De la cocina del PP a las cloacas de la democracia

La nueva temporada de la serie documental más longeva sobre corrupción política en España ha arrancado este lunes con el levantamiento del secreto de sumario sobre la llamada Operación Kitchen, la trama supuestamente organizada desde la mismísima cúpula del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de recuperar y eliminar pruebas de la financiación ilegal del partido y contra los intereses personales de altos dirigentes del mismo y del Gobierno de entonces. Hasta ahora el reparto oficial de la serie estaba encabezado por un actor secundario, el ex número dos de Interior Francisco Martínez, pero un escrito de 52 páginas de la Fiscalía desvela nuevos documentos, mensajes y testimonios que incorporan como protagonistas a estrellas de mayor peso como su jefe Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y su marido e incluso a Mariano Rajoy (veremos si en un papel principal o sólo con algún cameo).

No tiene, efectivamente, la menor gracia esta introducción al relato, cuya única intención es advertir sobre el riesgo de que caigamos en la trampa de pensar en lo ocurrido como una especie de ficción, un asunto de entretenimiento que simplemente añade nuevos episodios a una trama ya conocida, perteneciente al “pasado” y amortizada desde el punto de vista político. Es lo que parecen intentar desde el Partido Popular y sus múltiples aliados mediáticos, aplicando además unas cuantas vueltas al ventilador populista para intentar confundirlo todo y difuminar responsabilidades políticas y/o penales a costa de ensuciar una vez más todo el sistema.

El alcance de las imputaciones por delitos concretos dependerá en primer lugar de si Francisco Martínez confirma ante el juez lo que aparece en sus mensajes desvelados por la documentación manejada por la Fiscalía, y que apuntan directamente al exministro del Interior, a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (ver aquí). Parece obvio que alguien del rango de Martínez no tenía poder suficiente como para ordenar una operación policial ilegal, pagada con fondos reservados, para espiar y robar a Luis Bárcenas y destruir ordenadores y todo tipo de pruebas que pudieran perjudicar al partido o a sus dirigentes. Por lo que conocemos de las interioridades del PP de esos años, y de la guerra interna que sostenían la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la citada Cospedal, no se puede descartar que sigan apareciendo nuevos nombres de relieve en el reparto, entre otras razones porque Interior recibía instrucciones directas de Moncloa, del antedespacho de Santamaría, donde también se concentraba la información procedente del CNI. Con todos esos ingredientes y las aportaciones imprescindibles del ínclito Villarejo y su banda, cualquier guion es susceptible de complicarse muchísimo. Todo eso habrá que verlo a lo largo de la instrucción judicial.

Lo que no precisa ya muchas más pruebas es la rima de fondo entre esta causa y otras cuantas abiertas (o cerradas) en torno a la corrupción protagonizada por el PP durante décadas. Hay una concordancia clave entre la creación de la llamada Policía Patriótica encargada de ensuciar y calumniar a adversarios políticos del independentismoPolicía Patriótica (ver aquí) y la invención del famoso informe PISA que pretendía hundir personal y políticamente a Pablo Iglesias y a Podemos (ver aquí). Hay una coherencia entre las frases que en su día escuchamos al ministro Fernández Díaz hablando en su despacho con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña y las que pronunciaba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre su amigo y protegido fiscal Moix (ver aquí). Hay una sintonía evidente entre “esto la Fiscalía te lo afina…” (ver aquí) y el SMS reenviado por Cosidó presumiendo de que el juez Marchena permitiría al PP controlar “desde detrás” la Sala de lo Penal del Supremo (ver aquí).

Pablo Casado ha reaccionado al nuevo estallido con un argumentario cansino y gastado (ver aquí). “Yo era entonces diputado por Ávila”. “Reivindico la presunción de inocencia para los afectados”. “Es el pasado”. “Pido la misma contundencia para el escándalo de financiación de Podemos”. “Recuerden el caso de los fondos reservados del PSOE en los años noventa…” El derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede servir para enterrar permanentemente montañas de indicios de responsabilidad. Como tampoco es aceptable a estas alturas seguir enganchado a un ventilador que no resiste la más mínima comparación empírica. Basta leer el escrito de la Fiscalía conocido este mismo martes sobre Podemos y las acusaciones de Calvente (ver aquí).

El problema que debe resolver Casado es si está dispuesto o no a terminar con esa “rima” que ha definido determinados comportamientos en el PP más cercanos a los de una organización criminal que a los de una formación política clave para el funcionamiento democrático. La reiterada tendencia a manejar lo público como si de un cortijo particular se tratara; los esfuerzos constantes por obstaculizar la actuación de los tribunales o por influir en sus decisiones “por la puerta de detrás”; la insistencia en utilizar informes falsificados o manipulados para deslegitimar a adversarios políticos… son rasgos más propios de fuerzas antisistema que de partidos democráticos.

En este nuevo lote de documentos “desclasificados” por el juez hay un dato que quizás no se resalta suficientemente. ¿Cómo es posible que hace sólo un año (el 5 de junio de 2019), Francisco Martínez intercambiara mensajes sobre la causa abierta con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que hoy sigue en el cargo? Si Casado quisiera demostrar que ese serial de corrupción sistémica es el pasado, podría empezar por aceptar democráticamente la legitimidad de otras fuerzas políticas con millones de votos, y cumplir su obligación de pactar la renovación de órganos constitucionales que llevan casi dos años caducados. Porque si no, cada vez que repite que con el bloqueo en la elección de un nuevo Poder Judicial “el Gobierno tiene un problema, no nosotros”, se le entiende todo. Y lo que confirma es que el problema en realidad lo tenemos todos. Esto no es una serie, ni un concurso de cocina. Es una democracia cuyas cloacas apestan.