El desastre que viene Luis Arroyo
Ayuntamientos contra la ciencia y la salud pública
El próximo sábado, 17 de junio, se constituyen más de 8.000 ayuntamientos en toda España, plasmando así el resultado de las elecciones del 28M. A diferencia de lo que ocurre en las asambleas autonómicas y en el Congreso de los Diputados a la hora de elegir las presidencias de sus respectivos gobiernos, en los Ayuntamientos, haya o no mayorías absolutas, el próximo sábado se nombrará a alcaldes y alcaldesas. La explicación se encuentra en la LOREG, cuyo artículo 196 dice: “En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”.
En esta ocasión, además, fruto de los resultados del 28M y de la campaña electoral de legislativas en que ya estamos inmersos, la constitución de los ayuntamientos va a ser una primera prueba de cómo se articulan las relaciones entre PP y Vox. En aquellos ayuntamientos donde los populares sean la fuerza más votada, y salvo pactos por su izquierda –que, de ser, serán muy minoritarios dados los resultados–, el PP no necesita a Vox. Se aplica el punto c) de la ley y es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista más votada. Sin embargo, en casos en que los populares no sean la lista más votada o que puedan articularse otras mayorías, han de decidir si entran o no en juego esas alianzas con la extrema derecha. Lo mismo ocurrirá cuando, pese a ser investidos alcaldes, los populares necesiten, aunque sea desde fuera, los votos de Vox para aprobar presupuestos u ordenanzas municipales. Esto ya ha venido pasando en algunas ciudades estos cuatros años y conocemos el resultado: reducción a la mitad de partidas de cooperación al desarrollo, recorte de recursos en campañas contra la violencia machista, etc.
Con la cautela requerida hasta que el sábado se constituyan las corporaciones, según se va conociendo por los medios de comunicación, los acuerdos entre PP y Vox parecen estar cerrados o en vías de hacerlo en ciudades como Guadalajara (donde el PSOE es la lista más votada), Calviá y Alcudia en Baleares, Toledo, Burgos, Valladolid… En la Comunidad de Madrid, Ayuso ha dado “libertad” a los suyos para que acuerden como consideren, y parece que se están acercando pactos en Arganda del Rey, Alcalá de Henares o Móstoles. Insisto: hasta que no se materialice, cautela, pero por aquí pueden ir los tiros.
En el año 2022, en las elecciones de Castilla y León, Vox dio un salto cualitativo en su devenir y decidió que se habían acabado los tiempos de influir desde fuera en los gobiernos. Quizá no se le dio la importancia debida, o quizá fue un acontecimiento más en medio de otros tantos tan o más relevantes, pero lo cierto es que esta decisión cambió el panorama político español. Vox había decidido que quería gobernar. Esta decisión se vio fortalecida el 28M, pues tanto Vox como el PP incrementaron su votos en las principales capitales de Castilla y León.
Llama la atención lo rápido que la sociedad española ha normalizado a la extrema derecha. Fuimos de los últimos países europeos en contar con un partido de esta naturaleza, pero una vez en las instituciones, su normalización ha sido veloz. España es así en muchos aspectos: las cosas tardan en llegar, pero cuando llegan, se materializan con inusitada rapidez. Tanto, que ya tenemos evidencias de lo que ocurre cuando gobiernan.
Llama la atención lo rápido que la sociedad española ha normalizado a la extrema derecha. Fuimos de los últimos países europeos en contar con un partido de esta naturaleza, pero una vez en las instituciones, su normalización ha sido veloz
Existe un debate en toda Europa sobre hasta qué punto la ultraderecha tiene el potencial destructivo de las democracias que se le atribuye. Los más escépticos apuntan que cuando estas fuerzas llegan a gobernar se encuentran con las restricciones propias de la gestión que les impiden llevar adelante sus propuestas, pierden la pureza y comienzan a dejarse apoyos por el camino. Sin embargo, los análisis de las consecuencias de la presencia de la extrema derecha en los gobiernos muestran otra realidad. Sus efectos son abundantes, como muestran numerosas investigaciones que recogía hace unos meses aquí. Por sintetizar: por un lado, la extrema derecha contamina a la derecha sistémica y la convierte en derecha extremada; por otro, se ponen en duda valores de convivencia básicos en las democracias, y finalmente sus políticas, ajenas a la ciencia y presas del populismo, acarrean consecuencias económicas, sociales y, en muchos casos, de salud pública.
En España la presencia de Vox en el Gobierno de Castilla y León muestra de forma clara cómo el populismo tiene consecuencias inmediatas en cuestiones clave, como ha quedado de manifiesto en el caso de la tuberculosis bovina. Promesas electorales irreales e inviables para contentar a los ganaderos, caso omiso a la normativa y un profundo desprecio a la ciencia han acabado acarreando serios perjuicios económicos a los ganaderos, pudiendo llegar a poner en riesgo la salud pública, como señala el sindicato de veterinarios de Castilla y León. “Llevamos muy al extremo la salud pública”, declaraba hace unos días el consejero de agricultura de Vox en Castilla y León. Ni la cercanía de la pandemia le hizo reflexionar un instante sobre el terrible sentido de esa frase.
Estos dos elementos esenciales, obviar a la ciencia y a la normativa –en especial la europea–, se encuentran también en conflictos como el de Doñana, esta vez sin necesidad de que Vox gobierne, porque cuando compite con el Partido Popular por los votos de la provincia de Huelva, los populares no dudan en mostrar su perfil de derecha extremada y se apuntan al desprecio de la ciencia y al desafío a las instituciones europeas.
De paso, en ambos casos, la extrema derecha enarbola la bandera de la defensa nacional frente a esa Europa tecnocrática que nadie entiende, y la derecha extremada se aprovecha del malestar creado.
Junto a las cuestiones relacionadas con las migraciones y los derechos de las mujeres, las políticas ambientales serán las que más sufrirán el desprecio al conocimiento, a la ciencia y a la normativa de que presume la extrema derecha en toda Europa, y ante la que calla –y otorga– la derecha extrema. El próximo sábado, formarán parte de algunos gobiernos municipales. Un peligro para la salud pública.
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