Interior estrena una cárcel de Málaga con el ingreso de más de 500 inmigrantes en contra de lo que dice la ley

La llegada de inmigrantes a las costas españolas no cesa. Y el Gobierno español parece no saber hacerle frente. Este fin de semana ha sido especialmente complicado, sobre todo en Murcia, a cuyas playas llegaron aproximadamente 534 inmigrantes a bordo de 50 pateras. Con ellos, en lo que va de año ya se ha rescatado a más de 15.000 personas cuando intentaban llegar a España, cifra muy superior a la correspondiente a todo el año 2016, según los datos de Salvamento Marítimo citados por la Cadena SER. 

Ante la oleada de inmigrantes que llegaron a Murcia, este lunes siete juzgados estuvieron trabajando "a todo ritmo" para dar respuesta a su puesta a disposición judicial. Finalmente se tomó una decisión, aunque esta no ha estado exenta de polémica. Desde la madrugada de este martes, estas personas han ido ingresando en el centro penitenciario Málaga II, situado en Archidona y todavía por estrenar.

"Siete juzgados de la región de Murcia han autorizado trasladar a un centro de Archidona (Málaga) a la mayor parte de los más de medio millar de inmigrantes que han llegado este fin de semana de manera irregular a las costas de Murcia". Así explicaba la decisión el Ministerio del Interior a través de una nota de prensa en la que, por otro lado, no se mencionaba el carácter penitenciario del centro. Precisamente este detalle ha sido el que ha provocado las quejas de numerosas ONG, así como de las principales organizaciones penitenciarias y de partidos políticos como el PSOE o Podemos, que han criticado duramente el traslado de los inmigrantes a lo que se construyó como una cárcel.  

 

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Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, intentó defender el ingreso de estas personas este mismo martes durante una entrevista concedida a Onda Cero. En ella, Zoido precisó que el centro de Archidona "todavía no es" una cárcel y argumentó que la decisión se ha tomado ante "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en las últimas semanas a las costas españolas, hecho que "ha colapsado el sistema" y ha obligado a enviar a personas a estas instalaciones, que todavía no habían sido inauguradas. Los inmigrantes, prosiguió, "están igual que en los CIE". 

A pesar de la insistencia del titular de Interior, que ha insistido en que los inmigrantes no han sido trasladados a ninguna cárcel, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 18 de marzo parece contradecirle. Según quedó recogido en su artículo primero, ese día se creababa, "en el término municipal de Archidona (Málaga), un nuevo Establecimiento Penitenciario con la denominación de 'Centro Penitenciario Málaga II'". "El señor ministro se está contradiciendo", critica José Luis Pascual, presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) en una conversación con infoLibre en la que declara, además, que se están preparando más módulos en el centro, lo que lleva a pensar que finalmente el número de inmigrantes allí recluidos podría ascender hasta las 800 personas. 

Ante estos hechos, según confirma Pascual, la ACAIP tiene previsto presentar este mismo miércoles una denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente. "Enviamos un escrito a Interior pidiendo que sacaran a estas personas de este centro. Les dimos un plazo de 24 horas", aclara. Tras no obtener respuesta, la organización ha decidido emprender acciones jurídicas. En el escrito presentado por la organización, se solicitaba al ministro Zoido "la inmediata orden [...] que impida el mantenimiento de las personas internadas en el Centro Penitenciario de Málaga II, por adolecer del requisito fundamental: estar privados de libertad", además del "cese inmediato" del secretario general de Instituciones Penitenciarias "por su manifiesta incompetencia" y de la subdirectora general de Recursos Humanos "por su ineficaz gestión en material de personal y traslados". 

Al margen de la regulación

El Servicio Jesuita a Migrantes ha sido una de las organizaciones que más duramente ha criticado este internamiento, argumentando que se trata de una decisión que "viola el artículo 62 bis 1" de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que establece que "los centros de internamiento de extranjeros", a los que se deriva a las personas que intentan entrar en nuestro país de forma irregular, "son establecimientos públicos de carácter no penitenciario". Pero, además, esta medida estaría incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, se trata de la resolución 115/1987 de 7 de julio, que falla que "el internamiento" de extranjeros "ha de ser en centros o locales 'que no tengan carácter penitenciario'". 

En el mismo sentido, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, afirmó que esta decisión es una medida "ilegal" que "vulnera derechos humanos" y que, además, se salta "a la torera" toda la regulación. "Estamos profundamente preocupadas porque es ilegal, contraviene la Ley de Extranjería y el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros", afirmó, según informó Europa Press. 

 

El PSOE, del mismo modo, también calificó la decisión de "ilegal" y recordó que las personas que llegan a las costas españolas en pateras "no son delincuentes y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario". 

"Aunque califiquen la decisión de excepcional no deja de ser ilegal", coincide Arantxa Triguero, presidenta de la ONG Málaga Acoge quien, en conversación con este diario, insiste en que "el centro fue creado para ser una cárcel, por lo que es una cárcel".

No están garantizadas las condiciones adecuadas

El centro penitenciario de Archidona, cuya obra se finalizó en el año 2011, ha retrasado en numerosas ocasiones su apertura. Según publicó el diario El Mundo, estaba previsto que comenzara a funcionar a mediados de este año, pero no a pleno rendimiento hasta 2018. Este hecho provoca dudas sobre si los retrasos se deben a la falta de unas condiciones adecuadas para los reclusos y, por consiguiente, para los inmigrantes que desde este martes están ahí ingresados. Según fuentes del Ministerio del Interior, se está proporcionando a los internos agua embotellada para "evitar problemas" mientras se repasa la red para "limpiar el cloro residual". No obstante, han insistido en que el agua "es salubre".

"La cárcel lleva sin abrirse años porque faltaban requisitos y creemos que no hay un adecuado abastecimiento de agua", afirma Triguero. Sin embargo, Pascual afirma directamente y sin dudar que la cárcel "no tiene agua potable" por lo que, añade, difícilmente pueden estar garantizadas las condiciones de vida de los inmigrantes.

"Allí no hay médicos ni asistentes sociales, servicios con los que sí cuentan los CIE", afirma Pascual, que lamenta que los sanitarios que, según Interior, se desplazarán al centro, "van a posteriori", es decir, después de que los inmigrantes ya hayan pasado allí varias horas. "Son parches que se están poniendo para solventar una situación que no debería haberse dado", lamenta. "Espero que Zoido no tenga que entrar nunca en una cárcel, porque si lo hiciera no se atrevería a compararlo con un CIE", critica. 

"No tienen garantizada ni la sanidad ni el abrigo", coincide Jaime Pons, del Servicio Jesuita a Migrantes, quien insiste también en que, "en cuanto a derechos", estas personas "están peor de lo que estarían en un CIE". "No hay ninguna red de servicios", lamenta. 

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Por ello, esta organización, acompañada de otras defensoras de los Derechos Humanos, han comenzado a presentar sus quejas ante el Defensor del Pueblo, institución que ha declarado estar "vigilante" para que se garanticen los derechos de estas personas. 

Por su parte, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha exigido al Ministerio del Interior este mismo martes, a través de un comunicado, el traslado "inmediato" de estas personas a un centro no penitenciario. Del mismo modo, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), así como el Gobierno andaluz, también han mostrado sus quejas por la decisión adoptada por el Gobierno y han dudado de que Archidona sea el "lugar adecuado" para el ingreso de estas personas. 

"La cárcel es el último recurso del sistema penal. En este caso, ha sido el primero", concluye Pascual.