La verdad de los PGE: la derecha los necesita
Quien ha tenido alguna formación o conocimiento sobre cómo funciona una Administración Pública o cómo se gestionan las políticas de cada ministerio, autonomía, corporación local, universidad o empresa pública; sabrá que con independencia de las luchas electorales y la constitución del legislativo y/o ejecutivo; el acto más importante que hace posible la elaboración, aprobación y ejecución de cualquier iniciativa parlamentaria o gubernamental es el presupuesto.
En el caso de España, pese a ser un Estado descentralizado, los Presupuestos Generales del Estado establecen la base fundamental para cualquier política pública en cualquier parte del territorio de nuestro país. Los PGE informan sobre cuáles son las partidas económicas a repartir entre autonomías, ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas o ministerios. Sin ellos no se conoce, con independencia de quien gobierne cada institución, cuáles son los límites en el gasto y de dónde surgirán los ingresos contables. Así pues, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma son cruciales para llevar a cabo cualquier iniciativa legislativa o gubernamental que conlleve el gasto de cada euro público.
Siendo fiel a los principios de legalidad, presupuestario y competencial; es necesario recordar que la principal fuente de ingreso de cualquier Administración, más allá de la General, y por lo tanto el principal sustento monetario que inicia todo el proceso de elaboración de cada política pública, porque se conoce su límite y extensión, es la transferencia por parte del Estado a cada Administración e institución pública. Esta reserva económica, más allá de las competencias fiscales de cada autonomía, diputación, municipio o institución pública territorial para complementar sus ingresos, es el principal valor para que se ejecute cualquier partida presupuestaria de forma ordinaria. Como consecuencia, sin los PGE no hay políticas públicas y todo el Estado queda bloqueado. Es imposible que se aprueben nuevos proyectos que ayuden no solo a mejorar el sector privado a través de inversiones públicas en infraestructuras, sino a revertir las externalidades negativas del mercado a través de políticas que luchen contra la desigualdad económica e injusticia social.
Unos presupuestos aprobados en tiempo y forma son cruciales para llevar a cabo cualquier iniciativa legislativa o gubernamental que conlleve el gasto de cada euro público
Pregunten a cualquier líder político territorial que gobernó ente 2019 y 2020, recuerden que durante esos años se prorrogaron los presupuestos; o cuando se aprobaron fuera de plazo como pasó en 2017 y 2018. ¿Cuántos problemas tuvieron encima de la mesa para poder elaborar nuevas políticas públicas y/o ejecutar pagos?.
¿No contamos las complicaciones presupuestarias a través de extraordinarios recortes en el gasto y la búsqueda desesperada de ingresos extraordinarios, subiendo impuestos, que paralizó durante una década las cuentas públicas, y como consecuencia la economía española, gracias a la crisis financiera internacional iniciada con la caída de Leman's Brothers?
Esta política presupuestaria privó de recursos públicos para la investigación (iniciando la emigración de capital humano joven cualificado a otros países de Europa), ahogó la renovación de las reposiciones públicas de personal público durante casi una década, afianzó recortes en todas las infraestructuras públicas pendientes y amplió una política de contención en el gasto mortal en cada una de las partidas presupuestarias públicas estatales, territoriales y sectoriales.
Curiosamente, durante estos años, ya fuere de una forma u otra, la elaboración nula, tardía o conservacionista de los presupuestos de varias administraciones y gobiernos alertaron a éstos de sus limitaciones parciales para llevar a cabo modernizaciones pendientes de determinadas infraestructuras públicas, el retraso en las convocatorias de empleo público, la negación (no solo a los jóvenes) para acceder a una formación universitaria pública, la parálisis de la transformación digital en el ámbito de la Administración de Justicia (entre otras), el retraso de las políticas medioambientales que transformasen nuestro modelo productivo, la parálisis de todo pago a proveedores a tiempo, etc...
Las diferentes partidas presupuestarias que establecen la gestión de, por ejemplo, mejorar las estructuras sanitarias como la atención primaria, establecer cuántos recursos se pueden emplear en ayudas públicas a la formación o integración laboral, la mejora de las condiciones laborales y accesibilidad del Empleado Público, el pago de los plazos de cualquier obra pública en ejecución (desde la más grandilocuencia como aquella más pequeña que implica asfaltar nuestras calles o arreglar una farola), toda política que implique la modernización y transformación digital de la Administración, o los mecanismos para el pago de la deuda pública o el de proveedores de cualquier institución pública (en todos sus ámbitos territoriales); tiene conexión con los PGE. Y ésto solo es un pequeñísimo ejemplo de para qué y por qué necesitamos unos presupuestos.
Por esta cuestión, teniendo en cuenta el tiempo que ha dedicado el actual gobierno de coalición, recién elegido en Cortes, para negociar la investidura, lo que es una verdad incuestionable es que si estos acuerdos se quieren llevar a cabo se necesita que se aprueben cuanto antes; más allá de los conflictos mediáticos con la derecha, por ejemplo, respecto a la amnistía. A los gobiernos autonómicos y municipales liderados por el PP, les urge también. Y lo saben.
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David Acosta Arrés es politólogo.
