El 'no' a Mercosur y el Pacto Verde moviliza a los agricultores de la UE con las elecciones en el horizonte
La convocatoria de tractoradas en las grandes ciudades europeas no para de crecer. Este martes los agricultores españoles y portugueses anunciaron que saldrán a la calle —como ya han hecho en Francia, Alemania, Bélgica, República Checa o Polonia— para forzar a la Comisión a revisar las nuevas políticas verdes que ha preparado para el campo. El sector primario no se esconde y reivindica su intención de acabar con el Pacto Verde Europeo y la ampliación del acuerdo comercial con Mercosur. Aunque los profesionales se desvinculan de partidos políticos, los expertos apuntan a una ola reaccionaria y proteccionista que ya favorece a la extrema derecha de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, donde se decidirá el rumbo de las políticas verdes del continente. Todo esto durante una semana de ola de calor, con temperaturas en Europa entre 3 y 6 grados por encima de lo normal, que aceleran la floración de los cultivos y recuerdan a los agricultores que el cambio climático se ceba con el campo.
Las tres principales organizaciones agrarias de España, COAG, Asaja y UPA, lanzaron un comunicado el martes con exigencias similares a las de profesionales de países vecinos. Quieren que la Unión Europea endurezca las barreras de entrada a productos extranjeros, puesto que no cumplen los estándares internos y son más baratos de producir. Concretamente, quieren frenar la ratificación del pacto con Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Nueva Zelanda, y no ampliar los tratados con Chile, Kenia, México, India y Australia. Precisamente este jueves se reúnen en Bruselas los primeros ministros de los Veintisiete, y el presidente francés Emmanuel Macron Macron pedirá tumbar Mercosur. Los agricultores españoles esperan que Pedro Sánchez le apoye.
El acuerdo entre la UE y Mercosur lleva negociándose desde hace más de dos décadas, pero hasta ahora no se ha ratificado por la presión del sector primario, pese a que daría acceso a la industria europea al mayor mercado de América Latina sorteando los aranceles. En 2019 se llegó a un principio de acuerdo bajo la apertura económica de Jair Bolsonaro (Brasil) y Mauricio Macri (Argentina), pero Francia bloqueó el acuerdo alegando que el presidente brasileño no garantizaba la protección de la Amazonía. En 2023 se acercaron mucho las posiciones, pero el presidente francés ha vuelto a parar las conversaciones ante la presión del campo, que tiene una gran influencia en la política nacional.
Anna Ayuso, investigadora en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), explica que buena parte de la Unión Europea es favorable a cerrar el pacto porque daría acceso a los países del norte a alimentos asequibles, pero Francia y algunos países agrícolas están radicalmente en contra. También ha habido reticencias por parte de Mercosur por el temor a que el fin de los aranceles facilite la llegada de manufacturas europeas que superen a las locales, especialmente en Argentina.
"A corto plazo tendría impacto sobre el campo porque estos países tienen una productividad agraria muy alta con costes muy bajos, pero hay que preguntarse si a largo plazo la Unión Europea puede seguir siendo una potencia agrícola con el cambio climático. También entiendo que hay que proteger a la agricultura, pero a cambio no se puede bloquear un acuerdo que beneficiaría al resto de la economía", zanja Ayuso.
El producto más temido de Mercosur en Europa es la carne de vacuno: si Francia tiene 16 millones de cabezas y es la potencia regional, en Argentina pastan 53 millones y en Brasil 230 millones. En la agricultura, los profesionales están inquietos por la llegada masiva de arroz, maíz, remolacha azucarera, almidón y frutas.
José María Castillo, director de la oficina de Asaja ante la Unión Europea, apunta a que el pacto con Mercosur "sería una bomba que haría estallar la agricultura y la ganadería" europeas, y critica que no podrían competir porque las exigencias fitosanitarias, laborales y fiscales estarían descompensadas. Sobre este asunto, Anna Ayuso explica que pedir a Mercosur que adopte nuestros estándares de uso de pesticidas no violaría las reglas de la Organización Mundial del Comercio, siempre y cuando sea bajo acuerdo mutuo.
El segundo punto caliente que señalan los agricultores es el Pacto verde Europeo, un macroacuerdo promovido por la Comisión en 2020 que pretende reducir el impacto ecológico de la economía. El pacto pone obligaciones a todos los sectores para reducir las emisiones, proteger las especies autóctonas, regular el uso de químicos, instalar renovables… y para el campo supone aumentar la agricultura ecológica y reducir el uso de fitosanitarios, entre otras medidas.
