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Los partidos políticos, esas extrañas criaturas imprescindibles en la vida democrática, están en fase de implosión. No todos, y unos más que otros, pero la tendencia que se observa es clara: cada vez menos personas participan en las deliberaciones y apenas unas cuantas toman las decisiones. Al mismo tiempo, se plantean mecanismos de control más férreo que pueden llegar a vulnerar principios fundamentales del ordenamiento jurídico y de la vida política. La reforma del Pacto Antitransfugismo es un buen ejemplo de esto.
Tras resucitar Ciudadanos dicho pacto, en hibernación desde hace una década, la discusión abierta ha venido motivada por las discrepancias dentro de Unidas Podemos y el movimiento táctico de la cúpula de dicha formación con el objetivo de expulsar a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, del grupo parlamentario andaluz. Ángel Munárriz describe aquí la historia en detalle.
Podría pensarse que es un conflicto más dentro de la formación morada, que se suma a otras desavenencias internas ocurridas en estos últimos años y que han provocado el desgajamiento de sectores políticos relevantes del primer Podemos. Sin embargo, merece la pena prestar atención, porque lo que se está planteando va mucho más allá de una guerra interna concreta.
La Adenda III que quiere incorporarse al Pacto Antitransfuguismo -con el apoyo aparentemente entusiasta de IU, PSOE, PP, PNV, Podemos, PAR, PSC, Foro Asturias, Ciudadanos y BNG - incorpora una nueva noción de tránsfuga, que define como “aquellos representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto electoral político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, abandonan el mismo, son expulsados o se apartan del criterio fijado por sus órganos competentes. Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso.”
La palabra traición, impropia de un texto de esta naturaleza, avanza lo que viene después: la consideración de tránsfuga de cualquiera que “se aparte del criterio fijado por sus órganos competentes”. Es imposible no acordarse de los 15 diputados socialistas que votaron no a la investidura de Rajoy mientras el partido decidía abstenerse para garantizar la elección del presidente, o de Celia Villalobos negándose a votar en contra de la moción socialista contra la reforma del aborto de Gallardón, o de tantos casos en ayuntamientos y parlamentos autonómicos donde se han dado situaciones parecidas. Incluso de la ministra Yolanda Díaz abandonando Izquierda Unida, el partido por el que concurrió a las elecciones en coalición con Unidas Podemos.
La discrepancia queda así catalogada como traición, y merece, a los ojos de los defensores de esta Adenda, el mayor de los castigos: “No podrán ejercer los derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias (…). En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita”, etc. Es decir: el partido se reserva los fondos que la institución le otorga según el número de representantes adscritos, aunque estos se queden en apenas un tercio, como puede pasar con el grupo de Adelante Andalucía, donde pasarían de 17 diputados a 6.
Por si queda alguna duda a estas alturas, la decisión de pasar a considerar tránsfuga a una persona corresponde al propio partido: “Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso (…) quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas.” Ojo, ni siquiera es el grupo parlamentario correspondiente, sino quien los ha presentado, es decir, el partido.
Los autores de esta Adenda III al Pacto Antitransfugismo son conscientes, como reconocen en el texto, de que la doctrina constitucional confirma que la persona electa es la titular del escaño, aspecto en el que la jurisprudencia ha insistido desde 1983. Ante eso, plantean dos caminos: por un lado, si no pueden retirar el escaño, al menos serán ellos quienes decidirán a quién expulsan del grupo parlamentario cuando se haya apartado de su recto camino. Y por si fuera poco, para aquellos representantes que no lo son por elección directa del sufragio (senadores autonómicos, diputados provinciales, etc.), arbitran un camino para poder poner fin a su designación cuando lo consideren.
¿Ha resistido la democracia norteamericana?
La trascendencia de la decisión se comprueba en el debate sobre el modo de tomar la decisión. Hasta el momento, en el Pacto Antitransfugismo cualquier acuerdo se adoptaba por consenso. Esta vez, sin embargo, ante las críticas mostradas por distintos partidos, se plantea por primera vez una votación para modificar este extremo de forma que, en caso de que no exista unanimidad, se adoptará por mayoría, pero ojo: no de partidos, sino de voto ponderados de partidos en función de su representación. Efectivamente, la jugada es de largo alcance.
La nueva política se diferenció de la vieja en la aspiración a conseguir un nuevo modelo de partido basado en el pluralismo, la horizontalidad, la deliberación, la permeabilidad con el conjunto de la sociedad, etc. Llegó incluso a inocular este virus en algunos de los partidos tradicionales, que ya no pudieron decir que no a las primarias ni a otras vías de apertura. Diez años después, sin embargo, la historia parece dar un giro. Las formaciones políticas orbitan en torno a líderes incuestionables que, rodeados de un núcleo de personas cada vez más pequeño, y conscientes de la debilidad de sus estructuras, articulan mecanismos férreos de control. De partido de masas se ha pasado al partido de mesas (camilla).
Los partidos pueden estar entrando en fase de implosión, lo que confirma su extrema debilidad. Si no fuera porque son piezas esenciales para la democracia, no dejaría de ser una forma de organización política más que atraviesa un proceso degenerativo camino de la extinción. Pero ojo: sus crisis son las de todo el sistema.
Los partidos políticos, esas extrañas criaturas imprescindibles en la vida democrática, están en fase de implosión. No todos, y unos más que otros, pero la tendencia que se observa es clara: cada vez menos personas participan en las deliberaciones y apenas unas cuantas toman las decisiones. Al mismo tiempo, se plantean mecanismos de control más férreo que pueden llegar a vulnerar principios fundamentales del ordenamiento jurídico y de la vida política. La reforma del Pacto Antitransfugismo es un buen ejemplo de esto.