La caja, la llave y la desigualdad
La palabra de ERC, un preacuerdo de financiación ad hoc para Cataluña, el silencio del PSC y un aval sin concretar del Gobierno. No hay mucho más a un día de la votación de 8.700 militantes republicanos que decidirán el Govern de Cataluña, el punto de cierre de la estrategia de fondo de Pedro Sánchez, el futuro inmediato de Salvador Illa y el próximo ciclo vital de ERC. El contenido del pacto lleva la música y el espíritu del concierto catalán. En parte, es la pista de aterrizaje que necesitan los republicanos para convencer a unas bases jaleadas con la promesa del referéndum y transitar así hacia la decisión que tomaron tras el 12 de mayo. ERC viene de perder elecciones, el Govern y hacer una cura compleja del 1 de octubre tras la excarcelación de Oriol Junqueras.
Entre ir a repetición electoral reeditando la plataforma independentista con Junts y hacer presidente a un socialista, han optado por lo segundo. Primero fue la gobernabilidad del país en la anterior legislatura, ahora la de Cataluña. La escenificación de esta semana no es más que la protección de la consulta a las bases. Dejar el camino limpio para que los militantes no voten en clave de revancha contra la cúpula y ERC pueda empezar su doloroso proceso interno de cara al congreso en noviembre.
Esta vez, entre la izquierda y el independentismo, han optado por lo primero. El problema fundamental es que la financiación bilateral, el cupo catalán, el concierto fiscal o cualquier sucedáneo similar, es difícilmente progresista o de izquierdas y más si se consolida en una ley.
El PSOE se fundó para combatir la desigualdad, no para promoverla. Si el acuerdo de bilateralidad fuera exportable, seguiría siendo desigual. Las comunidades más pobres continuarían recaudando menos IRPF y por tanto, tendrían menos
Sánchez ha neutralizado las críticas de Emiliano García Page con una evidencia. La noticia sería que estuviera a favor de alguna decisión del Gobierno. O que hubiera planteado un debate interno en lugar de contraprogramar a Sánchez con una comparecencia minutos antes del balance anual del fin de curso político desde La Moncloa. El show de Page (desde su entorno admiten que ha lanzado un mensaje ‘interno’ (sic) y mantendrá la disciplina de voto en el Congreso), en este caso, ha desplegado argumentos compartidos por una gran parte de militantes, alcaldes y cargos socialistas más allá del manchego y Javier Lambán. No hace falta ser Page para compartir unos argumentos poderosos. El PSOE se fundó para combatir la desigualdad, no para promoverla. La riqueza nacional es la expresión más depurada de la soberanía nacional y los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. En definitiva, los que más aportan no pueden ser los que más reciban.
Si el acuerdo de bilateralidad fuera exportable, seguiría siendo desigual. Las comunidades más pobres continuarían recaudando menos IRPF y por tanto, tendrían menos. En un ejemplo madrileño, es como si la recaudación de la Moraleja se quedara allí y los de Carabanchel solo contaran con la propia. En el cierre anual, la Moraleja elegiría de manera voluntaria y según sus criterios qué cifra pone en el cheque para contentar a su vecino del sur. ¿Por qué iba a elegir tener menos pudiendo elegir retenerlo todo? Entre el principio de ordinariedad y la justicia social, un progresista elige lo segundo.
Hay una gran diferencia entre querer recaudar, o recaudar para quedárselo –como reclaman los independentistas–. La solidaridad no puede ser voluntaria. ¿Cuál sería la de Junts en el Govern? Ni puede eliminarse el Estado como el máximo exponente del reparto de recursos. Pero tampoco puede ser un tabú revisar la financiación de Cataluña. O desplegar el Estatuto con una Agencia Tributaria catalana como recoge en su articulado avalado por el Constitucional. Madrid ya lo hace. Ayuso regala 1.200 millones de euros al año al 0,2% de los millonarios, como recuerda Juan Lobato, secretario general del PSM. Y aspira a ser paraíso fiscal para rentas altas y nadie se solivianta con el debate.
Es una evidencia que el PSC y ERC no han acordado un cupo catalán (no tendría encaje constitucional o estatutario) y hasta después de la consulta no escucharemos a Salvador Illa dar los detalles de fondo y el calendario del acuerdo. Si se mantiene como está, la reforma legal tiene difícil salida en el Congreso. Sumar tendría imposible mantener la disciplina de voto (Más País, la Chunta y Compromís votarían distinto) y el desgaste del PSOE pasaría por fuertes tensiones territoriales. Veremos cuánta agua echa Illa al pacto final. Su trayectoria apunta a que el primer presidente no independentista en Cataluña no querrá serlo al más alto coste soberanista. Y no lo será. Pero ERC habrá ganado algo seguro. Y eso debería llevar al Gobierno a abrir un debate multilateral sobre la financiación autonómica a la vuelta del verano. Si es importante la caja catalana, hay otras 16 cajas a la espera del mismo debate. La llave debe seguir en el mismo sitio y servir para abrir la conversación ya sea federal o multilateral.
