La ley de restauración de la naturaleza, la interminable disputa que resurge con las elecciones europeas
La disputa política alrededor de la Ley de Restauración de la Naturaleza parece no terminar nunca. Aunque la propuesta de la norma llegó en junio de 2022, no fue hasta primavera del año pasado cuando ganó notoriedad porque empezó a capitalizar la lucha política entre progresistas y conservadores en Bruselas. En noviembre, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión acordaron el texto que fue refutado después por los europarlamentarios, pero en el último momento Hungría se ha revuelto contra la ley para mandar una señal de apoyo al sector primario, y su voto es indispensable para que la norma salga adelante.
Hungría se había mantenido hasta ahora favorable a que la legislación siguiese adelante e incluso dio su visto bueno durante las negociaciones de los trílogos, donde los Estados miembros están representados dentro del Consejo, pero en realidad solo estaba esperando a la votación decisiva, la de los ministros de Medioambiente de los Veintisiete, para jugar sus cartas. Junto a Hungría hay un bloque de países que lleva desde el primer momento tratando de hundir la norma, pero no eran suficientes hasta ahora para bloquear su tramitación. Se trata de Países Bajos, Finlandia, Hungría, Italia, Polonia y Suecia, que han votado en su contra reiteradamente, y a ellos se unen Austria y Bélgica, que se abstienen en la votación, el equivalente a votar 'no'. Estos ocho gobiernos están liderados por fuerzas conservadoras, liberales o de extrema derecha, y se trata de un nuevo episodio de la disputa entre las derechas para captar el voto rural.
César Luena, eurodiputado socialista y coordinador de la ley en el Parlamento, reconoce la negociación de la ley durante su etapa parlamentaria fue muy dura y los socialistas y los verdes cedieron en múltiples puntos para sacar la legislación adelante, eliminando muchas de las medidas que garantizaban la biodiversidad en las granjas. "Todas las precauciones se incluyeron en el pacto. Rebajamos mucho los índices de protección de la biodiversidad agrícola y se aceptaron las exigencias del campo. Honestamente, si hubo algo que capitalizó las negociaciones, fue encajar en la ley la agricultura, la ganadería y la pesca", afirma. En todo caso, es optimista y cree que la ley saldrá adelante el 17 de junio, cuando en principio los 27 ministros votarán su ratificación. Una de las claves de esa jornada es que se celebrará después de las elecciones europeas, con las aguas más calmadas.
Para que la ley sea finalmente aprobada es necesario una mayoría cualificada del conjunto de ministros de Medioambiente, que equivale al 55% de los estados miembros y al 65% de la población europea. Ese grupo de ocho países opositores roza los 150 millones de personas, un tercio de la población, pero con los 10 millones de Hungría alcanzan el porcentaje necesario de bloqueo. El movimiento es interpretado como un giro político de Viktor Orbán, el líder húngaro, con una posición habitualmente antieuropeísta, para calentar las ascuas de cara a las elecciones comunitarias del 9 de junio.
La votación final de los 27 ministros sobre la ley todavía no está fijada en la agenda, sino que la presidencia belga del Consejo de la UE está esperando a tener una mayoría consolidada para establecer una fecha. La próxima cita de los titulares de Medioambiente es el 17 de junio y sería una ocasión óptima, ya que será su última reunión antes de que la presidencia rotatoria pase, precisamente, a Hungría, que podría posponer la consulta indefinidamente para boicotear la ley. Las elecciones europeas no afectarán al proceso de votación de la norma, puesto que el Parlamento Europeo, que es el que se somete a votación el 9 de junio, ya la ha ratificado.
La ecologista Sabel Leemans explica también que la Ley de Restauración es un paso indispensable para el medioambiente en la Unión Europea. "Hemos perdido mucha naturaleza en el continente en las últimas décadas y debemos recuperarla", opina. El objetivo principal de la norma es que cada país apruebe medidas para recuperar zonas degradas en el 20% de su territorio y de sus aguas en 2030, por ejemplo, sobre zonas que se han desertificado o erosionado por riadas, por la sequía o simplemente debido al abandono de la agricultura. La meta final es que en 2050 todo el mapa europeo tenga medidas de recuperación de la biodiversidad.
César Luena recuerda que la Unión Europea se comprometió a cerrar este pacto en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, durante la cumbre de la ONU de la Biodiversidad, la COP15, y fallar a ese pacto mandaría una pésima señal al resto del mundo, que ve en la Unión Europea como un ejemplo a seguir. "Tiene que haber una Ley de la Restauración porque si vamos a la COP16 sin ella, perderíamos la credibilidad", resume el europarlamentario.
La disputa de última hora se enmarca en la campaña electoral de las europeas, donde el Partido Popular Europeo (PPE) aspira a revalidar su victoria de 2019, aunque mejorando su anterior resultado, puesto que no fue suficiente para imponer su agenda en Europa debido a que los socialistas y los liberales se han aliado durante los últimos cinco años en un amplio abanico de temas. La respuesta del PPE ha sido un giro a la derecha y una apuesta por capitalizar el voto rural, de ahí que haya convertido la Ley de Restauración de la Naturaleza en una guerra política. Hace un año, cuando el Parlamento debatió su primer posicionamiento sobre la norma, el PPE abandonó las conversaciones y pasó a la ofensiva, argumentando que era un peligro para los agricultores y ganaderos.
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Leemans explica que ese dilema entre agricultura y medioambiente es falso debido a que la ley que prepara la Unión pretende precisamente apoyar a la agricultura, aunque los cambios que traiga supongan temporalmente una carga de trabajo extra para el campo. "No se trata solo de proteger la naturaleza, sino de garantizar la seguridad alimentaria. La ley protege a los insectos polinizadores y sin ellos muchos de los cultivos no podrían desarrollarse. De hecho, la Comisión calcula que por cada euro invertido en la Ley de Restauración se recuperan ocho, y por eso muchas compañías han pedido a la Unión Europea seguir adelante con ella", termina.
Para presionar en la negociación de última hora, once ministros de Medioambiente publicaron el pasado martes una carta en la que piden sacar la norma adelante en el próximo Consejo del 17 de junio. "Europa es el continente que más rápido se calienta y sufre impactos sin precedentes por la crisis climática. (...) Este retroceso en compromisos ya alcanzados dinamita nuestras instituciones pone en duda el sistema político europeo", se lee en la misiva. El documento está encabezado por Eamon Ryan, ministro de Medioambiente de Irlanda, y está firmada por Teresa Ribera, su homóloga española. También firman Alemania, Francia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Lituania, Eslovenia, Dinamarca y Chipre.
La organización WWF también publicó el pasado jueves una encuesta que afirma que el 75% de los ciudadanos de los países contrarios a la Ley de Restauración de la Naturaleza están a favor de que salga adelante. Recibe el mayor apoyo en Italia, con un 85% de ciudadanos a favor, seguido de Hungría, con un 83%, y Polonia, con un 72%.