Los expertos en el sector primario español inciden en que la agricultura tradicional se encuentra sumida en una crisis identitaria por la presión que llega desde Bruselas para transformar el sector, y la subida de costes de los últimos dos años. Tomás García Azcárate, Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, describe una profesión envejecida que en cuestión de tres años ha tenido que digitalizarse, reducir el empleo de pesticidas y proteger la biodiversidad en las fincas. Cree que la Comisión "actuó de forma prepotente" al introducir el Pacto Verde sin negociar con el sector y cuando la PAC de 2023 ya llevaba dos años en negociaciones. "Hay una contradicción en Bruselas al exigir cada vez más a los agricultores y menos a las importaciones. A esto se suma que la distancia ideológica entre la población de las ciudades y del campo está cada vez más separada, porque los primeros piden más medidas de protección animal y del medioambiente, y los segundos se sienten incomprendidos", opina el experto.
En realidad, el sector agropecuario estaría separado en dos partes. Las grandes explotaciones en manos de inversores agrícolas o familias latifundistas ya usan drones, imágenes satelitales y tienen los cultivos repletos de sensores para maximizar la eficiencia y reducir el consumo de agua y fertilizantes, por lo que se adaptan fácilmente a las exigencias comunitarias. Mientras que las pequeñas explotaciones familiares tienen que endeudarse para poder realizar estas inversiones, al tiempo que la rentabilidad de la profesión cae por la inflación y la presión de los supermercados.
Aunque la tecnología no sea accesible para todos, los expertos señalan que en general sí hay una buena acogida para la protección del ecosistema. "Casi el 70% de los agricultores españoles se acogió el año pasado a los ecorregímenes de la Unión Europea. Es falso que la adaptación al cambio climático sea un castigo para los agricultores, por mucho que alguna organización agraria difunda ese mensaje", añade Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y exinvestigador del CSIC. Los ecorregímenes son una línea de la PAC, que representa el 20% de las ayudas directas, y se dan a ganaderos y agricultores que protegen la biodiversidad en sus terrenos. Como la PAC mantiene su presupuesto congelado, quien no se ha adaptado ha perdido parte de las ayudas que recibía.
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No es coincidencia que los agricultores europeos se hayan levantado al mismo tiempo. Por una parte, la profesión está más liberada de trabajo en los meses de invierno. Por otro, apenas quedan cinco meses para las elecciones europeas y el sector primario será clave gracias a los millones de votos que aportan las zonas rurales.
La derecha y la extrema derecha se disputan la mayoría a través de discursos negacionistas con el cambio climático y políticas proteccionistas, mientras la izquierda no consigue abrirse hueco con el discurso verde, pese a que el sector es la principal víctima del cambio climático en la economía. El año pasado, Agroseguro —el consorcio de aseguradoras agrarias— registró un récord de siniestralidad en España de 1.241 millones, frente a 793 millones en 2022 y casi el doble que en 2019, debido a la sequía, el granizo y las inundaciones, que se aceleran por el calentamiento global.
El Partido Popular Europeo firmó la pasada primavera un manifiesto proagrario para movilizar el voto rural con vistas a 2024, y peleó con los socialistas y los verdes para tratar de tumbar la ley de restauración de la naturaleza y el proyecto para reducir los pesticidas. José María Castillo, de Asaja, una organización ideológicamente conservadora, reconoce que su sector aspira a tener un peso fuerte en el Parlamento Europeo, y que muchos partidos tratarán seducirles. "No somos estúpidos, sabemos que muchos partidos quieren subirse al carro de los agricultores, pero si estamos en esta situación es precisamente por culpa de los políticos. Sabemos quién ha estado de nuestro lado y quién nos quiere para sacar rédito político", concluye. Por ahora, el PPE lidera las encuestas al Europarlamento con unos 170 diputados, frente a los 139 socialistas. Identidad y Democracia, donde hay partidos de extrema derecha como Afd (Alemania) o Lega (Italia), se sitúa en tercera posición con 87, seguido de los liberales Renew Europe. Los verdes y la izquierda caen hasta la sexta y séptima posición, según la encuesta de encuestas elaborada por Politico.
