Democracia y Justicia

El 24 de octubre de 1936 quince vecinos del pueblo de San Juan de Aznalfarache fueron asesinados por la represión fascista. Entre las víctimas se encontraban nueve jornaleras conocidas como las aceituneras. En el año 2017, este pueblo sevillano les rindió homenaje colocando un monolito que se conoce precisamente así, como Las Aceituneras. En menos de tres años el monumento ya ha sufrido tres ataques, el último el pasado mes de julio: dos vecinas del pueblo, una de ellas candidata de Vox en las últimas elecciones municipales, se tomaron una foto junto al monolito y la colgaron en las redes sociales mofándose de las víctimas, es decir, de las quince personas asesinadas.

Cada 15 de septiembre se conmemora por la ONU el Día Internacional de la Democracia. Me ha traído a la memoria los hechos de San Juan de Aznalfarache como aquello que no se puede tolerar en una democracia: la burla y la ridiculización pública de la matanza de quince personas por los franquistas.

Precisamente este martes, Día de la Democracia, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de la Memoria. Debemos felicitarnos ante el nuevo texto que habla de cortar por lo sano con los recalcitrantes sumideros franquistas que aún hay en nuestro país; de auditar el expolio que hicieron los franquistas durante la guerra y la dictadura o de anular las condenas dictadas por los tribunales de Franco. Aunque solo sea para aliviar a los nietos de aquellos -anónimos o no- que fueron fusilados por una condena de pena de muerte irrazonable, y que, según esta ley, podrá por fin ser declarada nula.

Democracia y justicia son dos conceptos consustanciales, irrealizables la una sin la otra. Y ambos, a su vez, son condición sine qua non para el desarrollo en plenitud de los Derechos Humanos en una sociedad.

La robustez democrática de un país se mide por la adhesión a una serie de derechos políticos y de libertades civiles recogidos en diferentes tratados internacionales a los que se suscriben los Estados. Ahora bien, a esta relación hay que dotarla de elementos cualitativos y, en eso, nuestro país no ha hecho sus deberes de revisión con su historia reciente. Con ello ha desconocido las recomendaciones de instancias internacionales como la del Relator Especial de la ONU de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, que en su informe sobre España de 2014 era contundente con la ausencia de protección legal a las victimas del franquismo. La justicia española ha hecho dejación de esta obligación para con las mismas y en la interpretación de las normas legales ha sido contraria a aquellos derechos.

Apuntalar los principios democráticos

Sin duda alguna, el anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática que al fin ve la luz es una apuesta firme y decidida por apuntalar los principios democráticos, cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador cuyos restos no reposan ya con los de las víctimas que se vieron obligadas a construir, con mano de obra esclava, el mausoleo del Valle de los Caídos. Fue el 24 de octubre de 2019, cuando la notaria mayor del reino, la ministra de justicia Dolores Delgado, certificó la exhumación de Franco y el traslado al cementerio de Mingorrubio. Tendremos que esperar a que, como ha sucedido recientemente con el Pazo de Meirás, los bienes expoliados a miles de españoles y españolas republicanos vuelvan a sus legítimos propietarios o a sus herederos, o que sean debidamente indemnizados, y puedan recibir el desagravio formal por parte de la máxima autoridad política del reino.

En esta ley, una vez que supere el trámite parlamentario, una de las novedades más significativas será la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la averiguación de los hechos sucedidos durante la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de Derechos Humanos. Novedad a la que se suma la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura para buscar a las personas desaparecidas y enterradas en fosas comunes, y la apertura de archivos para la investigación.

Aquí se enmarca la búsqueda de la verdad de las víctimas, de sus familiares, que demandan justicia. Del éxito de esta ley y de la voluntad real de cumplirla por parte de los operadores judiciales y demás instituciones dependerá que podamos afirmar, sin miedo a equivocarnos o a que nos echen en cara la doble moral que algunos tienen, que España es el verdadero estado social, democrático y de derecho que proclama el artículo primero de la Constitución de 1978.

Sin embargo, en este tema especialmente, tanto la derecha como la extrema derecha suman sus posiciones contrarias a cualquier norma de este rango que regule una realidad que ellos niegan. Y, si esto es así, peor será en lo relativo a los aspectos curriculares en las escuelas, las normas que impongan su estudio en la ESO y el Bachillerato.

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"Las aceituneras" de la localidad sevillana fueron ejecutadas en 1936; no tuvieron justicia y al asesinarlas nos robaron a todos el derecho a la democracia y a un futuro digno y en paz, al igual que a decenas de miles de personas y a los millones que nos dejaron inermes con el lastre de una dictadura que nos marcó de forma casi indeleble. A tal punto fue así que, con el amparo de una falsa reconciliación, ocultó el conflicto y su solución bajo el manto supuestamente protector de la denominada Transición. Lo cierto es que sin justicia no hay verdadera democracia, y no la puede haber cuando a día de hoy no han sido resarcidas decenas de miles de víctimas en nuestro país.

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Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGARFIBGAR