El bloqueo del PP garantiza el control conservador del órgano de gobierno de los jueces y del TC al inicio de otro curso judicial

El whatsapp del PP cuya difusión bloqueó en noviembre de 2018 la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha garantizado al sector conservador de la judicatura mantener por segundo año consecutivo su dominio en el tercer poder del Estado. Aquel mensaje, donde el PP se jactaba de haberse asegurado el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detrás", hizo trizas lo que ya era un pacto cerrado para renovar el CGPJ. El acuerdo rebajaba el peso del PP en la nominación parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, el órgano de gobierno que dibuja el mapa de la magistratura mediante el reparto de los puestos decisorios.

Fijado para este lunes el acto solemne que abre el nuevo año judicial y tras la negativa tajante de Pablo Casado a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el CGPJ sigue sin visos de salir de una fase de interinidad que el 4 de diciembre cumplirá dos años. Entre las figuras habituales en el acto de apertura del curso aparece el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y que en noviembre de 2018 renunció de manera fulminante a dirigir el CGPJ y el alto tribunal en cuanto se conoció aquel whatsapp del PP. El bloqueo afecta igualmente al Tribunal Constitucional (TC) –un tercio de cuyos 12 miembros está pendiente de renovación desde noviembre– así como al Tribunal de Cuentas, también bajo dominio conservador y encargado de velar por la legalidad del gasto público. Salvo viraje inesperado, el TC resolverá en situación de interinidad y con mayoría conservadora los recursos de los condenados del procés. 

Para la renovación de los miembros del CGPJ y del TC cuya elección depende del Congreso se requiere el voto de tres quintas partes de la Cámara (210 votos). Si el PP se mantiene enrocado en el bloqueo, socialistas y Unidas Podemos (155 escaños entre ambos) necesitarían encontrar otros 55 votos. Y esa no parece una tarea fácil.

Bajo la batuta de su presidente, Carlos Lesmes, todo apunta a que el CGPJ (12 votos del sector conservador, contando el de Lesmes, frente a nueve del llamado ala progresista) no va a tirar la toalla en cuanto a proseguir la asignación de altos cargos de manera discrecional. Durante el año y medio que lleva en funciones, ya ha efectuado nada menos que 57 nombramientos de alto nivel para cubrir 12 plazas del Supremo, 13  en Tribunales Superiores (TSJ) autonómicos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos están en espera. 

El 28 de julio, el Consejo metió en el congelador los cinco nuevos nombramientos previstos para ese día, entre ellos tres del Supremo. Lo hizo ante "la confirmación" de que PSOE y PP estaban negociando. Dos semanas antes, Lesmes había enviado un tercer escrito a los presidentes del Congreso y el Senado donde les advertía que efectuar los cambios en la composición del Consejo es un mandato legal insoslayable. 

Cuando el CGPJ volvió a dejar en el cajón los nombramientos, PSOE y PP estaban en efecto negociando en torno a una mesa. Y quienes capitaneaban el diálogo eran el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su homólogo en el Gobierno madrileño, el consejero Enrique López, responsable de esa área en el PP. Pero una vez que Cayetana Álvarez de Toledo fue defenestrada en agosto como portavoz parlamentaria y proclamó en público su oposición a un acuerdo que vino a calificar de inminente, Casado tumbó la mesa. No negociará nada con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Ahora, la formación conservadora añade a su lista de bloqueo un nuevo argumento esgrimido desde hace décadas por asociaciones judiciales pero nunca asumido por ningún Ejecutivo, ni del PSOE ni del PP: que la renovación de los miembros del CGPJ dependa de los jueces y no del Congreso y el Senado. El whatsapp de quien en 2018 ostentaba la portavocía del PP en el Senado, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, asestó sin duda un mazazo a la vulnerable imagen de independencia del tercer poder del Estado. ¿Mejoraría esa imagen si fuesen los jueces, salidos de una dura oposición que en la práctica exige años de dedicación casi plena al estudio, quienes sin la intervención directa o indirecta de las urnas decidieran quiénes de ellos han de gobernarlos a través del CGPJ? La pregunta nunca ha dejado de estar en presente en el debate. 

¿Volverán los nombramientos este mes?

Fuentes jurídicas remarcan que Lesmes ha ido aumentando su influencia entre algunos de los nueve vocales que conforman la minoría del CGPJ, lo que le permite llegado el caso contar con ciertos votos del sector progresista. Salvo que los nueve se plantearan una dimisión en bloque, opción que se perfila hoy remota. Para empezar, el núcleo duro de Lesmes –la comisión permanente– ya ha programado para la semana que comienza este lunes 7 de septiembre las comparecencias de los candidatos a cubrir las presidencias de tres Salas del Supremo: la de lo Contencioso (Tercera), lo Social (Cuarta) y lo Militar (Quinta). Y a lo largo del mes desfilarán también ante la permanente  los aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga) y la Audiencia Provincial de Cáceres.

¿Resolverá de inmediato sobre todos esos nombramientos el pleno del Consejo, que se celebra el último jueves del mes? Los portavoces oficiales del Consejo no lo confirman. Ni lo desmienten, de forma que permanece abierta la posibilidad de que, a diferencia de lo que sucede con cualquier Gobierno en funciones, el CGPJ vuelva a hacer uso de sus potestades legales y actúe como si su mandato no hubiese expirado en diciembre de 2018. A ello ya se han opuesto tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 

En julio, durante una entrevista con infoLibre, el ministro de Justicia expresó de manera inequívoca su posición: "¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente, no". Ahora, Justicia declina cualquier pronunciamiento. Y en el archivo de sentencias judiciales queda el voto particular con que dos magistrados del Supremo alertaron en junio de que la política sobre nombramientos discrecionales que aplica el actual CGPJ constituye "uno de los principales factores de la deslegitimación" del sistema judicial ante la ciudadanía.

La incógnita del magistrado detenido por supuesta violencia de género

El presidente del TC no acude al acto de entrega de despachos a jueces alegando problemas de agenda

Ver más

En lo que respecta al Tribunal Constitucional, integrado por 12 miembros, está pendiente la renovación de los cuatro que corresponde elegir al Congreso una vez que su mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Han de salir el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Andrés Ollero.

En lo que constituye un hecho inédito, Valdés fue detenido el 10 de agosto por un supuesto delito de violencia de género y puesto en libertad al día siguiente. Ahora, se encuentra en espera de que, previsiblemente la próxima semana, la Fiscalía emita un informe que decidirá el rumbo de la causa, ya en manos del Tribunal Supremo. Valdés permanece en su cargo y, hasta ahora, no ha dado ningún paso que apunte hacia una dimisión. Hasta ahora, los problemas con la justicia solo han provocado en el TC una dimisión: la de Enrique López, que abandonó el tribunal y pasó a la Audiencia Nacional tras ser interceptado por la Policía Municipal de Madrid mientras conducía una moto sin casco y con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.

En realidad, los nueve años de permanencia en el TC que determina el artículo 159 de la Carta Magna no finalizan hasta julio de 2021 para los cuatro cuyo relevo en el cargo se mantiene bloqueado. Porque los cuatro tomaron posesión en julio de 2012. Pero, como explican fuentes del tribunal, "el plazo [de los nueve años] se cuenta desde la fecha en que debía haberse hecho la renovación del grupo al que sustituyeron y no desde aquella en que se hizo efectiva". Así es desde la reforma derivada de una ley orgánica de 2007 que aprobaron el PSOE y el PP. Pero lo que persiste inalterable es el mandato legal de renovar de los órganos constitucionales. Como el TC y el CGPJ.