Juana murió sola (y pudo haberse evitado)

Juana Armella trabajó en casa de mi madre, cuidándola, hasta su muerte en 2015. Desde entonces no supe nada de ella hasta que me llamó a mediados del pasado noviembre para pedirme ayuda. Estaba sola, desamparada y muy enferma de cáncer desde hacía siete años, me dijo. Había sido operada dos veces de colon y pulmón y su enfermedad se había agravado por otro tumor en los pulmones, con pronóstico muy grave. Su único deseo era ya que su hija viniera desde Bolivia para cuidarla y poder despedirse de ella. Juana era de Bolivia, pero con nacionalidad española, vivía en Mislata (Valencia) y estaba prejubilada.

Los nativos de Bolivia necesitan un visado para poder viajar a España. Para conseguir el visado para su hija, Juana había acudido al procedimiento de reagrupación familiar. Para cumplir uno de los requisitos, estuvo enviando a su hija mil euros cada dos meses durante dos años, pero el visado fue denegado por la Administración porque debía haberlo hecho cada mes, aunque fuera con cantidades bastante inferiores. Sin comentarios.

Juana me pidió ayuda para intentar otro procedimiento para conseguir el visado, en este caso por medio de un contrato laboral. Me dio el contacto de su abogada de inmigración, quien me dijo que no era una opción válida porque la tramitación era muy larga, más de un año, y la salud de Juana no estaba para esperar ese tiempo. La abogada de inmigración me indicó que el único procedimiento rápido y posible para casos de extrema necesidad, como el de Juana, era acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ella misma tenía constancia de dos casos que se habían solucionado con rapidez.

El procedimiento consiste en la elaboración, por parte de los servicios sociales, de dos informes sobre el historial clínico de la enferma y su situación de extrema gravedad y de dependencia por estar sola, lo que justifica la necesidad del cuidado por parte de su hija. Esos dos informes serían enviados a su hija para la tramitación del visado en el Consulado español por motivos de extrema gravedad y humanitarios. Me presenté en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mislata.

Y aquí empezó el calvario. Tras varios intentos, fui atendido por la trabajadora social S., de quien no tengo ninguna queja sino todo lo contrario, mi agradecimiento. Me dijo que intentaría que le concedieran la dependencia por estar muy enferma, sola, sin apenas poder moverse, y que hablaría con su jefa sobre el informe. La respuesta llevó a un formulario de solicitud por arraigo, que nada tenía que ver con lo solicitado, y que la abogada descartó. Posteriormente, la jefa de S. le dijo que la solicitud de ese informe debía hacerse a través de un requerimiento judicial, que la abogada también descartó por no tener sentido alguno, ya que los informes clínicos son en sí mismos determinantes.

El 19 de marzo moría Juana sin haber podido ser cuidada y despedida por su hija, gracias a esta Administración que no nos merecemos

Tuve que insistir mucho, alegando que había precedentes de casos similares en otros ayuntamientos. Finalmente me llamaron de Servicios Sociales, una tal B., trabajadora social me dijo, que con bastante acritud y muy expeditiva me dijo que no iban a hacer el informe, porque “se les iba a llenar esto de emigrantes...”, y me pidió que le diera el móvil de la abogada. Aquella justificación no tuvo desperdicio.

Me pareció insólita, xenófoba, racista y denigrante, y completamente fuera de lugar, pero era evidente que no querían hacer un informe que sí que habían hecho otros ayuntamientos. Presenté reclamación por registro, en representación de Juana, solicitando que me confirmaran si esa era la posición oficial de los servicios sociales, y que en caso contrario procedieran a redactar el informe solicitado. Adjunté los informes clínicos del hospital Peset Aleixandre y del hospital de Manises. Juana ha estado tratada en el Peset desde el principio, pero la han llevado incomprensiblemente a urgencias del hospital de Manises cada vez que se agravaba, porque estaba más cerca de Mislata, cosa que ha sucedido cuatro veces en este tiempo, incluida una operación de un tumor en el cerebro.

Para conseguir los certificados clínicos de ambos hospitales tuve que esperar más de un mes. Un mes después de presentada la reclamación por registro, y sin ninguna respuesta, acudí a una amiga que yo creía que podría tener relación con al alcalde de Mislata, y así fue. Tuve suerte. Se extrañó mucho de la respuesta de la funcionaria B., porque me dijo que ese ayuntamiento tiene un edificio con 200 refugiados políticos a su cuenta, algo que muy pocos ayuntamientos del país tienen, y que esa funcionaria está muy lejos de la política de acogida de su centro de trabajo.

