La vacuna de Pfizer, una máquina (sin límites) de hacer dinero

La vacuna contra el covid-19 de Pfizer, que ya es la más vendida del mundo, está a punto de ver crecer su mercado aún más. El pasado martes 1 de febrero, el laboratorio neoyorquino solicitó autorización para comercializar en Estados Unidos sus vacunas para niños de entre 6 meses y 4 años: sólo quedaba esta franja de edad. Pero Pfizer también se sitúa a la cabeza de la carrera por el tratamiento, el primer comprimido antiviral está en las farmacias desde el 4 de febrero.

Los grandes dueños de la industria farmacéutica lo sabían desde el principio de la pandemia: el primero en llegar a la carrera de las vacunas se beneficiaría de un increíble maná financiero. Sandra Lhote-Fernandes, responsable de promoción de la salud de la ONG Oxfam, llega a calificar la operación de “atraco del siglo”. Un “atraco” con víctimas colaterales, la población de los países pobres sin acceso a tan codiciados sueros.

Desabastecimiento organizado, privatización de los beneficios obtenidos con dinero público... Mediapart (socio editorial de infoLibre) descifra punto por punto la máquina sin límites de hacer dinero puesta en marcha por la industria durante esta pandemia, lejos de la justa remuneración del riesgo reclamada por su lobby y del objetivo de salvar el máximo de vidas.

Se produce por un euro y se vende por 17,20 euros/dosis en Estados Unidos

En el verano de 2020, la Casa Blanca extendió un cheque inicial a Pfizer por valor de 1.950 millones de dólares (1.700 millones de euros) para garantizar 100 millones de dosis, según The New York Times. Al otro lado del Atlántico, el precio por dosis se fijó en 19,50 dólares, es decir, 17,20 euros. Sin embargo, el coste de producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido estimado en menos de 1 euro por los investigadores del Imperial College de Londres.

De hecho, la receta no es tan complicada y contiene ingredientes baratos. “El ARN mensajero es sencillo de producir. Se hace en tres pasos, mientras que se necesitan diez, por ejemplo, para fabricar la que prepara Sanofi, que se basa en la tecnología tradicional de proteínas recombinantes”, compara Fabien Mallet, coordinador adjunto de CGT en Sanofi y técnico de calidad. “Todo lo que hay que hacer es fabricar el ARN en bioquímica y luego mezclarlo con agua y grasa”.

Por eso, en nombre de la CGT, Fabien Mallet impulsa la creación de un clúster de medicamentos públicos que sea “un contrapeso frente a la Big Pharma, fabricando lo que no hay en cantidad suficiente o a un precio vertiginoso. Sin una alternativa, nos limitamos a someternos al dictado de las multinacionales. Tenemos que volver a aquello por lo que trabajamos en primer lugar; cuidar de las personas, no de los accionistas”. Una propuesta rechazada por la mayoría presidencial en la primavera de 2020.

Consultada por Mediapart sobre la estratosférica diferencia entre el coste de producción y el precio establecido en la mayoría de los países, Pfizer responde: “Cabe recordar que el precio de la vacuna incluye todos los costes y no sólo los relacionados con la producción: costes de investigación y desarrollo, estudios clínicos, inversión masiva en la herramienta de producción, transporte, logística, conservación y almacenamiento, seguridad y calidad, actividades de apoyo (formación, comerciales, administrativas...)”.

Para justificar su política de precios, la empresa neoyorquina explica: “Desplegamos una estructura de precios diferente según el país pertenezca a los países de renta alta, media o baja. Los países de renta alta y media compran la vacuna a un precio más elevado que los de renta baja. Los países de bajos ingresos compran la vacuna a precio de coste”. Calcula que este “precio de coste” es de unos 6 euros. En cualquier caso, “esto ya es demasiado caro para una vacuna y para que los países africanos puedan permitírselo a gran escala”, afirma Jaume Vidal, asesor político de Health Action International, una ONG que trabaja por el acceso equitativo a los productos sanitarios.

Además, cuanto más pagan los países, más rápido se les atiende y viceversa. Israel y EE.UU. son los primeros en recibir las entregas. Mientras que el 60% de la población mundial ha recibido una dosis de vacuna, la proporción es de sólo el 10% en los países pobres, según Our world in data.

Y aun así, la mayoría tiene acceso a través de donaciones, no de compras directas. Los países de rentas bajas son los últimos clientes en la cola de los fabricantes de vacunas de ARN mensajero.

Con estos márgenes desproporcionados, la vacuna covid-19 supuso para Pfizer unas ventas de casi 36.000 millones de dólares en un año (casi 32.000 millones de euros). El laboratorio no esperaba tanto a principios de 2021; estimaba que podría embolsarse 15.000 millones de dólares (13.000 millones de euros) en el año gracias a su vacuna, pero la cartera de pedidos se llenó más de lo previsto con la puesta en marcha de las campañas de la dosis de recuerdo en los países ricos.

