Financiación, singularidad sin privilegios
Abordar la reforma del modelo de financiación autonómica es una negociación con ruido de partida. Tanto, que esa caja siempre se cierra en el momento de abrirse. Si la reforma está estancada desde 2014 es precisamente por la dificultad del reparto igualitario y sin desequilibrios. Por las tensiones más territoriales que partidistas. Por lo pronto, necesita debate y el apoyo de todos los socios parlamentarios. Hasta ahora sabemos que no habrá concierto ni cupo catalán. No lo defiende el Gobierno, ni el PSC, ni quienes disfrutan del cupo. Desde el PNV suelen señalar cómo el cupo vasco se gestiona con un 6% del PIB y sería inviable hacerlo sobre el casi 20% del PIB catalán. Pero esa porción de tarta también implica una riqueza que el Estado tiene que incluir en la agenda política. La última vez que Artur Mas lo planteó a un ejecutivo del PP volvió a la Generalitat con las manos vacías y empezó a calentarse la ruptura.
Sí sabemos que el Gobierno abordará la financiación, primero porque es un compromiso de investidura y porque el momento económico es propicio para abrir el melón. Los dos motores de continuidad y arranque definitivo de la legislatura pasan por ese punto de partida. Y porque todo lo que no se aborda, vuelve. La negociación de Salvador Illa con ERC y los presupuestos generales con Junts llevarán obligatoriamente a definir el marco de esa conversación. Una negociación a la que el PP debería sumar a todas sus comunidades autónomas. Es más fácil la oposición por derribo. El insulto inflamado que sustituye al trabajo. La opción multilateral a la que se ha referido el PP es una opción necesaria si no está planteada para boicotear las negociaciones con Cataluña.
Isabel Díaz Ayuso no tiene un discurso distinto al de Junts cuando reclama la bajada de todos los impuestos. Es la riqueza de la capitalidad lo que permite a Madrid aportar
No se puede abrir la reforma de la financiación en plena crisis. Los buenos datos macro de la economía son la coyuntura idónea para debatir el reparto de competencias, recaudación, las prestaciones y balanzas fiscales. La condonación de la deuda en Cataluña, Andalucía o Valencia puede compensar la infrafinanciación acumulada. La singularidad para todos, como dice Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, tiene más sentido que el espíritu del Cataluña nos roba de Emiliano García-Page.
Las tensiones van por comunidades, no por color político. Las singularidades en cada comunidad son evidentes. Y al mismo tiempo la singularidad financiera es un concepto vacío que debe rellenarse. El cómo se haga determinará si es en función de los privilegios –las comunidades ricas imponiéndose a las más débiles– o sobre criterios de compensación e igualdad. La llave de la caja, en palabras de Marta Rovira, es del Estado. No puede haber financiación fuera del régimen común. Pero los Estatutos son mecanismos constitucionales que pueden dar más de sí. Isabel Díaz Ayuso no tiene un discurso distinto al de Junts cuando reclama la bajada de todos los impuestos. Es la riqueza de la capitalidad lo que permite a Madrid aportar. La tercera que más contribuye al Estado es Cataluña. Un pódium sobre el que no se pueden establecer más derechos. Ni puede repetirse el Majestic del PP. Si Pedro Sánchez diera a Cataluña lo mismo que José María Aznar, la recaudación del 35% del IRPF, el 70% de la recaudación iría a las arcas catalanas. Ese sí fue un criterio de desigualdad.
La ofensiva del PP contra la financiación catalana no es coherente con sus posiciones anteriores. Es lógico que se hayan movido de su programa electoral de 2012. El PSC también lo hizo con la consulta “legal” sin aval del Estado. Alicia Sánchez Camacho, entonces presidenta del PP en Cataluña con el mejor resultado en escaños (18) de los populares, incluyó en la ponencia la “financiación singular” y la “fiscal”. Tenía encaje legal y buscaba así la sintonía con los convergentes. Si el PP defendió entonces esa singularidad, no puede ser ilegal ahora. Es menos comprensible la postura de Alberto Núñez Feijóo en 2016, dos años después del referéndum ilegal de 2014 y en pleno auge del procés, a pocos meses de las leyes de desconexión en el Parlament. En un foro en el Cercle d'Economía, abrió la puerta a una negociación sobre un posible concierto catalán. “Estas cosas se pueden cambiar, se pueden plantear y se pueden discutir, ¿no?”, dijo entonces. Uno se puede mover pero explicándolo. El salto de debatir un concierto financiero a tacharlo de ilegal lo merece.