El alcalde habló con la jefa de servicio de asuntos sociales, quien le dijo que faltaba un papel, vaya por dios, en la documentación. Faltaba la autorización firmada por Juana para la representación por mi parte. Tuvo que intervenir el alcalde para saberlo, bien que me lo podían haber dicho cuando presenté la reclamación, y no haber perdido un mes. En internet encontré un formulario de representación de los servicios sociales de Mislata, cosa que me ocultaron. Al día siguiente, 16 de febrero, presenté la autorización.

Y la guinda de todo este proceso llega el 3 de marzo. S., la única persona que me ha atendido siempre, por fin me dijo que ya habían redactado el informe y que lo habían enviado por correo a Juana por ser la interesada. Le dije que por favor me lo enviaran por correo electrónico para poder enviarlo rápidamente a Bolivia, que era yo quien había presentado la documentación en su representación, y me dijo que ella no tenía acceso al informe. Y el informe no llegó a casa de Juana. Se perdió, incomprensiblemente. Me dijeron que fuera Juana a las oficinas de asuntos sociales y le entregarían el informe. Pobre Juana, si no podía ni moverse. Era el colmo. Más protestas por mi parte y al fin cedieron: que fuera yo, pero con una nueva autorización firmada, la misma que me exigieron un mes antes, pero que hacía falta una nueva. La conseguí, fui y por fin el 10 de marzo tuve el informe. Diez días perdidos más. Cuatro meses desde que Juana me llamó.

No acaba aquí la historia. El 13 de marzo hablé con la hija de Juana, Priscila. Le envié los informes, estaba muy contenta de tenerlos, fue rápidamente al consulado español en Bolivia. Dijo que era muy urgente, y le contestaron que ese no era su problema, que en dos meses empezarían a evaluar su solicitud. Buena contestación de un funcionario español a una nativa. Si a mí me han hecho pasar las de San Amaro, qué le harán pasar allí.

El 19 de marzo moría Juana sin haber podido ser cuidada y despedida por su hija, gracias a esta Administración que no nos merecemos. Lo primero que recuerdo es la forma tan elegante con que Juana vino a pedirme ayuda, diciendo que era muy importante tener una voz española para acudir a la Administración. Lo que habrán sufrido y sufrirán los migrantes con esta gente, lo indecible.

Una Administración insolidaria

En cuanto al comportamiento de esos servicios sociales, que pervierten su nombre, tengo que decir que nunca me vi en una impotencia tan grande. Fueron un muro infranqueable. Nadie sabe nada, nadie contesta nada. No sé si es resultado de la pandemia, pero se ha impuesto incomprensiblemente el vicio de la cita previa para no atender a nadie, para no solucionar nada. Que hayan tardado cuatro meses en elaborar un informe urgente, que no compromete en nada al Ayuntamiento ni tiene coste económico alguno, un informe que se tarda a lo mucho media hora en escribir, es una desvergüenza. Su trato deja mucho que desear. Solamente hay que verificar los comentarios en las redes sociales. A menudo muestran una actitud sarcástica, dando a entender que la gente solo acude allí por interés de conseguir alguna paguita, o alguna cosa similar.

Por experiencia propia conocí la Administración por dentro hace ya muchos años. Al principio de la democracia entramos un montón de gente con ganas de cambio, gente generosa que quería hacerla funcionar como servicio al ciudadano, para servir a nuestro país, mejorarlo, que falta le hacía. Hubo mucha gente con problemas de estrés por el exceso de trabajo, y por tener que trabajar lo suyo y lo de los cuatro o cinco funcionarios del franquismo a su alrededor que no daban un palo al agua. Mejor dicho, que ponían todas las pegas inimaginables a todo. Y, con todo, se hizo mucho. Por lo que veo, todo se ha ido degradando, y cada vez veo a más gente muy descontenta con la Administración. Aquel espíritu de generosidad se ha ido perdiendo. No se entiende que es un servicio público al ciudadano. Personalmente, a los diez años de estar en un ayuntamiento dejé la plaza de funcionario y me fui, porque no me gustaba, ya entonces, cómo estaban cambiando las cosas, y eso era al principio de los noventa.

Estoy seguro de que a estos funcionarios de asuntos sociales de Mislata no les gustó en absoluto que acudiera al alcalde para conseguir el informe. Lo hice a través de mi amiga y a través del Facebook del alcalde. No me gusta pedir este tipo de favores, ni nunca lo había hecho, pero me parecía una injusticia el trato que le estaban dando a una persona sola, muy enferma y desamparada, y no lo dudé. Entiendo que la Administración debe funcionar por sí misma, no a través de favores. Y se nota en el contenido del informe que no les gustó la intervención del alcalde. Me da absolutamente igual, lo importante era conseguirlo, pero tarde y muy mal. Su hija no llegó a tiempo y tardará bastante, por lo que veo, en poder venir a recoger las cenizas de su madre.

___________________

Joan Marí, suscriptor de infoLibre.