La Constitución como consenso, no como excusa

En medio, otra vez, de una polarización atronadora con la jaleada venta y ruptura de España cabe recordar una máxima. El que esté libre de pactos con los independentistas que dé un paso al frente. La vía la abrieron los constitucionalistas y la continuó Felipe González. Las cesiones al independentismo existen desde 1977. En el origen de la propia Carta Magna se cedió. El artículo 2 recoge la unidad de España, pero también el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Miquel Roca, en mayo de 1978, habló así en la comisión constitucional del Congreso en el contexto del desafío independentista catalán: “Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista (...) y en dar al reconocimiento de la realidad plurinacional de la nación española el sentido de un punto final a viejas querellas internas”.

La Constitución es el marco y el límite. El PSOE se ha comprometido a llevarla encima en cualquier propuesta y negociación ante una preocupación lógica sobre el blindaje legal a una suerte de amnistía. Una inquietud real que se suma a una parte impostada que no quiere una investidura de Sánchez. La necesidad de ERC y ahora Junts ha animado y también forzado al PSOE a abordar la agenda del diálogo. Unos pactos que venían abonados por el convencimiento de una parte del socialismo. La negociación con Junts estaba pendiente y viene precedida de los indultos, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Cada una con su polémica, sus aciertos y sus errores procedimentales y políticos. 

Las exigencias de Puigdemont, eliminando el referéndum y apelando al PP y al PSOE por igual, son una buena noticia en el camino de enterrar el procés. Devolver a Junts a la política parlamentaria también lo es. Porque dejar al independentismo frente a las urnas despojado del victimismo y la conmoción del 1-O ha tenido buenos resultados. El 23J lo demostró. 

El núcleo caliente del conflicto es el derecho a decidir y la reivindicación de la vía unilateral. Lo que está pidiendo Puigdemont a Sánchez es incluirle en la desjudicialización. En la línea continuista de la anterior legislatura. El instrumento jurídico para Puigdemont, los fugados y los encausados por el procés no es fácil. Los indultos fueron individualizados y el exministro Juan Carlos Campo preparó nueve reales decretos, uno por cada preso. La amnistía, un olvido legal que borre los antecedentes, necesita un encaje complejo. Una solución a medio camino, incluso, que borre una parte pero no el todo. En el debate, hay constitucionalistas que lo ven posible, pero negro sobre blanco es de una complejidad extrema.

Así que desde la Moncloa buscan una fórmula que no haga resbalar al PSOE y al posible futuro gobierno por el desfiladero del Tribunal Constitucional. En el seno del Ejecutivo, nadie habla del fin del Estado de Derecho. Por eso, el sentir de Felipe González lo reivindican más las derechas que los cargos y militantes del PSOE. Es una “orfandad” más propia del cambio de los tiempos. El independentismo de los ochenta ha mutado y las soluciones de hace 40 años no sirven hoy. 

Las exigencias de Puigdemont, eliminando el referéndum y apelando al PP y al PSOE por igual, son una buena noticia en el camino de enterrar el 'procés'

De momento, las peticiones de ERC y Junts tienen salida parlamentaria. Una Comisión sobre Pegasus, que ya existe en el Parlamento Europeo, el uso de las lenguas cooficiales igual que en el Senado y “vías legales necesarias” para cerrar el capítulo del 1-O, una agenda activa desde 2019. Por más que eleve el tono el PP, Feijóo no se reunirá ahora con Junts porque llega tarde a esa cita y ya habla de buscar un “encaje al problema territorial de Cataluña”. Un reconocimiento explícito a un procés por superar. Un paso que se suma a la amnistía que pide Puigdemont al plantear reabrir el debate, algo que Junts no ha exigido con medidas concretas. 

Los bandazos de Feijóo apuntan a que una vez hecho el trabajo más difícil por parte del PSOE, el PP volverá a hablar con el PNV y Junts en un escenario de normalidad recuperada. Pedro Sánchez puede estar dando un doble impulso. Primero, a un nuevo ciclo plurinacional con un pacto de su investidura. Segundo, la hiperbólica ruptura del Estado de Derecho por pactar con Junts que tanto clama el PP es el terreno sobre el que se recompondrá la derecha de siempre. Carles Puigdemont tiene fuerza por su anómala condición. Prófugo de la Justicia en España y europarlamentario en Bruselas. Una vez desaparecida la anomalía, el PP se sentará con los convergentes catalanes. 

La campaña del PP de derribo del sanchismo, su alianza estructural con la ultraderecha y la necesidad vital de Pedro Sánchez del independentismo ha dibujado los bloques y la disyuntiva. O un gobierno progresista con Junts y ERC o un gobierno con Vox. No hay otra. Independentismo o extrema derecha. El millón de votos que sumó el PSOE y la pérdida de otro millón de los independentistas es resultado de las políticas de la anterior legislatura. Los frutos de las soluciones para normalizar el procés. Ni la derecha española ni una parte minoritaria del independentismo lo ha superado. Pero los que han pasado página son más y las mayorías parlamentarias pueden reflejar esa superación definitiva. 

De aquí al intento de investidura de Feijóo y después el de Sánchez el contexto no es otro. O encuentran una solución y su encaje, o se vota de nuevo. La “base moral” que pide Emiliano García-Page hay que buscarla no sólo en las motivaciones de las rebajas punitivas. Parte de esa ética política está en reconocer que el PP de hoy pactará mañana. Ya lo ha dicho Feijóo, empezará por buscar “el problema del encaje territorial”.