Malversación o autodestrucción… depende

Esta rara semana de acueducto festivo empezó en lo político con una encuesta de 40dB para El País y la SER cuyas conclusiones coinciden con los datos que manejan los expertos demoscópicos menos condicionados por medios o partidos para los que trabajan. En resumen, la tendencia actual indica que el llamado efecto Feijóo se ha diluido, que PP y Vox no sumarían mayoría absoluta y que el Gobierno de coalición podría reeditarse siempre que el espacio a la izquierda del PSOE acuda a las urnas unido y no troceado. Yolanda Díaz es la gran esperanza roja de Pedro Sánchez y de la movilización progresista… con el permiso de Pablo Iglesias. Pero la semana termina con un anuncio múltiple que puede dar la vuelta a esa tendencia si la decisión final irrita al electorado o si no se explica de modo convincente. Cuando la sociedad parecía haber digerido sin apenas reflujo la argumentada reforma del delito de sedición, el Gobierno ha decidido dar el arriesgadísimo salto de entrar a debatir la propuesta de ERC (no del PSOE ni de UP) de rebajar las penas por malversación en los casos en que no exista ánimo de lucro (ver aquí).

Vaya por delante que uno no tiene una opinión tajante y definitiva sobre un asunto tan complejo (ya sé que es imperdonable en este país de blancos y negros, de 'Luis Enrique al altar o al infierno', de 'sujétame el cubata que esto lo arreglo yo en un plis-plas'). Sólo me atrevo a compartir unos apuntes urgentes sobre este momento clave para el final de la legislatura, para el resultado electoral y quizás también para la fortaleza de la propia democracia.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- La propuesta de ERC parte del argumento de que la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2015 estaba dirigida contra el independentismo (tras la consulta convocada por Artur Mas) y plantea recuperar el modelo anterior sobre malversación, que distinguía entre la que suponía un enriquecimiento personal y la que usaba recursos públicos para fines no apropiatorios pero sí ajenos a los objetivos concebidos. Lo cierto es que la enmienda de ERC beneficiará a los dirigentes independentistas condenados o imputados por el citado delito, de forma que Oriol Junqueras podría volver a presentarse como cartel electoral y Puigdemont podría ser extraditado y recibir una sentencia más leve de la que sería coherente con las penas (durísimas) dictadas por el Supremo contra los protagonistas del procés.

2.- El Gobierno se esfuerza en aclarar que en ningún momento ha sido propuesta suya (ni de PSOE ni de Unidas Podemos) tocar la malversación en el Código Penal o rebajar las penas que este contempla. Y plantea su propia enmienda para crear el delito de “enriquecimiento ilícito” con el fin de demostrar que no aceptará debilitar la lucha anticorrupción o que cualquier condenado o imputado por haber metido la mano en la caja pueda salir favorecido. Creeremos lo que veamos, de modo que hay que esperar a conocer la letra definitiva del texto que se pacte (o no) con ERC para comprobar que, efectivamente, ningún corrupto se aprovechará de la aplicación de la norma más favorable (como viene ocurriendo con la ley del sí es sí).

3.- Este punto ofrece la primera gran duda razonable sobre la bondad de esta reforma que se plantea. Es cierto que nadie propone despenalizar la malversación, como insiste en vocear todo el magma mediático de la derecha (ya les gustaría a muchos, por otra parte, irse de rositas en la Kitchen, la Gürtel, Lezo, Púnica, etc). Pero tampoco el Gobierno ha puesto pie en pared para proclamar que el mal uso del dinero público debe ser duramente castigado con independencia del objetivo del desvío de los recursos de la caja común. ¿Hasta qué punto importa que un cargo público robe para sí mismo, para un cuñado o para una causa benéfica? Lo exigible es que se respete y controle hasta el último euro de lo que la ciudadanía aporta con sus impuestos.

4.- De modo que los únicos beneficiados a corto plazo con la propuesta de ERC serían sus propios líderes o algunos de los de Junts, no ningún dirigente o exdirigente socialista como José Antonio Griñán (que nunca se quedó con un solo euro de los ERE). ¿Entonces el debate es sobre las mejores fórmulas para encajar la cuestión catalana en el Estado y no sobre el castigo a la corrupción o el uso indebido del dinero público? Aquí el problema es de valentía y transparencia en la explicación de las decisiones. Fue con un gobierno del PP cuando en Cataluña se aprobaron normas ilegales, se celebró un referéndum ilegal y se reprimió a la ciudadanía por participar en la consulta. Rajoy renunció a hacer política para ceder cualquier decisión a los jueces y a las fuerzas de seguridad. ¿Es el objetivo de todo lo que estamos conociendo esta semana la desjudicialización definitiva de la tensión entre el independentismo catalán y el Estado? Si es así, conviene afrontar con claridad y contundencia ese afán, que no debería ser táctico y puntual, sino formar parte del proyecto de una España plurinacional, diversa y capaz de defender como riqueza común lo que la caverna mediática y política conservadora viene utilizando como una especie de bomba destructora de la “unidad nacional” que nunca explosiona porque es (como dice el tópico) mucho más lo que nos une que lo que nos separa. 

