El retrato del rey emérito

El rey emérito se fue porque le dio la real gana, ahora puede volver cuando quiera. Se fue dando un portazo para no responder ante la opinión pública y a la exigencia de explicaciones y responsabilidades por parte de su hijo, el jefe del Estado, y de las instituciones democráticas españolas, que él mismo contribuyó a recuperar y consolidar, para luego contribuir a deteriorar su imagen y la de España, tan solo por codicia.

Como en el retrato de Dorian Grey, hoy ya no vuelve el mismo rey emérito que salió. Por su retrato e imagen pública no sólo han pasado dos años de estancia en Abu Dhabi, han pasado muchos años más. La ha demolido con las últimas décadas de comisionista y su fortuna oculta al fisco. Su retrato de hoy es una caricatura degradada de sí mismo.

Se ha confirmado lo que algunos sabían y ocultaron, y otros prefirieron no saber durante décadas: que el rey emérito, aprovechándose de su papel institucional como jefe de Estado, ejerció de comisionista con grandes empresas y con varios "Estados amigos"

Se ha confirmado lo que algunos sabían y ocultaron, y otros prefirieron no saber durante décadas: que el rey emérito, aprovechándose de su papel institucional como jefe de Estado, ejerció de comisionista con grandes empresas y con varios "Estados amigos", acumulando regalos y una verdadera fortuna en el extranjero, que además ocultó a la hacienda pública con testaferros en paraísos fiscales. El rey campechano estaba desnudo y pocos se atrevieron a decirlo.

También sabemos que desde que se conocieron se ha resistido a lavar los trapos sucios en su propia casa y con su propio hijo el rey Felipe VI, quien se ha visto obligado a renunciar a su herencia y romper los lazos de su padre con la Jefatura del Estado y la familia real. En este sentido, su repentina salida de España es solo una muestra de la reacción de soberbia y despecho del rey emérito frente a la crítica y ante la exigencia de transparencia, al tiempo que de su resistencia a la dación de cuentas y ni siquiera a un mínimo de "justicia real".

Por otra parte, la justicia democrática y el conjunto las instituciones españolas han fallado estrepitosamente, con un gobierno que ha jugado con los tiempos y las notificaciones contempladas en la ley para que todo quedase como mucho en la regularización de lo defraudado, pero sin dar ninguna oportunidad a la apertura de juicio y en consecuencia a ninguna sanción penal. En definitiva, la razón de Estado se ha impuesto a la razón democrática basada en el principio de la igualdad de todos ante la ley. Un flaco favor a la democracia, a sus instituciones y a la propia Jefatura del Estado.

De cara al futuro, el gobierno y la casa real se han quedado tan solo al comienzo del camino y en tierra de nadie, adoptando medidas de transparencia: como el control de sus fondos y la declaración de su patrimonio, pero incapaces de abordar el problema de fondo de la inviolabilidad, entendida hasta hoy como patente de corso, como impunidad. Ni siquiera han podido acotarla exclusivamente al papel del rey en los actos debidos, dentro de un futuro Estatuto de la jefatura del Estado, junto con la declaración de actividades y las incompatibilidades de los miembros de la casa real.

En consecuencia, las únicas explicaciones que tenía que dar a su vuelta a España el rey emérito eran las obligadas ante la justicia democrática, que sin embargo se le han ahorrado por razón de Estado, quedando las sanciones limitadas tan solo a la recuperación parcial de todo lo defraudado ante Hacienda, y sin medidas de futuro para prevenir la impunidad.

Por eso, resulta un ejercicio de cinismo pretender ahora, como defiende la derecha y su corte de "Concordia real española", que las indudables aportaciones de Juan Carlos I a la consolidación de la democracia sirvan para compensar sus oscuros negocios de comisionista aprovechándose de la dignidad de su alto cargo, su ocultamiento y evasión de responsabilidades con Hacienda y su persistente obstrucción a la acción de la justicia. Más que por protección de la institución monárquica como garantía de una supuesta estabilidad en la que sólo creen cuando están en el gobierno, por continuar banalizando su propia corrupción, capitalizando la transición y criminalizando el republicanismo. Otra cosa es que una parte de la izquierda republicana se lo pongamos con la sobreactuación.

Como tampoco es de recibo la hipocresía de quienes a su vuelta exigen desde el Gobierno una explicación y la petición de perdón a los españoles por parte del emérito, cuando ellos han tenido en su mano el promover la acción de la justicia como la mejor explicación a los españoles en democracia, y sin embargo la han eludido en razón de una supuesta imagen y razón de Estado.

En definitiva, el problema ha sido la inmoralidad del rey emérito que le hace irreconocible en su actual retrato, así como la aplicación de la inviolabilidad de forma generalizada, junto a la razón de Estado y las maniobras para garantizarle la impunidad por parte de las instituciones y de nuevo de una parte de los medios de comunicación. De nuevo, más papistas que el papa. Poco nos pasa.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.