¿Cómo se pueden justificar estos escandalosos beneficios? Los productores de medicamentos siempre utilizan el mismo argumento para justificar unos precios que no se corresponden con el coste de fabricación: el de los costes de hospitalización evitados. Y aunque la saturación de las unidades de cuidados intensivos y el coste global de la pandemia son los principales indicadores que controlan los gobiernos, el principio no se cuestiona.

En esta lógica, con una tarifa de unos 15-20 euros por inyección, Pfizer casi habría hecho un favor a los gobiernos... The Financial Times informó de que en el verano de 2020, tras la terrible primera oleada, Pfizer trató de imponer el alucinante precio de 100 dólares la dosis, es decir, 89 euros.

Preguntado por esta propuesta de precio inicial, Pfizer se limitó a responder a Mediapart: “Para tener en cuenta la emergencia sanitaria mundial, los precios se fijaron inicialmente en el contexto de la pandemia a un valor inferior al que se habría negociado en una situación de mercado”. En este caso, la dura ley de la escasa oferta y la demanda global.

“Si no hubiera sido por la competencia de Moderna, Pfizer habría podido imponer precios aún más altos”, afirma Nathalie Coutinet, profesora de investigación de la Universidad de París XIII y coautora de Économie du médicament (2018). “Esto ilustra un peligro real, el de que una o dos empresas tengan la salud mundial en sus manos. Esto ya no es así, pero si Pfizer hubiera estado sola en el mercado de las vacunas de ARN mensajero, habría sido aún peor”.

Provocar escasez para aumentar los dividendos

Por cierto, Pfizer no es la única empresa que se ha beneficiado de la crisis sanitaria. Desde el comienzo de la pandemia, la riqueza de los multimillonarios ha experimentado “el mayor incremento jamás registrado”, según el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022 de Oxfam. 

La ONG calculó previamente que las vacunas contra el covid-19 habían creado al menos nueve nuevos multimillonarios, entre ellos el francés Stéphane Bancel, director general de Moderna, y Uğur Şahin, el de BioNTech, el socio Pulgarcito del gigante farmacéutico Pfizer. “Esto demuestra que los beneficios de las vacunas son totalmente excesivos, estamos ante un caso de abuso de patentes”, comenta Nathalie Coutinet.

La escasez de oferta ha hecho subir los precios, de ahí la defensa a ultranza de las patentes por parte de las empresas farmacéuticas, ya que les ofrecen un monopolio durante veinte años. Cuando pasan a ser de dominio público, la llegada de la competencia de los genéricos o biosimilares, las reproducciones de bajo coste de los medicamentos, hace bajar automáticamente los precios.

Preservar un monopolio, especialmente en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo necesita el mismo producto, garantiza ganancias sin precedentes. Uno de los argumentos utilizados por la industria para justificar su negativa a suspender temporalmente sus derechos de propiedad intelectual es que esto no resolvería la urgencia de la situación. Ello se debe al tiempo de formación y transferencia de competencias que se requiere para desarrollar un producto innovador, el ARN mensajero.

Salvo que la biotecnológica Moderna, incapaz de producir cantidades masivas, lo ha hecho en un tiempo récord subcontratando la producción de su vacuna a la suiza Lonza, mediante un acuerdo de licencia voluntario: la receta sigue siendo coto exclusivo y el suministro del codiciado producto está controlado.

Médicos Sin Fronteras ha identificado más de un centenar de centros en todo el mundo capaces de producir esta nueva generación de vacunas. “En Canadá hay tres empresas que producen vacunas de ARN mensajero, pero no podemos utilizarlas por razones de propiedad intelectual”, denunció Marc-André Gagnon, profesor de política pública de la Universidad de Carleton, en Ottawa, en el encuentro de Prescrire 2022. “La patente se está convirtiendo en un obstáculo para la guerra contra el Covid-19”.

El gigante Pfizer, por su parte, ya podía contar con su maquinaria de guerra interna para producir en grandes cantidades... pero todavía no lo suficiente para entregar al mundo. Incluso sin el levantamiento de las patentes, “si Pfizer hubiera aumentado el número de acuerdos de licencia voluntaria en la mayoría de los países, habríamos ganado seis meses y las poblaciones menos pudientes habrían tenido acceso a las vacunas antes. La situación de escasez que se organizó hace un año al inicio de las campañas de vacunación en los países ricos sirvió para un propósito: fijar precios altos y obtener los máximos beneficios en un tiempo mínimo”, afirma la investigadora Nathalie Coutinet.

