Nadie habla claro sobre el emérito

El análisis del discurso político puede ser muy divertido. Una pena que suela tener que ver con cuestiones de gran trascendencia poco apropiadas para bromear. Este razonamiento de partida tiene una explicación. En la mayor parte de los casos, los portavoces no pueden decir exactamente lo que piensan. Lo normal es que tengan que dar a conocer una opinión institucional que ha sido decidida por los órganos ejecutivos de cada organización. Por tanto, no siempre el que tiene que dar la cara públicamente defiende lo que honestamente cree. Además, las complicaciones derivadas del ejercicio de la política obligan de forma rutinaria a utilizar eufemismos o recurrir a curiosas fórmulas para eludir meterse en un problema.

La actividad profesional de la comunicación política ha de trabajar en dos frentes. Por un lado, en la creación de ese tipo de mensajes en los que lo que se dice no suele ser exactamente lo que se quiere decir. En una segunda fase, se hace necesaria otra actividad, la de ser capaces de traducir esas declaraciones. En definitiva, la comunicación política es finalmente un idioma en sí mismo. Aquellos que lo dominan, tanto en su capacidad expresiva como en la interpretativa, son los que acaban teniendo una significativa ventaja sobre el resto.

Un caso paradigmático que daría para la elaboración de un buen trabajo de investigación es el que estamos viviendo estos días tras la decisión del rey emérito de marcharse fuera de España. Si lo pensamos dos veces, nos daremos cuenta de que no hay una sola declaración pública referida a este asunto que no requiera serias habilidades de interpretación lingüística. Casi todos sabemos de lo que se habla, aunque cada uno busca alguna curiosa formulación oratoria para envolver la manera de afrontar una cuestión especialmente delicada.

El llamativo comunicado de la Casa Real

Los acontecimientos vividos estos últimos días tuvieron como punto de arranque el comunicado de la Casa Real que se hizo público el pasado lunes, día 3. Sólo ese texto ya merecería un extenso análisis teniendo en cuenta el denodado esfuerzo que sus redactores pusieron en no llamar a nada por su nombre auténtico, para al final decir lo que todo el mundo entendió: el emérito se iba de España. Esta conclusión tampoco parece estar clara, porque ¿qué ha hecho el emérito? ¿Se ha exiliado? ¿Se ha fugado? ¿Se ha escondido? ¿Ha cambiado de residencia? ¿Se ha ido de vacaciones? En la carta, que cuentan que Juan Carlos escribió a su hijo, decía textualmente que le comunicaba la "meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Tan evidente es que se ha trasladado como que no se trata de un traslado común y corriente. Parece claro que este "traslado" significa algo mucho más delicado.

El comunicado incluía otra joya de sofisticado ejercicio de eufemismo político. Una obra maestra de la literatura de encubrimiento: "Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada…". Es decir, que hay serias posibilidades de que le empuren por corrupción. Es una fórmula que podían haber empleado ante el juez Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Bárcenas o cualquier otro condenado o presunto delincuente, como intento de encubrimiento, aunque es dudoso que les hubiera dado resultado.

Lo que no dicen y lo que sabemos

Llaman la atención los complejos recovecos que el exmonarca recorre en su comunicación para que los españoles supiéramos que desaparecía del mapa. Juan Carlos, al parecer, envía una carta a su hijo, el rey. Este se la hace llegar a su equipo de trabajo. A su vez, éstos redactan un comunicado que distribuyen a los medios de comunicación, para que finalmente sean éstos los que hagan llegar la noticia a los ciudadanos. Parece evidente que el emérito lo único claro es que no estaba dispuesto a dar la cara de ninguna manera ante los españoles.

La espesura de la declaración de la Casa Real pone en apuros a quienes intentan apoyarla. Un ejemplo pudo verse en las declaraciones a la prensa que hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preguntada por la cuestión en Asturias, el pasado día 5. En un canutazo ante los periodistas no pudo ser muy clara: "El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa, simplemente decide salir del país y da las razones que las conocemos todos". Realmente, ¿las conocemos todos?

A nadie se le escapa que estamos manejando material altamente delicado. La cuestión monárquica se ha convertido en eje de confrontación política y social y no puede abordarse sin medir las consecuencias que cada declaración o posicionamiento puede tener. Por este motivo, todos los partidos intentan estos días encontrar la fórmula para dar a conocer su postura y sacar el máximo rédito político. La coyuntura es especialmente delicada teniendo en cuenta la etapa de emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país y la previsible próxima convocatoria electoral en Cataluña.

Pedro Sánchez, en su papel institucional

El Partido Socialista tiene la fortuna de estar en el poder en este momento. Esta situación le facilita anteponer su responsabilidad institucional por encima de todo lo demás. Para el PSOE, en el fondo, esta crisis aparece como una oportunidad para asentar la idea de que Pedro Sánchez está muy lejos de ser el ultraizquierdista que una parte de la derecha quiere ver. Buena parte del discurso del PP, en su momento el de Albert Rivera y, por supuesto, a diario el de Vox se cimentan en presentar a Sánchez como un peligroso radical sin escrúpulos que busca un cambio de régimen político para convertirnos en una república bolivariana.

