Verdades y opiniones sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanas

La tensión derivada del pulso independentista en Cataluña ha llegado a las escuelas. El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección Educativa, envió a la Generalitat los días 27 de septiembre y 6 de octubre sendos requerimientos para que depure responsabilidades sobre 24 supuestos actos de "adoctrinamiento en las aulas" en los que se habría fomentado el "rechazo hacia España" utilizando el horario lectivo para, presuntamente, "realizar actividades cargadas de ideología política". Este curso hay matriculados en Cataluña un total de 1.003.619 alumnos en 3.503 centros educativos públicos y concertados. 

En un comunicado difundido el pasado lunes, la consejería de Enseñanza habla de "campaña orquestada" y asegura que la escuela catalana "está íntimamente ligada a su realidad social y es por eso que debe atender las inquietudes de sus alumnos cuando la sociedad de su entorno vive episodios traumáticos". También sostiene que "atacar" a la profesionalidad de los docentes es "injuriar" e "intentar atemorizarlos para que ejerzan la autocensura en todo aquello que pueda perjudicar los intereses de quien los injuria". 

El primero de los requerimientos de Educación recoge los casos de una docena de centros de educativos, la mayoría de ellos institutos, en los que los alumnos acudieron en horario lectivo a las movilizaciones convocadas para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los máximos responsables operativos de referéndum que tuvo lugar el 20 de septiembre. Educación cita los casos de tres institutos de Olot (Girona), donde los equipos directivos pidieron autorización a las familias para que los menores se manifestaran; el del IES Lluis de Peguera de Manresa (Barcelona), donde los estudiantes se concentraron junto a sus profesores; o el del IES Bisbe Sivilla de Calella (Barcelona), donde se colocaron urnas en las escaleras y en el patio para que los menores simularan votaciones junto a los docentes. 

El ministerio, tras constatar que las denuncias se habían incrementado de forma exponencial tras el 1-O y las cargas policiales, envió un segundo requerimiento a la Generalitat el 6 de octubre. En ese documento se hace eco de otra docena de incidentes, entre los que hay varias denuncias de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que aseguran que sus hijos están siendo víctimas de acoso escolar. También aparece el caso de la jesuita Escola del Clot, ubicada en Barcelona, donde se escenificó un cuento para niños de 7 años donde se presenta un "final feliz" consistente en que "se mata al rey y a los policías malos"; o el del colegio Albert Vives, en La Seu d'Urgell (Lleida), donde una madre denunció que la profesora de su hijo les dijo que los guardias civiles y los policías "son malos" y que los "únicos buenos" son los mossos.

En las últimas semanas políticos como el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, exdirigentes socialistas como Alfonso Guerra o José Bono han avivado el debate asegurado que en las escuelas catalana se educa en el "odio a España". De hecho, el Govern estudia emprender acciones judiciales contra ellos. Ciudadanos también puso el foco en esta cuestión en el Congreso a través de una moción contra el "adoctrinamiento" en las aulas y una proposición de ley para que la Alta Inspección Educativa inspeccione de oficio los centros educativos para "garantizar la neutralidad ideológica y política" y que se respetan los "derechos lingüísticos". Ambas iniciativas fueron rechazadas. 

Reacción de la comunidad educativa 

infoLibre reclamó el pasado miércoles al Ministerio de Educación información sobre cuántas denuncias se habían presentado ante la Alta Inspección Educativa en relación a supuestos procesos de "adoctrinamiento" de alumnos en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Cataluña desde 2010, así como sobre en cuantas ocasiones esta institución había actuado de oficio en relación a este asunto, pero no obtuvo respuesta. Por lo tanto, no es posible hacer un análisis cuantitativo de la cuestión ni determinar si tiene alcance más allá de este momento de grave crisis institucional y tensión social. 

Lo cierto es que, en los últimos días, la mayor parte de la comunidad educativa catalana ha negado que en sus aulas haya adoctrinamiento político. De hecho, su máximo órgano de representación, el Consejo Escolar de Cataluña –donde están representados miembros de las administraciones locales y autonómicas, sindicatos, AMPA, patronales de las escuelas privadas, entidades educativas, universidades y patronales empresariales– ha criticado en un comunicado las "mentiras" y "acusaciones infundadas" de aquellos que, sostienen, "no pueden aceptar la solidez del sistema educativo es seguir construyendo una escuela de calidad, con pasión y espíritu crítico". 

Desde la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes, también creen que estos incidentes no son ni generalizados ni sostenidos en el tiempo. "Nosotros estamos en 2.294 centros educativos de Cataluña y no hemos recibido ninguna queja. De ser así nos habrían llegado de alguna u otra forma y lo habríamos denunciado porque defendemos a todas las familias", señala Montse Conejo, su presidenta.  

