El Gobierno veta las macrogranjas de vacuno y prohíbe la construcción en Soria de la mayor de Europa
El Gobierno regulará por primera vez la instalación de macrogranjas de vacuno en España, una industria muy contaminante que no contaba hasta ahora con una ley de ordenación, como sí ocurría con explotaciones de otros animales. A partir de ahora no podrán construirse nuevas granjas de más de 725 vacas de leche, una medida que veta de facto la construcción de la lechera de Noviercas (Soria), la que sería la mayor vaquería de Europa y una de las mayores del mundo.
El Ministerio de Agricultura, que lidera la medida aprobada en el Consejo de Ministros este martes, argumenta que la medida era necesaria para cumplir con las exigencias de la política agraria y medioambiental de Bruselas. También para proteger por las pequeñas explotaciones familiares, ya que de media las granjas bovinas españolas tienen 64 animales.
La medida cierra la puerta a la ganadería industrial en los próximos años, aunque a corto plazo la legislación va destinada a acabar con la construcción de una lechera de Soria, un proyecto que lleva en marcha seis años y que ha levantado una fuerte contestación social. Los vecinos de la zona se han concentrado en varias ocasiones y han recaudado casi medio millón de firmas para frenar un proyecto que invadiría un pueblo de apenas 150 habitantes.
La granja aspiraba a ocupar 150 hectáreas de terreno –casi dos veces el aeropuerto de Barajas– y a acoger a 23.500 vacas, tres veces más que la mayor granja de vacuno existente en España, que precisamente dirige la misma empresa que pretendía construir la de Noviercas. El proyecto contaba además con el apoyo del ayuntamiento del municipio (PP) e incluso llegó a ser abrazado por el PSOE cuando se anunció en 2017.
Asociaciones ecologistas y vecinales han luchado durante un lustro contra su construcción con el argumento de que este tipo de industrias destrozan el ecosistema. Según Greenpeace, la granja emitiría al año el equivalente a 574.000 toneladas de CO₂, lo mismo que 122.000 coches en un año.
Un portavoz de Valle de Odieta, la cooperativa familiar que pretendía montar la explotación, afirma que aún deben revisar el real decreto y que a partir de ahí decidirán si presentar un recurso. En todo caso, afirma que es una mala noticia porque España importa un 35% de la leche que consume y cada año cierran el 12% de las lecheras por los elevados costes y la carga de trabajo. "El negocio se hace con grandes explotaciones o no se hace", afirman desde la empresa.
Los habitantes de la zona luchan desde 2015 para frenar la construcción de la planta y ahora celebran la noticia como un enorme logro de una zona empobrecida en población, pero rica en recursos naturales. "Queremos una provincia libre de grandes industrias que no dejan más que contaminación y solo enriquecen a unos pocos", dice Begoña Izquierdo, cofundadora de la Asociación Hacendera.
Este grupo nació de las charlas que los vecinos de la comarca del Moncayo tenían en los bares cuando se conoció la intención de la cooperativa Valle de Odieta de levantar una granja industrial en Noviercas. La empresa es conocida en la región porque ya cuenta con una planta similar en Caparroso (Navarra) con 8.000 vacas que ha sido denunciada hasta 19 veces, todas ellas recurridas por la empresa.
El principal impacto de esta planta en el medio es en la filtración de nitratos a las aguas subterráneas, un problema habitual de las macrogranjas porque generan enormes cantidades de heces animales. Cuando estos compuestos llegan a los acuíferos, las balsas se contaminan poco a poco hasta que el agua no es apta para consumo humano, como ocurre en un tercio de las reservas subterráneas de la zona del Ebro.
En un informe remitido el año pasado, más de una decena de asociaciones ecologistas denunciaron ante el gobierno navarro que la granja de Valle de Odieta en Carraposo también consumía mucha más agua de la autorizada. Tras la presentación del informe y por sus declaraciones a la prensa Luís Ferreirim, responsable de Agricultura en Greenpeace, fue denunciado por la empresa en los juzgados de Plaza Castilla, un caso que continúa abierto.
La única victoria que se ha apuntado la cooperativa fue cuando hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Navarra les dio permiso, en contra de lo dictado antes por el departamento de Medioambiente, para ampliar la explotación de Caparroso hasta las 11.000 cabezas de ganado. Desde la cooperativa también explican que esa instalación atrapa el metano y con él genera electricidad y trata el agua para que vuelva a ser potable. Por el contrario, un análisis de Greenpeace de las aguas cercanas reveló niveles de nitratos por encima del límite legal de 50 mg por litro.
Una legislación necesaria
Un pueblo de Zaragoza, en pie contra la instalación de una macrogranja que lo dejaría sin agua
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El decreto del Gobierno es uno de los pasos indispensables, según los expertos, para frenar el avance del calentamiento global. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO₂, aunque tiene la ventaja de que desaparece de la atmósfera al cabo de una década. Pese a su corta vida, este gas es responsable de una cuarta parte del aumento de la temperatura de la Tierra, que ya es 1,1 grados más cálida que en el periodo 1850-1900. "Las granjas de vacuno son auténticas fábricas de cambio climático", resume Ferreirim, de Greenpeace.
En los últimos dos años, hasta 150 países, entre ellos toda Europa y Estados Unidos, se han comprometido a reducir un 30% sus emisiones de metano en 2030 frente a 2020, poniendo especial atención al producido por la ganadería, los vertederos y la generación eléctrica. "Este paso es absolutamente crítico para mantener al alcance el objetivo de calentamiento de 1,5 grados", dijo en la COP27 de Egipto el enviado estadounidense, John Kerry. España es precisamente uno de los países que más tendrá que trabajar en esta materia, ya que es el cuarto de la Unión Europea con más cabezas bovinas, con 6,5 millones de animales.
Quienes apoyan la construcción de estas granjas industriales suelen argumentar que ayudan a regenerar la economía de las zonas rurales y poco pobladas, como argumentó el Gobierno de Aragón a infoLibre en un reciente artículo. Sin embargo, un análisis de Datadista reveló que el 80% de los municipios pequeños (menos de 5.000 habitantes) con macrogranjas han perdido población en la última década. La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) también calculó en 2017 que la nueva explotación de Noviercas sustituiría a 432 explotaciones de vacuno familiares y destruiría 726 empleos en la zona.