Pedro Sánchez casi podríamos decir que ha tenido la suerte de poder apoyar a Felipe VI, de defender la estabilidad institucional y de desmarcarse de cualquier vinculación con las posibles actuaciones delictivas que haya podido realizar el emérito. El pasado martes, día 4, el presidente compareció en rueda de prensa y buscó no salirse de su carril en todo momento: "El Gobierno, y yo como presidente, manifestamos absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real, para distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real".

La diferencia de criterio entre PSOE y UP

El principal problema que tiene el presidente del Gobierno es el de hacer frente a la inevitable tensión que puede surgir desde UP, cuya posición crítica respecto a la continuidad de la institución monárquica es pública y notoria. Sánchez busca eludir el conflicto en todo momento y ha encontrado una formulación para evitar el choque directo: "Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas y en este caso don Juan Carlos". Se trata de separar al exmonarca de la institución en todo momento.

La propia crisis sanitaria y económica le sirve al PSOE actualmente para evitar un debate abierto sobre la vigencia de la monarquía en los tiempos actuales: "España necesita en un momento como el actual estabilidad e instituciones robustas" afirmó Sánchez en la misma rueda de prensa. Para no dejar dudas respecto a la posición del ejecutivo de coalición, concluyó: "El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional".

En la carta a los militantes, que el pasado jueves hizo pública, dejó clara la estrategia del partido: "El peor error que podemos cometer es regalar a los conservadores la exclusividad del legado institucional. Somos leales a la Constitución, a toda, de principio a fin. Y la defenderemos a las duras y a las maduras". Para el PSOE, que se despertara alguna duda sobre su defensa del actual modelo constitucional, se considera un grave riesgo que podría desvincular a buena parte de los votantes moderados que hoy le apoyan.

Para UP, un poco de espacio abierto

Para Unidas Podemos, la polémica en torno al "traslado" de Juan Carlos I, no le viene nada mal. A todos los niveles supone poner en el primer plano del debate público un asunto que le beneficia. El único inconveniente que tiene Pablo Iglesias es el de poder diferenciar su opinión, la del partido y la de todos sus militantes y votantes, de su responsabilidad institucional como vicepresidente del gobierno. Evidentemente, algunos medios de comunicación, particularmente los antigubernamentales, piensan que este asunto puede abrir una grave crisis en la estabilidad del gobierno y no pararán de hablar de una grieta hasta ahora inexistente.

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias son conscientes de que un cierto enfrentamiento público les favorece a ambos, siempre y cuando no se les vaya de las manos. Al PSOE le interesa que se visualice su moderación en defensa del marco constitucional. A UP, este caso le permite que se muestre públicamente su identidad como fuerza reivindicativa no siempre complaciente con lo marcado por Sánchez.

El horizonte electoral

Pablo Iglesias ha podido comparecer públicamente, por vez primera en semanas, para hablar de algo que no fueran los problemas internos por los que la prensa siempre le preguntaba. De alguna forma, el debate sobre la monarquía sirve para poder entender la vigencia de la identidad de su organización política, particularmente ante el electorado más joven. Así lo explicaba en su entrevista el día 4 en Telecinco: "Tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España y es legítimo que ese debate se dé y que nosotros seamos sensibles a ese debate".

Otra cuestión diferente es el caso de los comunes en Cataluña.comunes De cara a las elecciones anunciadas, la formación tiene ciertas dificultades para encontrar un discurso diferenciador y atrayente ante los votantes. Sin embargo, la cuestión monárquica les permite aparecer en el escenario público con declaraciones más provocativas y radicales que las que pueden hacer sus compañeros madrileños. No es casual que las manifestaciones más sonoras sobre la cuestión dentro de UP hayan venido desde territorio catalán. Ada Colau fue contundente en la Ser, el día 5: "Felipe VI tiene muchas explicaciones que dar. Nos merecemos poder debatir sobre qué tipo de estado queremos". Jaume Asens, en RNE, tampoco ha tenido problema en vincular a Felipe VI en la cuestión: "Es esencial y propio de una monarquía parlamentaria que el rey comparezca ante las cortes generales y nosotros vamos a pedir eso, que el rey dé explicaciones".

El PP, de nuevo atrapado entre dilemas

En el campo de la derecha, tampoco se han escuchado discursos del todo claros. Hay un doble problema básico de partida: ¿Cómo se puede hacer una defensa a ultranza de la figura de Juan Carlos I a la vez que se van conociendo nuevos datos sobre sus presuntas tropelías cometidas? ¿Cómo se puede insistir en la amenaza de la instauración de una república por parte del gobierno social-comunista cuando Pedro Sánchez no hace más que defender la institución monárquica y la Constitución? El ejercicio no parece sencillo, aunque el PP lo intenta.

