Debates que desaparecerán el 29 de mayo y otros que seguirán pendientes

La precampaña (oficial) ha arrancado con fuerza: listas, candidaturas, encuestas y la primera pelea, la que define el terreno de juego, la que se libra para determinar sobre qué temas irán las elecciones o por decirlo de manera más formal, ¿a qué pregunta darán respuesta estos comicios?

El Gobierno de coalición puede exhibir una buena gestión económica y hacer de ella el centro de la conversación, pero la derecha no va a dejar que le arrebaten de manera tan obvia la bandera de la gestión y la economía. No sólo eso, sino que con un ojo vigila que el PSOE no se adentre en ese campo y, con el otro, que Vox no le gane la partida que le disputa, la de la defensa de la economía tradicional. Sólo así se entiende el triste episodio de Doñana, sabiendo como sabe la Junta de Andalucía que es inviable, puesto que por mucho que ellos reconozcan esas hectáreas de regadío, será imposible que reciban dotaciones de agua por la sencilla razón de que no hay. Ahora bien, la competencia para decidir quién recibe agua y en qué cuantía no la tiene la Junta de Andalucía sino la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, y por tanto al Gobierno central. La proposición de ley acabará aparcada en el limbo o, si se incorporan las propuestas que plantee la Comisión Europea para que se ajuste a derecho, tan desvirtuada que apenas quedará nada, pero habrá servido para generar un falso debate con fines marcadamente electoralistas. Lejos quedará la complejidad de restaurar Doñana, retirar un número considerable de hectáreas de cultivo y dar una salida económica a la zona y a los agricultores.

Otros proyectos similares en cuanto a intenciones o viabilidad tendrán marcados caminos parecidos. Desde la ampliación del aeropuerto de El Prat, hasta la reivindicación de infraestructuras hidráulicas como si trajeran con ellas la lluvia, pasando por atropellos como el proyecto de unión de las estaciones de Astún, Candanchú y Formigal por el valle pirenaico aragonés de Canal Roya, pasarán al olvido de los imposibles.

¿Quién quiere ponerse a debatir la complejidad de la transición ecológica pudiendo amnistiar pozos ilegales, inaugurar embalses, aeropuertos o megalómanas pistas de esquí?

Esto plantea, al menos, dos problemas. El primero, se evidencia de forma burda hasta dónde puede llegar el electoralismo. Buena parte de quienes promueven estas iniciativas conocen perfectamente las tendencias globales, la normativa española y europea y cómo se están moviendo los mercados financieros; son en buena medida conscientes de que van contracorriente, de que los proyectos están próximos a la quimera o, en el mejor de los casos, quizá acaben siendo el último coletazo de una era que acaba. Son, por tanto, desde todos los puntos de vista, insostenibles a medio y largo plazo. El segundo gran perjuicio que causan este tipo de iniciativas, polémicas en cuanto aparecen en el debate público, es que ocultan y dificultan otros debates, estos sí, de calado, que nunca acaban de abordarse. Cómo hacer realidad la compleja restauración de Doñana, cómo retirar el número de hectáreas de cultivo necesarias en distintas zonas de España dando una salida económica a los afectados en lo que debería de ser toda una reestructuración del sector, cómo hacer que Barcelona gane en atractivo turístico e internacional con un modelo sostenible, o cómo lograr que en el Pirineo, cada vez con menos agua y menos nieve, se puedan desarrollar modelos económicos sostenibles de éxito.

En lugar de esos debates de fondo, que raras veces llegan a la esfera pública, la proximidad de las elecciones excita sobremanera el deseo devorador de infraestructuras e inversiones –públicas, por cierto–, millonarias, de fácil inauguración. ¿Quién quiere ponerse a debatir la complejidad de la transición ecológica pudiendo amnistiar pozos ilegales, inaugurar embalses, aeropuertos o megalómanas pistas de esquí?