En Europa, más de tres cuartas partes de las vacunas inyectadas son productos salidos de las fábricas de Pfizer. La empresa ha aplastado a la competencia. Su producto se convirtió rápidamente en el más conocido y reconocido por el público en general, para ser utilizado por todos, incluso por los niños.

El plan de Pfizer no ha sufrido ni un solo contratiempo, mientras que, por efectos adversos como una rara trombosis, la vacuna de AstraZeneca se vio restringida a los mayores de 55 años a partir de marzo de 2021, al igual que la de Johnson & Johnson inicialmente. Luego, en noviembre de 2021, mientras que la vacuna Moderna se describió como prima hermana de la de Pfizer (pero con una dosis más alta de ARN mensajero), la primera estaba contraindicada para los menores de 30 años, debido a las señales de riesgo cardíaco identificadas por la vigilancia posterior a la comercialización en personas más jóvenes.

Ambas vacunas de ARN mensajero son extremadamente eficaces para prevenir las formas graves de covid-19. De hecho, la revista médica independiente Prescrire las ha bautizado simbólicamente como “Píldoras de oro 2021” por su “decisivo avance terapéutico en un ámbito en el que pacientes y cuidadores estaban totalmente desamparados”.

Los dos productores aprovecharon entonces para aumentar el precio de su dosis vendida en Europa a mediados de 2021 de cara a la campaña de recuerdo. En Europa, habría subido de 15,50 euros a 19,50 euros para Pfizer y de 19 euros a 22,60 euros para Moderna, según The Financial Times. Por lo tanto, las autoridades públicas habrían pagado más de 50 euros por cada habitante que recibió dos dosis de Pfizer y luego una vacuna de refuerzo.

“Es evidente que los contratos incluyen la posibilidad de aumentar unilateralmente el precio de las dosis. Dada la desequilibrada relación de fuerzas, los países ni siquiera tienen voz en el precio de las vacunas que compran”, lamenta Pauline Londeix, cofundadora del Observatorio para la transparencia en las Políticas de medicamentos.

La transparencia, de hecho, no está a la orden del día. Mientras los gobiernos compran las vacunas, los acuerdos con los laboratorios ni siquiera se hacen públicos en su totalidad. Hay disponibles partes de los contratos, pero los pasajes clave han sido tachados. Cuando se le pregunta por el precio, Pfizer destaca “negociaciones confidenciales”.

“Al fijar precios muy altos y en la misma gama, las empresas se comportan como cárteles”, denuncia Jaume Vidal, de Health Action International. No obstante, Pfizer señala que “en Europa, el precio de la vacuna fue negociado por la Comisión Europea en nombre de los 27 Estados miembros, por lo que no es fijado libremente por el fabricante”. Esto protege a la empresa de las acusaciones de posible fijación de precios.

“Si los Estados no son capaces de negociar precios más bajos, menos aún durante una pandemia, frente al cinismo de las empresas farmacéuticas que obtienen beneficios exorbitantes a pesar de la emergencia y de los millones de muertos, ¿por qué los poderes públicos no limitan los dividendos pagados a los accionistas?”, se pregunta Vidal.

“El aumento del dividendo es un reflejo directo de nuestros sólidos resultados financieros”, declaraba el director general de Pfizer, Albert Bourla, al anunciar el 333º dividendo trimestral consecutivo de la compañía en diciembre de 2021.

¿Pago por una innovación o atraco del siglo?

“En tiempos de pandemia, la patente genera escasez. Todo está orientado a maximizar el beneficio de los accionistas sin maximizar los beneficios para la salud pública”, lamenta el investigador Marc-André Gagnon. Para justificar su negativa a suspender los derechos de propiedad intelectual, aunque sea temporalmente, el lobby farmacéutico señala el efecto de bola de nieve que esto tendría a medio plazo. Dado que la idea es recompensar los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas, éstas renunciarían a invertir en el futuro, lo que iría en detrimento de la innovación y de los pacientes.

Así, las empresas hacen oír su voz al más alto nivel del gobierno. Emmanuel Macron lo reconoció al asumir la Presidencia del Consejo de la UE el 19 de enero; preguntado al respecto por la eurodiputada Manon Aubry (Francia Insumisa), el jefe de Estado indicó que “Francia estaba a favor [de liberar la patente]. Es fácil para Francia estar a favor porque hoy no tenemos una patente, porque los fabricantes franceses no han encontrado una vacuna”. Sin embargo, Sanofi sigue buscando...

Entonces Emmanuel Macron dijo que entendía el rechazo de “nuestros vecinos [que] nos ayudaron a vacunar y [que] tienen laboratorios que poseen una propiedad intelectual, (...) una remuneración justa por una innovación”. En este caso, Alemania, país de los jefes de BioNTech, el socio de Pfizer en esta búsqueda de una vacuna.

