Favorito entre los republicanos pero con el agua (judicial) al cuello: así encara Trump las elecciones de 2024
Hasta hace cinco meses, ningún presidente estadounidense había sido acusado de un delito penal, pero el lunes 14 de agosto, Donald Trump fue acusado por cuarta vez. Tras el caso de los pagos ocultos a la actriz porno Stormy Daniels, la tenencia de documentos confidenciales de la Casa Blanca y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, ahora se ha visto envuelto en sus presuntos tejemanejes en Georgia, donde él y sus aliados habrían montado una auténtica "empresa criminal", según el documento de acusación, para que se invalidara la victoria de Joe Biden en 2020 en este Estado clave para ganar la presidencia.
El multimillonario está acusado personalmente de trece cargos en este caso, más que en el resto de investigaciones. Entre otros, se le acusa de haber infringido una ley sobre crimen organizado (RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organisations), utilizada en particular contra las bandas y la mafia. Alucinante para un político que sigue siendo el gran favorito en las primarias del Partido Republicano.
Mientras Estados Unidos se adentra en un territorio político desconocido, una cosa es segura: con estos cuatro procesamientos, las caceroladas de Donald Trump van a dominar el calendario de las primarias republicanas de 2024. Se celebran tradicionalmente de enero a junio y la nominación oficial tiene lugar en verano.
De momento, ya se han fijado las fechas de dos de los cuatro juicios. El relativo a los pagos a Stormy Daniels está previsto que comience el 25 de marzo de 2024 en Nueva York, veinte días después del “Supermartes”, momento álgido de las primarias en el que votan al mismo tiempo un gran número de Estados. El de la publicación de los documentos confidenciales está previsto para el 20 de mayo en Florida, coincidiendo con el final del proceso de selección de candidatos y justo antes de que comience la campaña de las elecciones generales.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, encargada de la investigación en Georgia, quiere ver a Trump en el banquillo en un plazo de "seis meses", es decir, no más tarde del 15 de febrero. Jack Smith, el "fiscal especial" que investiga el ataque al Capitolio, quiere que el procesamiento comience el 2 de enero, dos semanas antes de los caucus de Iowa del 15 de enero, que darán el pistoletazo de salida al ciclo de nominación del candidato. Los jueces fijarán las fechas para estas dos cuestiones.
Un reto logístico
Se añaden también varios casos civiles en los que Donald Trump está implicado, como su segunda demanda por difamación interpuesta por la escritora E. Jean Carroll, que le acusa de haberla violado. Está previsto que este juicio comience el mismo día de los caucus de Iowa.
Este apretado calendario judicial podría suponer un reto logístico para el candidato. Tradicionalmente, los acusados están obligados a asistir a su juicio. Si no se hace una excepción con Donald Trump, podría verse obligado a suspender sus viajes por el país en pleno apogeo de la campaña por la nominación.
La táctica de Donald Trump será intentar retrasar los plazos judiciales todo lo posible hasta las elecciones.
Políticamente, esas citas judiciales significan una sucesión de espectáculos embarazosos para el ex presidente, cuyos presuntos delitos dominarán las noticias durante varios días o incluso semanas. Esto podría perjudicarle con los votantes indecisos y los "swing voters", los codiciados electores que se pasaron de Trump en 2016 a Joe Biden en 2020.
Esos votantes, cuestionados en los últimos meses en grupos de discusión (focus groups) por diferentes institutos de opinión en varios Estados decisivos para la Casa Blanca (Georgia, Arizona, Michigan, etc.), han dejado claro que no está en su agenda volver al redil republicano. No es seguro que la imagen de un ex presidente ante un tribunal les haga cambiar de opinión.
"La táctica de Donald Trump va a ser intentar retrasar los plazos judiciales todo lo posible hasta las elecciones. Si gana, por supuesto, no podrá auto-indultarse en los casos que competen a los Estados federados, como las demandas en Georgia. Pero podrá hacerlo en los casos federales [el ataque al Capitolio y los documentos confidenciales] porque no hay nada en la Constitución que se lo impida", analiza Robert Jarvis, profesor de Derecho de la Universidad NSU de Florida. “Sus abogados ya están argumentando que no puede ser a la vez candidato y estar presente en sus juicios. O que no pueden defenderle adecuadamente porque tienen demasiados casos que llevar al mismo tiempo. En otras palabras, ha cometido demasiados delitos. Veremos qué opinan los jueces.”
