Enseñanza pública: el número de alumnos crece seis veces más que el de docentes

La huella que van a dejar los años de recortes en el sistema educativo público va a ser profunda y el momento de poner soluciones es ahora. Es el diagnóstico que hacen los responsables de los principales sindicatos del sector de los últimos datos difundidos por el Ministerio de Educación, que muestran cómo el número de alumnos de los centros públicos crece a un ritmo más intenso que el de docentes si se compara con el curso 2009-2010, el que suele tomarse como referencia para ver el impacto de las restricciones presupuestarias por haberse producido entonces el mayor pico de inversión.

En los colegios e institutos públicos en las diferentes etapas no universitarias había escolarizados el curso que acaba de finalizar 5.486.774 alumnos, 344.335 más que en el 2009-2010. En porcentaje, el aumento es del 6,7%. Encargados de su formación estaban 496.793 docentes, apenas 5.464 más, un aumento del 1,1%. Según esta estadística, el número de alumnos por profesor también se ha incrementado en este período. Ha pasado de 10,4 a 11, si bien prácticamente roza los 13 en la Comunidad de Madrid y también en Ceuta y Melilla (las ciudades autónomas son los únicos dos territorios gestionados por el ministerio).

El número medio de alumnos por profesor es el cociente entre el alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general no universitarias en todos sus regímenes de impartición –Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial– y todo el profesorado de esos centros, incluido por ejemplo el equipo directivo, que tiene menos horas lectivas, o los pedagogos terapeutas (PT). No quiere decir que en un aula de un centro público convencional haya únicamente diez alumnos. 

De hecho, el aumento de las ratios ha sido una de las principales quejas del sector educativo durante la etapa de los recortes. El número medio de alumnos por profesor llegó a ser de 11,6 en el curso 2012-2013. Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO, asegura que durante este período las ratios en la enseñanza pública se han incrementado cinco veces más que en la privada "quebrando una tendencia histórica". "Estos incrementos tienen como consecuencia una masificación de las aulas que da menos opciones para atender a la diversidad de alumnado", asegura. 

Su homóloga en UGT, Maribel Loranca, explica que el desequilibrio entre el aumento del número de alumnos y el de docentes también conlleva que se incrementen las dificultades para mantener todas las medidas que despliega el sistema para atender a los alumnos más rezagados a través del establecimiento de medidas específicas de apoyo, grupos de refuerzo o desdobles para asignaturas principales como Lengua, Matemáticas o Inglés. "Todo ello afecta a la equidad del sistema", lamenta. 

García, por su parte, recuerda que si no se incrementa el número de docentes será también muy complicado que se recuperen con éxito "programas educativos que tenían una gran importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar", entre los que cita Educa 3, Competencia Básicas, PROA, o Profundización de Conocimientos. También alude a los programas de animación a la lectura, que se ven perjudicados si los profesores que los llevan tienen más horario lectivo y, por lo tanto, no los pueden atender. 

Caída de la financiación  

Los representantes de las organizaciones sindicales aseguran que esta tendencia está muy relacionada con la consolidación de las restricciones presupuestarias en los ámbitos estatal y autonómico en el sector educativo. En este sentido, recuerdan que aunque los presupuestos hayan empezado a subir en los últimos ejercicios, estos aumentos no han sido suficientes para mitigar los recortes de los primeros años de la crisis.

Según la última Estadística del Gasto Público en Educación, correspondiente a 2016, las comunidades, que aportan el 85% de los fondos dedicados a esta política, invirtieron ese año un total de 39.894 millones de euros. En 2009 esa cifra había alcanzado los 44.222 millones, lo que supone un recorte de 4.328 millones. En porcentaje, la reducción es del 9,8%. Los recursos perdidos a causa de los recortes dejan un agujero de más de 31.000 millones de euros si se tiene en cuenta todo el dinero que se dejó de invertir entre 2010 y 2016 respecto a lo consignado en 2009.

También la inversión estatal en educación sigue alejada de los niveles de antes de los grandes recortes de la era Rajoy. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el anterior Ejecutivo del PP resaltó que su objetivo en este ámbito era "concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratégicos para el sistema educativo". Esos recursos alcanzan para este año los 2.600,01 millones de euros y siguen estando un 13% por debajo de los consignados en 2009, cuando llegaron a 2.987,69 millones.

Los mayores mordiscos en los PGE los han sufrido, sin embargo, las partidas dedicadas a los alumnos más rezagados. En 2009, los programas de educación compensatoria estuvieron dotados con 62,39 millones de euros. En 2018 el Gobierno prevé destinar un 36% de dinero menos –cuarenta millones– a un programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar que se dirige a los centros educativos que cuentan con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos.

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De ahí que una de las principales reclamaciones que hacen los sindicatos al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sea la derogación del Real Decreto-Ley 14/2012 que, entre otras medidas, implementó la ampliación de la jornada lectiva; la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso en la sustitución del profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular, lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas, según explica García.

Ambas organizaciones han recibido ya una carta de la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, en la que muestra su disposición a reunirse con ellos, si bien esa cita todavía no tiene fecha. "Derogar ese decreto sería un primer gesto hacia la enseñanza pública, aunque también queremos plantear un cambio en las oposiciones docentes y abordar el desmontaje de los aspectos más lesivos de la Lomce hasta que se pueda aprobar una nueva norma", dice García.

Loranca, por su parte, insiste en la importancia de la derogación de este decreto. "Hacerlo permitiría que las comunidades autónomas pudieran recuperar las ratios, el personal... y empezar de verdad a salir de la etapa de los grandes recortes. Pero esto tiene que ocurrir ya para evitar que el curso que empieza en septiembre vuelva a estar marcado por estos números tan nefastos para la enseñanza pública", sentencia.