A continuación, el presidente francés afirmó que la patente no era un obstáculo para la capacidad de producción de vacunas, echando por tierra cualquier esperanza de una posición común europea a favor de suprimirla. Lo que enoja a Sandra Lhote-Fernandes, de la ONG Oxfam. “Esta negativa es injustificable”, afirma. “Los laboratorios se aprovechan de su monopolio y obtienen enormes beneficios con el dinero público”.

“Pago justo por una innovación” o “atraco del siglo”? Hay dos puntos de vista opuestos. En lo que respecta a Moderna, la respuesta es clara: “La gran mayoría del esfuerzo de investigación atribuido a Moderna sobre la vacuna Covid-19 fue de hecho asumido por las autoridades públicas, que podrían haber exigido al menos, a cambio, que la empresa aumentara la capacidad de producción, lo que habría permitido una reducción global del precio de las vacunas”, argumenta Pauline Londeix, que defiende el acceso justo a los productos sanitarios.

Pfizer se benefició indirectamente del apoyo de los gobiernos

El director general de Pfizer, Albert Bourla, está orgulloso de haberse desecho de la operación warp speed, una asociación público-privada creada por la administración Trump para acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas Covid-19. Deja caer que alejarse del gobierno le habría permitido escapar de la burocracia y avanzar aún más rápido que la velocidad del rayo.

Por un lado, la primera inyección de la vacuna Covid-19 autorizada en Francia fue efectivamente un producto de Pfizer; Mauricette recibió su dosis delante de las cámaras el 27 de diciembre. Pero las entregas de su competidor Moderna llegaron el 11 de enero, apenas tres semanas después del lanzamiento de la campaña de vacunación en el Viejo Continente.

Por otro lado, Pfizer puede haber dicho que “asumió los costes de desarrollo y producción de la vacuna por sí sola, sin beneficiarse de subvenciones públicas o privadas”, pero en realidad, la empresa se benefició indirectamente del apoyo financiero de las autoridades públicas. Y más bien dos veces. En primer lugar, Pfizer no descubrió el ARN mensajero, el elemento clave de su vacuna, sino los investigadores de la Universidad de Pensilvania que inventaron la tecnología capaz de producirlo.

Fue entonces la empresa biotecnológica alemana BioNTech la que creó la vacuna a partir de este descubrimiento de la investigación pública... Antes de proponer una asociación con Pfizer para beneficiarse de su fuerza industrial. BioNTech ha recibido hasta 375 millones de euros de financiación del Gobierno alemán para el desarrollo de la vacuna, según The Financial Times. Mediapart también ha obtenido la confirmación de la Comisión Europea también de que abonó 100 millones de euros a la empresa alemana para apoyar su investigación.

De hecho, la industria farmacéutica está subcontratando cada vez más la I+D a pequeñas empresas y, por tanto, el riesgo. “Con este capital-riesgo desarrollado por las biotecnologías desde los años 80, se desencadenan dos ciclos de remuneración del capital: el de las start-ups y el de la empresa farmacéutica que desarrolla el medicamento, de ahí la tendencia inflacionista de los precios”, analiza Maurice Cassier, sociólogo del CNRS y del Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (CERMES3 ) de París.

Además, en la fase posterior al desarrollo del fármaco, los gobiernos pagaron cientos de millones de euros en concepto de anticipos cuando se firmaron los contratos de precompra. “Pfizer se ha beneficiado de garantías del mercado con estos acuerdos de compra anticipada. Es otra forma de descargar el riesgo, ya que la patente no está justificada”, afirma el especialista en políticas públicas Marc-André Gagnon.

Al asumir un riesgo mínimo para obtener un beneficio máximo, Pfizer es el gran ganador de esta crisis sanitaria. Sobre todo porque, después de haberlo hecho bien con la vacuna, ahora está conquistando el mercado con la llegada de su fármaco para ser ingerido en caso de infección por Sars-CoV-2 para prevenir las formas graves de la enfermedad. Una vez más, Pfizer ha apostado por el caballo adecuado.

Paxlovid será el primer tratamiento contra el covid-19 en venderse en farmacias, con receta médica. “Los primeros pacientes franceses podrán ser tratados a partir del viernes 4 de febrero”, afirmaba el Ministerio de Sanidad, que se jacta de que “Francia será el primer país de la Unión Europea en poner a disposición este medicamento”.

Los Estados se la rifan. Francia ha pedido 500.000 dosis por su cuenta, haciendo caso omiso de las negociaciones comunitarias iniciadas durante la pandemia en nombre de la solidaridad europea. Esto es suficiente para que la máquina de aumentar los precios funcione a toda velocidad.

Debería acercarse al precio fijado en Estados Unidos, en torno a los 500 euros. Pero ni Pfizer ni el Ministerio de Sanidad han aceptado comunicar el precio fijado.

Traducción: Mariola Moreno