Los jueces controlan los tiempos
En este contexto sin precedentes, la actuación de los jueces va a ser analizada y explotada políticamente. Tanya Chutkan, una jueza de Washington que nombró Barack Obama, ahora encargada de supervisar el juicio sobre el ataque al Capitolio, ya ha sido retratada por los partidarios del multimillonario como una notoria anti-Trump, que ha sido dura en sus sentencias contra quienes invadieron la sede del Congreso el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales.
Por su parte, la jueza de Florida encargada del caso de los documentos confidenciales, Aileen Cannon, nombrada para su puesto por el propio Donald Trump, fue señalada en 2022 por seleccionar a un juez árbitro independiente para revisar los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, durante una redada. Esta decisión, criticada y anulada en apelación, tuvo como efecto ralentizar la investigación.
"Los jueces no darán el veredicto: lo harán jurados populares. Pero pueden ralentizar el proceso en las audiencias preliminares, excluir ciertas pruebas contra el acusado e incluso desestimar el caso", añade el profesor Jarvis. “En cualquier caso, los cargos son importantes, pero la identidad del juez lo es tanto o más, porque tienen el poder de dar forma al juicio."
Trump y la teoría de la conspiración
De momento, las acusaciones en serie de Donald Trump no le han minado, sino todo lo contrario. Según el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, van en cabeza en la intención de voto del electorado republicano con casi 40 puntos de ventaja sobre su principal rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis. Está haciendo un uso brillante de sus problemas legales para recaudar fondos, dominar la conversación y presentarse como víctima de los demócratas y del sistema.
Esta estrategia une a su bando: incluso el 37% del electorado republicano que se muestra abierto a otros candidatos se inclina por apoyarle, según una reciente encuesta del New York Times-Siena College. De hecho, solo el 9% de ese bloque considera que Donald Trump ha cometido un delito y el 80% cree que su partido debería respaldarle en sus batallas con la ley. "Cuanto más se acusa a Trump, más refuerza su estatus de favorito en las primarias", resume Seth McKee, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Oklahoma.
Procesamiento del hijo de Biden en perspectiva
A principios de agosto, el ministro de Justicia Merrick Garland ofreció a los trumpistas una buena oportunidad. Deseoso de demostrar la independencia de su institución, ascendió a David Weiss, el magistrado encargado de investigar las acciones de Hunter Biden, el hijo del Presidente, al rango de "fiscal especial", un estatus que otorga poderes de investigación ampliados. Hunter, oveja negra de la familia presidencial, está acusado de fraude fiscal y de haber comprado un arma de fuego siendo adicto a la cocaína, ilegal en su Estado de Delaware. Esta decisión supone un duro golpe para la Casa Blanca, que esperaba que los problemas del hijo no envenenaran la reelección del padre. Pero no va a ser así: el juicio podría tener lugar en 2024, en plena campaña.
Hunter es ya el objetivo favorito de los republicanos. Los políticos de derechas, con mayoría en la Cámara de Representantes, están utilizando las investigaciones parlamentarias para indagar sobre sus opacas actividades profesionales, ya que ha trabajado como lobista, abogado y consultor para varias empresas energéticas extranjeras. Incluso acusan a Joe Biden -sin pruebas- de haber recibido dinero de las actividades internacionales de su hijo. El objetivo es crear un clima de duda en la opinión pública para debilitar al demócrata de cara a 2024 y crear una falsa equivalencia entre los delitos de los que se acusa a Donald Trump y los de Hunter Biden.
"Incluso si los republicanos pudieran utilizar sus casos judiciales para atacar a Joe Biden, parecen mucho menos importantes en comparación con las acusaciones de Trump. Varios sondeos muestran que los votantes no relacionan directamente los problemas de Hunter Biden con su padre", afirma Tristan Cabello, politólogo de la Universidad Johns Hopkins. “No obstante, la campaña podría depararnos algunas sorpresas. Otro escándalo relacionado con Hunter Biden podría ser explotado por la campaña del candidato republicano, como los correos electrónicos de Hillary Clinton en 2016". En definitiva, no hay nada seguro.
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Traducción de Miguel López
