De los mismos autores de la creativa versión del enriquecimiento personal sin incremento de patrimonio personal para impedir la aplicación de la ley de amnistía, llega ahora la investigación al fiscal general por revelación de secretos como responsable de una nota de prensa en la que no se revelaba un solo dato que no hubiera sido ya publicado acerca del novio de Isabel Díaz Ayuso y defraudador fiscal confeso. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, sigue innovando en materia judicial con la consecuencia (presuntamente fortuita) de contribuir desde ese ámbito al desgaste del Gobierno de coalición fruto de una mayoría parlamentaria surgida de las urnas.
La sucesión de los hechos documentados (ver aquí la información de Álvaro Sánchez Castrillo en infoLibre) no ofrece lugar a la duda, por lo cual el Supremo se ve obligado a ignorar toda la argumentación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que giraba en torno a la dichosa nota oficial de la fiscalía. No contenía revelación de secreto alguno. Pero, oiga, rebuscando y rebuscando, quizás sí pueda haber delito en la filtración anterior de correos intercambiados por la defensa del novio de Ayuso y la fiscalía. El principal mail, manipulado por el jefe de gabinete y mano derecha de la presidenta de Madrid, el ínclito Miguel Ángel Rodríguez (MAR), es uno que envía el abogado defensor del novio a un buzón genérico de la fiscalía de delitos económicos al que tienen acceso una veintena de personas. Pero ha decidido por unanimidad la sala presidida por Marchena que no hace falta buscar más allá: los sospechosos son el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. P’alante, como anunció hace días MAR en su cuenta de Twitter (ver aquí), y como este mismo miércoles celebraba eufórica su jefa Ayuso en la misma red social (ver aquí).
Al tribunal, por supuesto, no le interesa poner el foco en otro hecho indiscutible: la nota del fiscal general responde a un bulo lanzado desde el entorno de la presidencia de la comunidad de Madrid y publicado por El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital, que contaba la historia exactamente al revés de como fue. García Ortiz salió al paso de la mentira de que la fiscalía había ofrecido a Alberto González Amador, pareja de Ayuso cuyo enriquecimiento personal (este sí) a costa de contratos de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia también está documentado, un acuerdo si admitía el fraude de más de 350.000 euros valiéndose de una trama de sociedades pantalla y facturas falsas. Fue la defensa de González Amador quien propuso el pacto a la fiscalía.
El fiscal general tiene todo el derecho a defenderse y demostrar que no solo no cometió una revelación de secretos sino que cumplió su obligación de informar a la ciudadanía, como establece el Estatuto Fiscal
En esos días no se cansó tampoco de mentir la propia presidenta de la comunidad de Madrid, que llegó a proclamar en sede institucional que su novio sufría una “persecución” por parte de Hacienda, y que era el fisco quien debía a su chico “más de 600.000 euros” (ver aquí). Desde entonces no han parado, ni ella ni MAR ni otros dirigentes del PP de Madrid y del nacional que preside Feijóo, de erigirse en defensores de un defraudador confeso con tal de desgastar al Gobierno de coalición y de buscar la caída del fiscal general.
Sí, es la primera vez en democracia que un fiscal general es investigado por un presunto delito por el Tribunal Supremo. Y en lógica de separación de poderes y respeto mutuo, esa investigación debería conllevar la dimisión automática de García Ortiz. Pero resulta obvio que, por desgracia, no vivimos en una época de normalidad en esa separación de poderes, sino más bien en unos tiempos político-judiciales marcados por un bloqueo del Poder Judicial durante cinco años y medio y por una serie de confrontaciones entre la cúpula del Supremo con el Ejecutivo y también con el Legislativo, ignorado en lo que se refiere a la ley de amnistía.
Hay razones sobradas para discutir el auto del Supremo, por más que todo el mundo deba (debamos) acatarlo. El fiscal general tiene todo el derecho a defenderse y demostrar que no solo no cometió una revelación de secretos sino que cumplió su obligación de informar a la ciudadanía, como establece el Estatuto Fiscal.
El PP y Vox tienen mucha prisa en cobrarse la cabeza del fiscal general, un simple paso más para hacer un totum revolutum con el caso de corrupción de libro en el que está implicado el exministro José Luis Ábalos y forzar la caída de quien definen ya como “número uno” de no está claro qué entramado, Pedro Sánchez. Las prisas no son buenas, pero parece obvio que la oposición y poderes económicos, mediáticos y judiciales ligados a ella, no están dispuestos a esperar de brazos cruzados a que transcurra una legislatura compleja pero legítima. Su mayor temor es el que expresó en privado el popular Elías Bendodo hace un par de días: que haya acuerdo de Presupuestos. Si no se puede precipitar el fin del Gobierno de coalición en el Parlamento, bien vale aprovechar cualquier oportunidad para intentarlo por otras vías. Ya conocen aquel encargo de Aznar (mentor del ínclito MAR): el que pueda hacer, que haga (ver aquí). Pues p’alante.
De los mismos autores de la creativa versión del enriquecimiento personal sin incremento de patrimonio personal para impedir la aplicación de la ley de amnistía, llega ahora la investigación al fiscal general por revelación de secretos como responsable de una nota de prensa en la que no se revelaba un solo dato que no hubiera sido ya publicado acerca del novio de Isabel Díaz Ayuso y defraudador fiscal confeso. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, sigue innovando en materia judicial con la consecuencia (presuntamente fortuita) de contribuir desde ese ámbito al desgaste del Gobierno de coalición fruto de una mayoría parlamentaria surgida de las urnas.