El 97,7% del dinero comprometido para reformar la catedral de Santiago es de fondos públicos

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 28 de agosto la concesión a Galicia de una subvención de 17 millones de euros destinados a financiar actuaciones de restauración en la catedral de Santiago de Compostela, tal y como se comprometió a hacer el propio Mariano Rajoy en una vista a la ciudad gallega en noviembre de 2014. Este dinero irá dedicado a paliar el "grave problema de conservación" que sufre el templo. Y forma parte de un plan director de la basílica impulsado por el cabildo al que, por el momento, ya se han consignado 22, 16 millones de euros. 

La clave es que, a pesar de ser un edificio propiedad de la Iglesia católica, el 97,7% de esos 22,16 millones de euros ya asignados para la ejecución de estos trabajos provienen de fondos públicos. Tal y como se recoge en el Informe Económico de 2014 de la catedral, consultado por infoLibre, además del Gobierno son otras las instituciones públicas que han puesto a dinero para hacer frente a unas necesidades de restauración que superan los 30 millones de euros.

El Consorcio de la Ciudad de Santiago, ente interadministrativo en el que participan el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago, puso 892.897 euros en 2013, 2.059.504 en 2014 y 800.000 en 2015, estos últimos destinados a la fachada del Obradoiro. En total, 3.752.401 euros. Además, el Ministerio de Fomento también ha asignado este año otros 900.000 euros dedicados a una actuación en el cimborrio. La suma de todo el dinero público consignado hasta la fecha es, por tanto, de 21,65 millones de euros, el 97,7% del total. 

Los 510.261 euros restantes hasta llegar a los 22,16 millones ya comprometidos para reforma la catedral provienen de dos partidas. Por un lado, están los 184.937 euros de superávit logrados en 2014 y que se dedicaron íntegramente al plan de restauración. Ese ejercicio fue el primero en el que se logró un equilibrio ordinario desde el último Año Santo en 2010. Y, por otro, 325.324 euros procedentes de colaboraciones en materia de mecenazgo. A preguntas de este periódico un portavoz de la catedral declinó aportar detalles sobre quiénes son estos mecenas. 

Estas cifras reabren el debate sobre hasta qué punto está justificado que la restauración de un edificio que es de propiedad privada, en este caso de la Iglesia católica, sea financiada casi en su totalidad por fondos públicos. En el Informe Económico de 2014 el cabildo califica de "justo e importante el apoyo público y privado" a la catedral de Santiago. Y aunque admite que carece de un estudio específico sobre el efecto económico inducido de la catedral, sostiene que teniendo en cuenta estimaciones sobre el número de visitantes, así como encuestas sobre su poder de atracción turística, "no resulta difícil pensar que la aportación a la economía gallega ronda en torno a un 30% del PIB turístico de Galicia". En este sentido, recuerdan que la entrada a la catedral es gratuita y que, de esa forma, se descartan ingresos que sí tienen otros templos. 

En Europa Laica, sin embargo, consideran que tendría más sentido que, ya que estos templos se financian con dinero público, su propiedad recaiga también en instituciones públicas que podrían llegar a convenios con los diferentes colectivos que están dentro de la Iglesia católica para regular su uso, explica a infoLibre su presiente, Francisco Delgado. Según datos de la mayor organización laica, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central invierten de media, cada año, alrededor de 600 millones de euros para financiar la restauración de catedrales y templos. 

El dinero 'oculto' 

Hay que tener en cuenta que el control que ejerce el Estado sobre buena parte de los ingresos que reciben diferentes instituciones católicas –desde ermitas o pequeñas parroquias de barrio a grandes catedrales– es nulo. El Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español para Asuntos Económicos suscrito el 3 de enero de 1979 da potestad a la Iglesia católica para "recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones" y les exime de tener que tributar por ellas. Al permanecer estas ganancias ocultas a los ojos de la Hacienda Pública se mantienen también exentas de ningún examen por parte de la Administración Pública.

Se trata, por ejemplo, del dinero que la Iglesia recaba del cepillo o de los donativos que se recogen por los sacramentos (bodas, bautizos, comuniones...). Pero también de lo obtenido por la venta de entradas a sus basílicas o catedrales o las plusvalías obtenidas por la venta de bienes inmatriculados en virtud de una Ley Hipotecaria que data del franquismo, aunque está en fase de reforma.

Por ejemplo, en sus cuentas operativas de 2014, la catedral de Santiago recoge en su balance de ingresos una cantidad de 1.031.872 euros en concepto de "aportaciones de fieles". El Acuerdo con la Santa Sede establece la exención del impuesto de Sociedades y al IVA de los donativos. Como consecuencia de esta norma, Hacienda no ejerce control alguno sobre esos ingresos y tampoco sobre lo que cada institución de la Iglesia hace con ello. Tampoco la Conferencia Episcopal, que no centraliza ni fiscaliza esos ingresos, según confirmaron a infoLibre fuentes del órgano de los obispos.

Es habitual también que los templos pidan una cantidad de dinero por ceremonias como bodas, bautizos o comuniones. Depende de los casos, pero no es extraño que este servicio lleve aparejado el cobro de una tarifa mínima que se camufla como donativo dentro de una partida que suele encuadrarse en los balances como aportaciones de los fieles. De esta forma, la institución eclesiástica en cuestión se ahorra el tener que tributar por esos ingresos en virtud de los citados Acuerdos.

Pago de entradas 

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Acceder a la catedral de Santiago es libre, pero no ocurre así en otros templos. Por ejemplo, acceder fuera de los horarios de culto a la mezquita de Córdoba cuesta ocho euros; a la catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, lo mismo; a la Sagrada Familia de Barcelona, once... Y todos estos son templos que reciben miles de visitas cada año. En 2013, por ejemplo, 3,1 millones de personas acudieron a visitar el templo de Gaudí o 1,3 a visitar el principal edificio católico de la capital andaluza.

En ingreso a esas instalaciones tiene un precio y, si no se paga, no se entra. Pero estas transacciones no están sujetas a tributo alguno y en las localidades no suele constar la palabra precio ni el desglose del IVA. La Conferencia Episcopal Española (CEE), según confirmaron desde su gabinete de comunicación, no ejerce control alguno sobre el dinero que las diferentes instituciones que están dentro de la Iglesia ingresan por las entradas que cobran para entrar a algunos de sus edificios. Estos ingresos también permanecen ocultos a la Hacienda Pública –que no recauda nada por ellos– y a cualquier inspección por parte del Estado.

En el Ministerio de Hacienda explican que esto ocurre así porque los edificios de la Iglesia católica están catalogados como "establecimientos culturales privados de carácter social" y que la ley del IVA prevé para ellos exenciones del impuesto sobre el consumo si prestan servicios tales como visitas a monumentos o lugares históricos. "No se considera que la Iglesia esté llevando a cabo una actividad económica con esa venta de entradas porque no se presupone en ella ánimo de lucro y, por tanto, no tributa fiscalmente", señalan estas fuentes. Al ser un dinero no declarado tampoco está expuesto a control alguno por parte del organismo dedicado a la gestión de los impuestos.