5.- De Pedro Sánchez se podrá decir de todo menos que sea incapaz de asumir riesgos. Abordar la negociación con ERC sobre la malversación a apenas seis meses de las elecciones autonómicas y municipales, a un año justo para las próximas generales, es jugar con fuego. Y no sirve ese facilón argumento de quienes le acusan de “rendirse a los intereses de separatistas y filoterroristas”. Es muy fácil comprobar que el actual Gobierno podría mantenerse el próximo año prorrogando presupuestos, sin ceder absolutamente nada a las exigencias de algunos socios de investidura. Incluso podría beneficiarle ese enfrentamiento en el resto de España. Si lo hace será porque considera que el desgaste político que conlleva cada “cesión” tendrá una compensación futura. ¿Por razón de Estado, en coherencia con lo que sin duda se ha conseguido reduciendo la tensión con el separatismo catalán? ¿Por puro interés electoral, pensando en que estas arriesgadas decisiones contribuyen a un apoyo electoral al PSC en Cataluña que decidirá finalmente la mayoría en las próximas elecciones generales, como ya ocurrió en 2008 con la segunda victoria de Zapatero?

6.- Lo cierto es que hay un compromiso público y ya irrenunciable sobre las “líneas rojas” que el Gobierno pone a la negociación con ERC sobre su enmienda: no puede debilitar la lucha anticorrupción ni beneficiará en ningún caso a condenados o imputados en los ERE, la Kitchen, la Gürtel, etc (ver aquí). Hasta la propia militancia del PSOE (a quien Sánchez debe muchísimo más que a barones permanentemente díscolos como Page o Lambán) entendería mal que Junqueras se beneficiara de esta reforma y no Griñán. Resolveremos esta duda (y otras muchas) en los próximos días. 

El Gobierno se ha metido con la malversación en un carajal político de difícil explicación a seis meses de unas elecciones. De la letra pequeña que estos días se negocia dependerá probablemente la tendencia electoral que marcarán las próximas encuestas

7.- Paralelamente al arriesgado paso sobre la malversación se produce la propuesta de los dos partidos del Gobierno de coalición sobre la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional, adelantada la noche del jueves por Esther Palomera en el eldiario.es. Y en este punto conviene no ceder ni un solo miligramo a la interesada y falsa equidistancia. Si el boicot que vienen protagonizando desde hace cuatro años el PP y los vocales conservadores del CGPJ y del TC a la renovación marcada por la sacrosanta Constitución con la que tanto se llenan la boca se hubiera producido en un país del Este de Europa o de Latinoamérica, de lo que hablarían los medios internacionales es de un intento de golpe de Estado. Resulta simplemente patético (aunque muy significativo) que pocas horas después del anuncio del Gobierno, los vocales atrincherados en una rebeldía meridianamente ilegal se hayan apresurado a pedir la convocatoria de un pleno urgente para elegir a los miembros que a ellos les interese antes de que se aplique la reforma (ver aquí). Feijóo ha perdido la principal oportunidad que tenía para demostrar una responsabilidad de Estado y romper con la estrategia trumpista de tratar como ilegítimo a un gobierno salido de las urnas. El PP ha anunciado recursos ante el TC, sin detenerse a observar, por cierto, que el propio TC ya estableció en su día que las mayorías necesarias para los nombramientos del CGPJ dependen (como sabe cualquier demócrata) del legislador (ver aquí). Que en este país haya jueces empeñados en ejercer la separación de poderes imponiendo sus criterios ideológicos sobre el Legislativo o el Ejecutivo es una absoluta anomalía que ya va siendo hora de resolver, en lugar de seguir cediendo siempre a un ecosistema viciado que el PP intenta sostener en su provecho y el de su concepción partidista.

No nos engañemos. El Gobierno se ha metido con la malversación en un carajal político de difícil explicación a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales. Tiene poco que ganar y mucho que perder. De la letra pequeña que estos días se negociará y, sobre todo, de la explicación que la ciudadanía entienda sobre los cambios en el concepto de malversación de dinero público, dependerá probablemente la tendencia electoral que próximas encuestas marcarán. Y, lo que es más importante, la construcción de una democracia más sólida o un sistema dependiente de los vientos que provoquen grupos políticos concretos o jueces que no asumen que España es una democracia, y no un cortijo de intereses particulares.