La discrepancia energética con Francia se enquista y deja en el aire el futuro de las conexiones de gas y luz

Dos semanas después de que se aireasen las diferencias entre España y Francia sobre el futuro del gasoducto H2Med, las posiciones de los dos gobiernos se mantienen inamovibles y no aclaran el futuro de las conexiones energéticas entre los dos países. Los gobiernos a ambos lados de los Pirineos se culpan de entorpecer el acuerdo para la construcción de la tubería. Al mismo tiempo, la construcción de una red eléctrica en el Golfo de Vizcaya se ha visto afectada por un incremento de costes que parece no gustar a los reguladores de ambos países. 

Este jueves, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió en la necesidad de sacar adelante ambas conexiones porque servirían para reducir la dependencia de Europa del gas ruso y asegurar que ningún país se queda sin energía. "Las conexiones energéticas no solo importan a los vecinos, son una red europea que ofrece soluciones cuando se necesiten. La interconexión eléctrica con Francia debe ser reforzada", aseguró durante su ponencia en el Foro Nueva Economía.  

Sin embargo, la vicepresidenta tercera volvió a acusar a París de frenar la construcción del H2Med, una disputa dura ya un cuarto de siglo. Ribera dejó caer que el país vecino usa el gasoducto como arma para negociar en Bruselas la reforma de la directiva de renovables, donde Francia trata de introducir con calzador que el hidrógeno producido con energía nuclear (conocido como hidrógeno rosa) compute como renovable. "Cada país es libre para establecer el mix energético que quiera. Pero no es lo mismo ser bajo en carbono que usar energías renovables", dijo interpelando a Francia.

La ministra se refiere a la fase final de las negociaciones que tienen lugar ahora en Bruselas sobre la reforma de la directiva de energías renovables, que lleva sin cambios desde 2018 y que debe actualizarse al nuevo paradigma de la guerra de Ucrania. La conocida como RED III pretende endurecer el porcentaje de renovables sobre la energía total consumida (se espera que alcance el 45%) a 2030, pero también la penetración del hidrógeno renovable en la industria (42% por ahora, a falta de cerrar la negociación) y el transporte (5,7%, de momento). 

Francia, que alberga la mitad de los reactores nucleares de la Unión Europea, presiona estos días duramente en Bruselas para que el hidrógeno de origen nuclear compute como renovable, o al menos no sea penalizado en la futura directiva. Esto permitiría a ese país alimentar durante las próximas décadas a la industria, los hogares y los vehículos con electricidad (e hidrógeno) generada en sus 56 reactores, ya que de otra forma tendría que deshacerse de su parque nuclear y sustituirlo por paneles solares y molinos de viento, como hace ya España y el resto de la UE. Es decir, París se juega ahora miles de millones de euros y el futuro de su sistema energético. 

"Francia está empujando mucho para que se tenga en cuenta el peso de la nuclear en su generación de electricidad y está metiendo el H2Med de por medio, pero no tiene nada que ver", recalcan desde el gabinete de Nicolás González, eurodiputado socialista en el Parlamento Europeo que negocia en Bruselas la reforma de la directiva RED III. 

La Comisión se pronunció hace unos días sobre este asunto y dio parte de razón a Francia, al declarar que un país que tenga una generación eléctrica que emita menos de 65 gramos de CO₂ por cada kilovatio de luz producido no necesitará construir nuevas plantas de generación renovable para que el hidrógeno que produzca sea considerado verde. Francia emite ahora 73 gramos, el segundo país que menos contamina de Europa en su generación eléctrica.

París no está sola en esta gesta, otros ocho países como Polonia, Rumanía y Croacia también defienden esa posición. "El hidrógeno bajo en emisiones será la clave para lograr el objetivo de la descarbonización de la industria y el transporte europeo sin socavar el crecimiento económico", señalaron los nueve gobiernos, incluido el francés, el 1 de febrero en una carta dirigida a la comisaria de Energía y al comisario de Comercio Interior de Bruselas. 

¿Qué dice Francia? 

Francia no ha ocultado que su objetivo es forzar al Parlamento y al Consejo Europeo a dar el visto bueno al hidrógeno rosa, pero en España y Alemania ha encontrado a sus dos grandes opositores.

Como declaró a El País un funcionario del Gobierno francés, ese fue el desencadenante de la guerra sobre el gasoducto: "La viabilidad económica del proyecto H2Med corre el riesgo de ser cuestionada si los resultados de las negociaciones europeas no tienen en cuenta el hidrógeno bajo en carbono, porque la producción de hidrógeno quedará entonces comprometida". 

Francia argumenta que sin sus centrales nucleares no podrá generar hidrógeno, y, por tanto, no podrá fluir por el H2Med. Y no solo eso, también peleó para que por el tubo pueda circular su hidrógeno de origen nuclear, pese a que el Gobierno español dijo que estaría enfocado exclusivamente al hidrógeno renovable. Este bache, no obstante, ya se ha superado y Francia tiene lo que quería.

Silencio administrativo sobre la conexión eléctrica 

La esperada conexión eléctrica entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya también avanza rodeada de misterio desde hace semanas. Se trata de una tubería submarina entre Cubnezais (Francia) y Gatika (País Vasco) que aumentaría el comercio de electricidad entre los dos países y que fue declarada proyecto de interés común por Bruselas en 2013. 

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Tras varias demoras, el proyecto recibió un impulso definitivo en diciembre durante la cumbre del presidente Pedro Sánchez y su homólogo Emmanuel Macron en Alicante, pero poco después se conoció que el presupuesto del proyecto alcanza ya los 3.100 millones de euros debido al encarecimiento de las materias primas, frente a los 1.750 que se presupuestó en 2017. 

La ministra Ribera afirmó la semana pasada que los retrasos del proyecto han provocado que se construya en el peor momento posible, en mitad de una ola de inflación. La vicepresidenta tercera añadió que ahora habrá que ver si el sobrecoste de la obra se carga a cuenta de los consumidores de electricidad, en forma de mayores cargos en el recibo en el futuro, o se cubre con el presupuesto del Estado. Y dejó claro que peleará para que los costes añadidos se dividan con Francia. "Nosotros siempre vamos a velar porque sea un reparto equitativo entre los dos países", dijo.

Desde la CNMC, el organismo encargado de negociar el reparto de costes con el regulador francés (CRE), se limitan a afirmar que los dos organismos están todavía en conversaciones, pero que en todo caso la construcción no está descartada. Desde CRE responden igual.