La abogados, dispuestos a llevar la Ley de Justicia Gratuita de Gallardón al TC

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha mostrado este martes su rechazo a la Ley de Justicia Gratuita aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero.

El todavía proyecto de Ley –se encuentra en tramitación parlamentaria– perjudica, según los abogados, tanto a ciudadanos como a letrados del turno de oficio, dificultando la labor de éstos últimos y trabando a los usuarios a la hora de acceder al servicio gratuito.

"El poder legislativo impone cargas administrativas no acompañadas de dotación presupuestaria a los colegios de abogados", denuncia el presidente de la Comisión de Turno de Oficio del CGAE, Francisco Javier Lara. "Esta ley vulnera los derechos fundamentales", sostiene. Y es que son varios los puntos que no aceptan los letrados.

Las condiciones para acudir al servico gratuito de defensa dejarían de depender de las condiciones económicas de los solicitantes. "Al aplicar dinero en alguien que realmente no lo necesita, habrá colectivos especialmente sensibles que se quedarán desatendidos", apunta Lara.

Según denuncian, los profesionales perderán libertad de actuación porque la ley permite sancionar disciplinariamente a los abogados que no determinen previamente insostenible una causa que finalmente lo sea. Además, el Servicio de Orientación Jurídica –presente en 83 colegios de abogados de España– perderá según CGAE su carácter gratuito, pues, según explican, si una persona quiere obtener información sobre si puede acceder al servicio jurídico gratuito y se determina que no cumple los requisitos, se le cobrará esa consulta.

Otro de los puntos centrales de la abogacía contra la ley del Ruiz-Gallardón es el de la territorialidad. La no obligatoriedad de que el abogado del turno de oficio tenga despacho o domicilio cerca del juzgado al que tenga que acudir perjudica, según señalan, la aplicación del servicio. "El letrado tiene que estar cerca para poder atender a los ciudadanos, si no los abogados del turno de oficio tendrán menos garantías que el resto", apunta Oriol Rusca, del Colegio de Abogados de Barcelona. 

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Para el letrado catalán, el proyecto de ley "no se hace pensando en las personas, sino en la economía", lo que "pone en peligro el servicio público". Además, los abogados reclaman "un sueldo digno" por ejercer su oficio ya que, según explican, llevan sin actualizarse sus tarifas desde 2003 y la deuda con los letrados del turno de oficio es "importantísima", pese a que "los comités de expertos califican a la justicia gratuita española con un notable".

Por todo esto –como ya hizo con las tasas judiciales–  el CGAE mantiene contactos con el Gobierno y los grupos parlamentarios para frenar la reforma. Se muestran dispuestos a recurrir la ley al Tribunal Constitucional si sale adelante en las Cortes sin modificaciones.

Entienden que, contra lo que dicta la Constitución Española, la norma da entrada a otros profesionales (no abogados) en los procesos judiciales y que dificulta el acceso de los ciudadanos al servicio por lo que irán "de la mano de quien vaya en esta línea" ante el TC si las conversaciones en la mesa de trabajo que mantienen con el Ministerio de Justicia no prosperan.