Migración
La Policía traslada a la frontera de Ceuta a otros 15 menores no acompañados para su repatriación
Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han sacado este sábado a primera hora de la mañana del polideportivo Santa Amelia a otros 15 menores migrantes no acompañados que permanecían en la ciudad desde mediados de mayo para proceder a su repatriación al país vecino, tal y como hicieron el viernes con otros tantos en el primer episodio del operativo pactado por el Ministerio del Interior con las autoridades del reino alauita, según recoge Europa Press.
En el dispositivo participa como representante de la administración local, responsable de la guarda de los menores, la vicepresidenta primera del Ejecutivo local, Mabel Deu (PP), y los directores generales de Asuntos Generales y Protección Civil, Francisco Pérez Hita y Víctor de los Ríos, según han explicado fuentes del Gobierno autonómico.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Ceuta han decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo esta repatriación a Marruecos. Segun Europa Press, ambas fiscalías desconocen desde el plan de repatriación puesto en marcha por el Ministerio del Interior hasta los detalles ya que sólo habrían recibido una comunicación genérica que no decía ni cuántos, ni quiénes ni cuándo iban a empezar.
Asimismo, la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española ha exigido "de inmediato" el cese de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas. Así lo ha manifestado este sábado en un comunicado, en el que recuerda que el Tribunal Constitucional español, en dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, reconocieron a menores marroquíes el derecho a oponerse judicialmente a su repatriación, al tener "capacidad y madurez suficiente" para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses.
La Administración, según ha explicado la Abogacía del Estado, se fundamenta para la repatriación colectiva de estos menores en un Convenio Bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. En este punto, ha apuntado que la cuestión que se levanta ahora es si un retorno colectivo como el que se plantea "respeta no solo la legislación y los convenios internacionales de los que España es signataria sino también las sentencias del propio Tribunal Constitucional que consagraron el derecho del menor a ser escuchado en todo procedimiento que conlleve su repatriación".
Para la Abogacía Española, el proceso, según la legislación española y los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, "debe ser individualizado y garantizar además que los menores, que en la mayoría de los casos se puedan negar a volver a su país, sean informados de su retorno y de los derechos que les asisten, entre ellos ser escuchados". Tampoco pueden ser devueltos sin que se realice en todo este procedimiento una evaluación del interés superior del menor.
La abogacía también duda sobre el cumplimiento de los propios requisitos impuestos en el Convenio por ambas partes. Entre los requisitos del acuerdo bilateral con Marruecos para ejecutar las repatriaciones se exige primero la reunificación con sus familiares, hecho que tiene que ser constatado fehacientemente en los procesos administrativos individuales y si no fuera posible y tras garantizarse por ambas partes la repatriación a centros de menores, se deben garantizar que ese centro de acogida al que sean derivados cuente con recursos materiales y humanos suficientes o la creación de un comité de seguimiento.
El Defensor del Pueblo también pide el cese de las devoluciones
El Defensor del Pueblo ha recordado en una actuación de oficio a Interior que la autoridad gubernativa está obligada, una vez acordada la iniciación del procedimiento de repatriación, a "oír al menor si tuviese suficiente juicio" y a recabar dictámenes "de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal" antes de "resolver lo que proceda sobre el retorno o su permanencia en España". Distintas oenegés como Save The Children están preparando un escrito para solicitar al Juzgado de Guardia la paralización cautelarísima de estas expulsiones al entender que el procedimiento que se está utilizando no se ciñe a lo previsto en la legislación española.
Una vez al otro lado de la frontera los menores son llevados a un centro construido en la localidad de Martil, a unos 40 kilómetros de Ceuta, que gestiona la entidad pública L'Entraide Nationale mientras se localiza a sus familias para proceder a su reagrupación.
Interior no explica los criterios de la repatriación
La Fiscalía asegura que está velando porque se cumpla el interés superior del menor en las devoluciones a Marruecos
Ver más
El Ministerio del Interior ha elaborado con criterios no explicitados un listado que incluye a 150 de los 750 niños y adolescentes que accedieron irregularmente a la ciudad sin compañía entre el 17 y el 19 de mayo y que continúan en territorio español acogidos en un polideportivo, los módulos prefabricados de Piniers y el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.
De la devolución quedarán excluidos los menores "vulnerables", es decir, aquellos que han asegurado haber huido de situaciones de violencia o explotación en su país, aunque las oenegés encargadas de ese trabajo todavía no habían podido entrevistar a ninguno de los 234 acogidos en el Santa Amelia con edades comprendidas entre 13 y 17 años.
La repatriación se está ejecutando supuestamente al amparo del Acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos "sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", que exige "estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes".
