambiando, lo mismo que el régimen de los holdings y de los servicios financieros en Curaçao. Las Seychelles, Bermudas, isla Mauricio también están introduciendo mejoras. Luxemburgo ha eliminado algunas disposiciones que acarreaban una excesiva distorsión, lo mismo que Suiza. En cambio, los casos contrarios apenas existen. No hay ni siquiera cinco. Francia figura por su tipo reducido de plusvalías a largo plazo e Italia por su régimen impositivo a las marcas registradas. En cambio, los servicios financieros internacionales en Barbados sólo se consideran “potencialmente perjudiciales”. En cuanto al régimen de apoyo a las actividades del conocimiento instaurado en Irlanda, no plantean ningún problema.

Estos ejemplos muestran lo mucho que queda por hacer para combatir realmente las prácticas del fraude fiscal, convertido en un deporte mundial. Digan lo que digan, los responsables políticos no tienen ningunas ganas de emprender esta batalla. Su preocupación está dirigida más bien a ofrecer el mejor marco normativo posible para atraer capitales. Pese a sus recientes declaraciones, Bruno Le Maire no es una excepción. Con gran constancia, Francia se ha dedicado estos últimos años a sabotear cualquier avance relativo a imponer una tasa a las transacciones financieras. Un proyecto que el Gobierno francés presentó allá por el año 2000 pero que tenía el inconveniente de disgustar a los bancos y al Ministerio de Finanzas.

Del mismo modo, todo los intentos por introducir algo de transparencia en las prácticas de las multinacionales han quedado en nada. En el marco de la ley Sapin 2, los diputados quisieron obligar, a los grandes grupos con negocios en Francia, a presentar un informe país por país donde figurase la cifra de negociones, el número de asalariados, los beneficios obtenidos. En nombre de la libertad para emprender, el Consejo Constitucional acabó con esta disposición. Al igual que acabó con la tasa Google, que habría permitido gravar a los grandes grupos radicados en Francia, y con las leyes que contemplaban penalizaciones proporcionales a la cifra de negocios, en el caso de fraude en el IVA.

La nueva legislación no recoge ninguna de estas disposiciones. Al contrario. El Gobierno ha querido que la Asamblea Nacional anule una enmienda adoptada en el Senado dirigida a acabar con el cerrojo de Bercy: se mantiene una total opacidad en las prácticas de los grandes grupos.

Sin embargo, este apoyo más o menos tácito a todas las prácticas de optimización y de fraude fiscal de los grandes grupos tiene un coste político y social: supone menos dinero para educación, hospitales, investigación, infraestructuras, más deuda e impuestos a cuenta de los otros contribuyentes. Los políticos tendrán que asumirlo algún día. ________________

Traducción: Mariola Moreno

La UE aprueba una lista mínima de paraísos fiscales que deja fuera varias jurisdicciones 'offshore' europeas

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