Quién presiona a la justicia

Ya conocemos los escritos de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en las causas abiertas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional contra los principales dirigentes independentistas. Quien se tome la molestia de leerlos, y de repasar algunos hitos anteriores de este proceso, quizás afronte con cierta perplejidad los niveles de sectarismo y de intoxicación alcanzados en el debate público español, muy especialmente en lo referido a la crisis constitucional abierta desde Cataluña.

Sirvan estos apuntes simplemente para interrogarnos sobre la diferencia entre hechos y opiniones y para denunciar la infinita arrogancia con la que desde la derecha política y mediática se pretende imponer una visión distorsionada de la realidad convirtiendo cualquier discrepancia, por fundada que esta sea, en una “intolerable presión sobre la justicia”, en una “rendición ante el independentismo” o directamente en “golpismo”.

1.- La Fiscalía General del Estado mantiene la tesis que viene defendiendo desde hace un año, y acusa a los políticos independentistas de rebelión, desobediencia grave y malversación de fondos públicos, con peticiones de cárcel que oscilan entre los 16 y los 25 años. Para leer el escrito pinche aquí. Comprobará que el ministerio público sostiene que “el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido…” Leída la descripción de los hechos que se relatan en el propio escrito, y teniendo inevitablemente en cuenta lo que uno mismo ha podido ver, escuchar y leer sobre lo ocurrido, cada cual concluirá si a su entender ha existido o no esa “violencia necesaria” para liquidar el Estado español y para adjudicar a sus autores el delito de rebelión. (Obviamente la ‘verdad judicial’ será dictada en su día por los tribunales con la obligación de ser acatada, que no compartida).

2.- Lo innegable es que existe un debate jurídico sobre este punto. Y no sólo porque más de un centenar de expertos en Derecho Penal o un expresidente del Supremo y del Constitucional como Pascual Sala no vean base suficiente para la acusación de rebelión, incluso les parezca “problemático” sostener  la de sedición. Es que la magistrada Carmen Lamela, que investigó en la Audiencia Nacional los mismos hechos que su colega del Supremo Pablo Llarena, descartó la rebelión al considerar que no concurre “el elemento de la violencia”.

3.- La Abogacía del Estado ha decidido en sus conclusiones provisionales acusar por sedición, malversación y desobediencia grave, y se ha desatado un vendaval de reproches e insultos por no haber incluido la rebelión. Poco importa que en febrero, cuando se personó en la causa, lo hiciera por malversación, como es lógico en su papel de defensa de los intereses de la Administración General del Estado para perseguir el posible uso de fondos públicos por parte de la Generalitat catalana en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es cierto que en agosto la titular del órgano, Lucía Pedreño, remitió un escrito de una sola página a la Sala Segunda del Supremo dando su “conformidad” con el auto de conclusiones del sumario de Pablo Llarena del 9 de julio por el que instaba a la “apertura de juicio oral por la presunta comisión de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos”. Ese “conforme” no era un escrito de acusación con calificación de delitos, por mucho que así lo consideren quienes denuncian ahora un “cambio de criterio forzado por el Gobierno” como pago a presuntos acuerdos secretos con los independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos. En todo caso, existe la misma base para sostener esa tesis que para observar un “cambio” de la Abogacía en el sentido contrario: ha pasado de acusar solo por malversación en febrero a hacerlo también por sedición ahora. (Por cierto, quien se tome la molestia de leer el escrito (pinche aquí), verá que en la página 53 se explica que hay un “concurso medial” entre la sedición y la malversación, y que no podría darse la una sin la otra. Sobre la desobediencia grave hay poco que objetar, puesto que los independentistas desobedecieron sin disimulo las órdenes del Constitucional a la vista de todo el mundo).

4.- En una causa penal, y más de la relevancia de la que nos ocupa, el papel de la Abogacía del Estado como acusación es secundario. Bastaría con que pudiera probar lo que el ministro Cristóbal Montoro negó reiteradamente: que se usó dinero público para sufragar costes relacionados con el ‘procés’. El peso fundamental de la acusación (no el único, porque también está Vox) lo lleva la Fiscalía. Hace ya dos semanas que en infoLibre anticipamos que la Fiscalía no cambiaría de criterio en su escrito de conclusiones provisionales (pinche aquí), por más que desde el PP, Ciudadanos y todas sus baterías mediáticas proclamaran que lo haría para someterse a ese supuesto pacto secreto del Gobierno con el independentismo. Nuestras fuentes apuntaban un argumento sólido: no ha ocurrido absolutamente nada desde agosto que justifique un cambio en la acusación. De producirse, sería al final del juicio oral, cuando el ministerio público tenga que redactar sus conclusiones definitivas, después de escuchar los testimonios y de observar las pruebas presentadas por todas las partes en la vista. Las mismas fuentes consideraban (y consideran) posible que en esa última fase, la fiscalía pueda plantearse solicitar condenas por conspiración para la rebelión, cuya pena máxima sería de siete años y medio.

5.- En el terreno político, parece importar muy poco el debate jurídico. Pese a que la Fiscalía mantiene sus posiciones y la Abogacía del Estado va más lejos que cuando se personó en la causa, la primera reacción del PP y Ciudadanos ante los escritos conocidos este viernes es la que consiste en darse la razón a sí mismos: el Gobierno presiona a la justicia de forma intolerable y Sánchez debe dimitir y convocar elecciones. Ellos, y sus brazos mediáticos, poseen al parecer el privilegio de otorgar carnés sobre respeto a la división de poderes y patriotismo. Por resumirlo: ellos pueden proclamar desde el minuto uno que ha habido rebelión, que sus promotores merecen las penas más altas, que no cabe la libertad condicional, que incluso convendría elevar las condenas hasta la prisión permanente revisable, etcétera, etcétera. Pero todo eso no es presionar a la justicia, ¡por favor! Eso es simplemente defender la democracia y la patria de todos. Quienes cometen, sin embargo, la osadía de discrepar, ya sean penalistas, expresidentes del Supremo, expresidentes del Gobierno (como Felipe González) o simples juristas o periodistas, lo que ejercen es una “presión intolerable” a los tribunales. Y son además  cómplices de “los golpistas”, porque no olvidemos que lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre en Cataluña fue “un golpe de Estado”. Ni siquiera “contra el Estado”, sino “de Estado”. Sin tiros y sin tanques, pero “golpe” al fin y al cabo. En la banalización del lenguaje empieza precisamente el deterioro de la democracia (sugerente y recomendable el último ensayo de Nicolás Sartorius sobre esa manipulación).

Hay una ley no escrita que sigue cumpliéndose a rajatabla: la de las expectativas creadas. Quienes vienen proclamando la ilegitimidad de este gobierno y la existencia de un pacto espúreo con el independentismo, no pueden aceptar un debate jurídico mínimamente sólido. No les basta con la sedición, con la conspiración para la rebelión ni con la prisión incondicional eternizada. No les importa que finalmente la justicia pueda confundirse con la venganza o el escarmiento. Siempre les quedará el eficaz refugio del (falso) patriotismo.

P.D. Nos queda ya poco margen para la sorpresa en las actitudes políticas, y aun así nos pasma el cuajo con el que Pablo Casado se permite acusar al prójimo de presionar o interferir en la labor de los tribunales. ¿Cómo habrá que definir entonces lo que su compañera y patrocinadora María Dolores de Cospedal y su marido hicieron para obstaculizar la investigación de la Gürtel con la inestimable ayuda del excomisario Villarejo?