Junts y PNV apoyan el cierre nuclear y dejan solo al PP en su intento de alargar la vida de las centrales

Este martes tuvo lugar un curioso debate en el Congreso sobre alargar la vida de los siete reactores nucleares españoles, sin que los propietarios de las centrales hayan reclamado hacerlo. El PP planteó alargar indefinidamente el calendario de cierre de las centrales y solo le siguió Vox, mientras que PNV y Junts per Catalunya defendieron que el apagón pactado en 2019 es inamovible y que ahora toca discutir sobre las tecnologías que sustituirán al uranio. Tanto el Gobierno como sus socios apoyaron la desconexión de los reactores, aunque los nacionalistas catalanes advierten que están muy preocupados por el futuro de la industria por el cierre de los tres de Tarragona.

En noviembre de 2027 está previsto el apagón de Almaraz I (Extremadura), y el resto de reactores se desconectarán en los siguientes meses, hasta culminar en 2035. El Partido Popular propuso este martes en el hemiciclo prolongar este calendario mediante una Propuesta No de Ley (PNL), que se votará este miércoles, aunque no es vinculante. En todo caso, el debate sirvió para escuchar las posiciones del resto de partidos, especialmente de los nacionalistas vascos y catalanes, muy ligados políticamente al sector de la energía y a la industria.

El PNV no vaciló y su portavoz, Idoia Sagastizabal, dijo que “este debate está superado” en España. “Es verdad que ha resurgido en Europa por la guerra de Ucrania. Y es verdad que la nuclear tiene a su favor que genera energía de bajas emisiones, de manera constante y que es independiente de la climatología”, comenzó. “Pero sigue teniendo desafíos como la inversión, los costes de operación y la gestión de los residuos radioactivos”. La posición del PNV era este martes clave en el debate porque el partido vasco ha tenido una estrecha relación histórica con Iberdrola, la mayor eléctrica de España y la principal propietaria del parque nuclear español.

Sagastizabal también recordó en el hemiciclo que la PNL tiene poco recorrido porque “la generación eléctrica está liberalizada en España” y las compañías no han pedido renegociar el cierre. “Tampoco dice [el PP] que las principales propietarias solo estarían dispuestas a alargar la vida de las centrales si tienen unos ingresos garantizados, que ascenderían a unos 60 euros por megavatio hora, lo que ahora no se da en muchas horas. Por lo que el Gobierno tendría que articular un mecanismo para garantizar esa rentabilidad que acabaríamos pagando todos”, terminó.

También suscitaba interés la posición de Junts, la derecha nacionalista catalana, debido a que esta región alberga tres de los siete reactores españoles en Tarragona (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II), y el peso histórico de esta energía en la industria de Cataluña ha sido imprescindible desde hace cuatro décadas. Casi el 60% de la electricidad generada el año pasado en esta comunidad fue de origen nuclear, y su ausencia en el futuro tendrá que ir acompañada de un despliegue muy intenso de las energías renovables, que hasta ahora han estado prácticamente desaparecidas en la región.

Precisamente esa fue la argumentación de Junts. Pilar Calvo, su portavoz en el asunto, comenzó explicando que el apagón nuclear genera “mucha preocupación” en la región, pero subrayó que su partido “no está a favor de perpetuar la nuclear”. Junts también aprovechó para culpar al Gobierno central de que Cataluña tenga una minúscula producción de energía renovable, e incidió en que necesitan mucha más eólica y fotovoltaica de aquí a 2030. “¿Alguien puede garantizarnos que en tan pocos años tengamos garantías para prescindir de la nuclear?”, se preguntó la diputada. “Estas garantías nos las tiene que dar el PSOE, que en otras ocasiones no ha sido de fiar”, dijo Calvo. Aunque omitió que hasta 2019 el Govern impuso una moratoria a la instalación de renovables en Cataluña, una sentencia de muerte para su despliegue.

Esquerra Republicana también defendió de manera firme el calendario nuclear actual y cuestionó que el Gobierno central no haya impulsado el despliegue de las renovables en Cataluña. Jordi Salvador i Duch, su portavoz, solo añadió que la prioridad debe ser ahora proteger a los trabajadores. “El cierre debe hacerse, pero debe hacerse bien. Deben darse estas condiciones innegociables: garantía de transición energética hacia las renovables, plan de reindustrialización para las zonas afectadas y protección laboral para los trabajadores”, dijo el portavoz de ERC.

El Partido Popular también aprovechó para llevar al Congreso algunos de los mantras del sector nuclear ya desmentidos, como que España “va en dirección contraria al resto de la Unión Europea” porque va a apagar su parque nuclear. Pero Bélgica terminará de desconectar este año cinco de sus siete reactores, Alemania culminó su proceso en 2023 tras apagar 17 reactores y en Italia está prohibida su construcción desde 1987, aunque la primera ministra Giorgia Meloni quiere revertir el veto con un referéndum en 2027. En la Unión Europea, solo 11 países tienen reactores atómicos operativos en este momento o en construcción, según la Asociación Nuclear Mundial (WNO). 

Guillermo Mariscal, el diputado del PP que lideró la PNL, también culpó al Gobierno de tener una “obsesión ideológica” contra el sector atómico y afirmó que si las centrales no han pedido extender su vida útil es por culpa de los impuestos. María Saínz, del PSOE, contestó que la fiscalidad no ha variado desde la última subida de 2012, cuando Mariano Rajoy introdujo el impuesto al combustible nuclear gastado, que desde entonces no ha cambiado, y el impuesto del 7% a los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica (IVPEE). 

Cuando habla de fiscalidad, el PP se refiere en realidad a la subida de la tasa Enresa de 2024, una tasa que pagan las centrales por cada kilovatio producido y que cubre el coste de desmantelar las cinco centrales españolas y de hacerse cargo de los restos radiactivos de aquí a 2100, una tarea que asume el Estado. La Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen ha insistido en los últimos días en que esa tasa no es un impuesto, sino una obligación ambiental de las compañías.

La PNL del Partido Popular no solo pedía posponer la vida de las nucleares, sino un decálogo de medidas de apoyo al sector y las zonas donde se asienta. Por ejemplo, reclama “facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares”, una de las peticiones recurrentes de sus dueños, y de forma indirecta es una manera de pedir una rebaja de impuestos o una renegociación de la tasa Enresa a la baja. También instaron al Gobierno a sentarse a hablar con las comunidades autónomas afectadas y los ayuntamientos, a lo que el Ministerio de Transición Ecológica ya ha contestado que las zonas donde se cierren las centrales tendrán planes de reconversión industrial, como tuvo en su día el sector del carbón.