Los sindicatos con mayor representación en el cuerpo docente público también han reaccionado a estas acusaciones. El mayoritario USTEC ha mostrado su indignación por los requerimientos del Ministerio de Educación y ha señalado que "adoctrinar es hacer ciudadanos que no sean críticos con los pensamientos, normas y enseñanzas". "Nosotros educamos en derechos, en valores y no podemos separar nuestro trabajo de la realidad que vive nuestro país. De otra forma no podríamos ejercer nuestra profesión, negaríamos nuestra función irrenunciable de dar elementos al alumnado para conformarse su propia cosmovisión, sus opiniones, su ideología", asegura el sindicato en un comunicado.

La segunda fuerza sindical del sector, CCOO, también rechaza que exista un adoctrinamiento sistemático. "No negamos que se hayan podido producir acciones puntuales lamentables en un momento de tensión, pero no es algo generalizado. Si hay denuncias, las autoridades educativas deben investigarlas", señala Manel Pulido, profesor de Secundaria y secretario general de la federación de Educación de CCOO en Cataluña. Pulido reclama que no se criminalice a toda la comunidad docente, formada por alrededor de 75.000 maestros y profesores en la pública y otros 25.000 en la concertada. 

Desestabilización política 

En contraposición, organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), creada en 2014 con el objetivo de promover y difundir las ventajas del bilingüismo y del trilingüismo y defender la "neutralidad política e ideológica" en los centros educativos, sí sostienen que los "hechos puntuales" denunciados en relación al referéndum del 1-O evidencian que existe adoctrinamiento en las escuelas catalanas. "Esta situación es consecuencia del perfil nacionalista catalán de las direcciones de los centros, las ampas, los sindicatos de docentes, los consejos escolares...", señala Ana Losada, presidenta de la AEB. 

¿Pero es esta realmente una situación sostenida en el tiempo? Losada, que también es miembro de la plataforma antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC), señala que en los últimos años a la AEB sí han llegado "puntualmente" quejas por supuesto adoctrinamiento aunque han recomendado a las familias que acudieran directamente a la Alta Inspección Educativa porque el colectivo ha estado centrado en denunciar el "acoso" a las familias que han reclamado más asignaturas impartidas en castellano, cuestión sobre la que ha documentado 33 casos: 30 en Castelldefels (Barcelona) y otros tres en Balaguer (Lleida), Mataró y San Cugat del Vallés, ambos en Barcelona.

Los casos denunciados por la AEB guardan relación con los cinco autos del TSJ de Cataluña que, en 2014, instaron a los directores de cinco centros educativos a fijar un 25% del horario lectivo en castellano para garantizar su presencia mínima como lengua vehicular. Es decir, a incluir una asignatura o materia troncal en castellano aparte de lengua y literatura, que es la única que se imparte en lengua castellana en la mayoría de colegios e institutos catalanes. 

La lingüista Mercè Vilarrubias, que es muy crítica con un modelo escolar que califica de "monolingüe", cree que los incidentes que han tenido lugar en escuelas catalanas en relación al 1-O tienen que ver con el hecho de que, desde los años noventa, el sistema educativo de la comunidad, que es muy complejo, "se ha puesto al servicio del proyecto político nacionalista". Vilarrubias ejemplifica este hecho en la entrega simbólica de llaves que un centenar de directores y responsables de los centros elegidos para votar le entregaron al president Puigdemont tres días antes del referéndum. 

Pulido, de CCOO, sí admite que hay zonas de Cataluña donde los profesores son más nacionalistas porque, señala, la escuela es "un reflejo de la sociedad". "En los centros educativos tiene que haber pluralidad ideológica. Buscar la uniformidad es imposible y peligroso", añade. No obstante, niega que esta cuestión suponga un "conflicto real" en la sociedad catalana. E insiste en que lo realmente grave han sido los recortes presupuestarios de los últimos años, que sólo han empezado a revertirse a partir de este curso.

Más allá de los hechos concretos, que pueden ser importantes aunque cuantitavamente poco significativos, sí parece generalizada la sensación en algunos sectores de que, con esta cuestión, se ha jugado más a la desestabilización política que a la preocupación sincera por lo que ocurre en las escuelas de Cataluña. Lo cree así Montse Conejo, de la Fapac, que denuncia la "utilización" de los menores como arma arrojadiza política. También Pulido, que cree que detrás de estas críticas hay motivos ideológicos y no pedagógicos. 

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Miquel Strubell, que fue jefe de los servicios de normalización de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Calaluña, va más allá y señala que hay una "hipersensibilidad" en los sectores no independentistas con el objetivo de "señalar" a los docentes de Cataluña –de los que apunta que la mayoría no tienen origen catalán– con el objetivo "ideológico" de "atacar" a Cataluña a través de su sistema educativo. 

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Este artículo forma parte de una serie sobre el sistema educativo catalán. Las próximas entregas, que se publicarán el martes 24 y el miércoles 25 de octubre, versarán sobre el modelo de inmersión lingüística y sobre la polémica generada en torno a los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes. inmersión lingüísticalibros de texto