¿Por qué el concierto económico para Cataluña no se puede aprobar?
En los últimos días hemos conocido la existencia de un preacuerdo entre el PSC y ERC para lograr la presidencia de Salvador Illa que plantea, entre otras medidas, un "concierto económico solidario" para Cataluña. Esta propuesta, que implicaría que la comunidad autónoma recaudará el 100% de los impuestos, ha generado un revuelo considerable en la derecha, como no podía ser de otra manera, pero también en una importante parte de la izquierda que ve con desconfianza este preacuerdo por insolidario. Sin embargo, más allá del ruido, lo fundamental es preguntarse: ¿es realmente viable esta propuesta en el actual contexto político?
La respuesta, a pesar de lo que algunos quieran hacernos creer, es un bastante probable no. Y no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de pura aritmética parlamentaria y de la compleja realidad territorial española.
Pretender dar un trato singular a Cataluña sin abordar las demandas del resto de territorios es, simplemente, una torpeza política
En primer lugar, hay que señalar lo obvio: cualquier modificación de la Ley de Financiación Autonómica requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esto significa que se necesitan, como mínimo, 176 votos a favor. Y aquí es donde empiezan los problemas para los defensores de este "concierto económico" catalán.
El bloque progresista que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez se encuentra, de entrada, con la habitual y nada novedosa oposición frontal de la derecha y la ultraderecha a cualquier concesión que pueda interpretarse como un privilegio para Cataluña. No sorprende. Pero lo realmente significativo es que incluso dentro de las filas de la izquierda y de los partidos nacionalistas y regionalistas, la propuesta ha sido recibida también con un notable escepticismo.
Compromís, por boca de su portavoz Àgueda Micó, ya ha advertido que sus dos diputados no apoyarán la reforma si no se aborda también la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Jorge Pueyo, el único diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, ha sido aún más tajante, amenazando con votar en contra si Aragón no se ve "generosamente compensado". Y el silencio del BNG gallego es, cuando menos, llamativo.
Estas reacciones no son casuales ni caprichosas. Responden a una realidad innegable: España es un país diverso, con profundas desigualdades territoriales y con un sistema de financiación autonómica que lleva años necesitando una urgente reforma integral. En este contexto, pretender dar un trato singular a Cataluña sin abordar las demandas del resto de territorios es, simplemente, una torpeza política.
Así pues, en una hipotética votación, y siendo optimistas, los defensores de esta propuesta se quedarían en torno a los 172-173 diputados, lejos de la mayoría absoluta necesaria. Y esto, asumiendo que todos los diputados del PSOE votaran a favor, algo que tampoco está garantizado dadas las reticencias que existen en algunas federaciones del partido.
Entonces, ¿qué sentido tiene este preacuerdo? La respuesta hay que buscarla en la compleja situación política catalana. ERC se encuentra en una encrucijada: por un lado, necesita mostrar a su electorado que sigue defendiendo las aspiraciones independentistas y, por otro, es consciente de que la vía unilateral está agotada y que es necesario explorar nuevos caminos de negociación con el Estado.
En este contexto, el preacuerdo con el PSC sobre un hipotético concierto económico sirve a ERC como narrativa para justificar ante su militancia más intransigente su apoyo a la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Es, en cierto modo, un intento de emanciparse del control que Carles Puigdemont y Junts siguen ejerciendo sobre el movimiento independentista en general y sobre ERC en particular. Pero ahí se queda, en lo narrativo.
En definitiva, el "concierto económico" para Cataluña, tal y como se ha planteado, no es más que un espejismo a corto plazo, un relato construido para una negociación política concreta. Pero con una torpeza fundamental que, al mismo tiempo que amarra una investidura para Salvador Illa, reparte argumentos en una derecha abonada en el sempiterno discurso de “España se rompe” y enfada a un independentismo que perderá cualquier tipo de confianza en el Gobierno cuando la realidad de la aritmética parlamentaria, tozuda como siempre, se imponga tarde o temprano.