La primera contradicción, la pretende solventar el PP defendiendo que criticar las actuaciones delictivas de Juan Carlos I supone ignorar su contribución a la evolución democrática en España. En un tuit, Pablo Casado ha escrito el día 3 lo siguiente: "Respetamos la decisión anunciada por el Rey Juan Carlos I y reafirmamos el reconocimiento a su labor al frente de la Jefatura del Estado y su contribución a la Transición, la promulgación de la Constitución y la construcción de un Estado social, democrático y de derecho en España". Los populares eluden en todo momento aceptar hablar de los posibles delitos cometidos por exmonarca.

La boca pequeña de Pedro Sánchez

Respecto al segundo dilema, el de hacer conciliable una supuesta intención de Pedro Sánchez de acabar con el actual régimen constitucional con sus claras afirmaciones en defensa de la Constitución, el PP ha encontrado una complicada argumentación. Javier Maroto se ha paseado esta semana por las televisiones defendiendo que "Pedro Sánchez defiende la monarquía con la boca pequeña", tal y como afirmó el día 6 en el programa Cuatro al día. Maroto estuvo especialmente esquivo ante cualquier pregunta directa. El Al Rojo Vivo llegó a tal punto que la presentadora María Llapart se lo remarcó en un curioso momento televisivo. Ante la dificultad de atacar a Sánchez por alguna de sus intervenciones, los portavoces populares se centran, sea como sea, en derivar todo hacia la amenaza que, según ellos, representa Pablo Iglesias y sus ideas.

El PP nunca responde a cuestiones directas como ¿qué les parece que Juan Carlos se haya ido de España? ¿Qué opinan sobre sus actuaciones presuntamente delictivas? ¿Cómo valoran que no quiera revelar su paradero? Los populares son conscientes de la complejidad de mantener una única línea de comunicación que valga para todos los frentes. Además, se dan cuenta de que el gobierno se zafa de los ataques que recibe mostrando el perfil que en cada momento más les conviene. El propio Maroto denunciaba en RNE, el día 7, lo que consideraba una estrategia gubernamental planificada: "Sánchez e Iglesias juegan al poli bueno y al poli malo, pero solo intentan que se hable de don Juan Carlos I para que así se hable menos de sus errores".

Para Vox, todo es más de lo mismo

Vox tiene menos flancos que cubrir. Su línea es la habitual: contra el gobierno en todos los frentes, a todas horas y por cualquier motivo. Abascal y los suyos tampoco buscan que sus estrategias de comunicación tengan mayor o menor coherencia. El líder de la ultraderecha lanzó por Twitter un discurso grabado el día 4. En coincidencia con el PP, en sus argumentaciones defienden que el Gobierno utiliza este caso como cortina de humo: "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren distraer la atención y utilizar una decisión personal del rey emérito para cuestionar la jefatura del Estado y tapar la gestión criminal del Gobierno".

La otra línea de ataque es la reiterada acusación de que lo que se dilucida en España ahora es el intento por parte del gobierno social-comunista de cambiar una dictadura democrática por una república dictatorial. La ultraderecha franquista lo tiene claro: "El rey Felipe VI es la cabeza de la nación y la nación no va a permitir que una pandilla de desalmados, corruptos y blanqueadores de asesinos le roben el futuro y el afán por seguir dando continuidad a nuestra historia común", afirmaba Abascal en Twitter.

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Arrimadas busca su sitio

En el caso de Ciudadanos, el estallido de este escándalo le coloca en una posición compleja. Está claro que todo lo sucedido en torno al rey emérito no ha hecho más que aumentar una vez más la polarización existente entre izquierda y derecha. Inés Arrimadas entiende que no es momento para ellos para posicionarse en uno de los frentes. Con habilidad, ha buscado salirse de este escenario endemoniado de polarización directa y ha preferido confrontar con un enemigo diferente e infalible para ellos, los nacionalistas y los indepes: "Populistas y nacionalistas creen haber visto una oportunidad de destruir la democracia española. Ante sus ataques, nuestro total apoyo al Jefe del Estado, a la Constitución y al sistema de la monarquía parlamentaria que nos ha dado estos 42 años de progreso y libertad en España", escribía Arrimadas en un tuit el pasado día 5.

La líder de Ciudadanos sabe que se juega una importante partida en las próximas elecciones en Cataluña. En la anterior convocatoria consiguieron ser la fuerza más votada. Hoy en día, parece muy difícil que puedan repetir aquel resultado. De momento, han visto en el frente monarquía vs república una fórmula para posicionarse ante el independentismo. Parece claro que este espacio va a ser el elegido por el secesionismo como eje vertebrador de su campaña electoral. Torra no ha tardado en salir a escena a pedir la abdicación de Felipe VI y la celebración de un referéndum que acabe con lo que considera un régimen dictatorial que actualmente subsiste en España. En un pleno extraordinario celebrado esta semana en el Parlament, insistió en solicitar un referéndum, en este caso para decidir la continuidad de la monarquía.