Un año del 26J: retrato de un Gobierno en minoría que acusa el desgaste

Este lunes, 26 de junio, es el primer aniversario de las elecciones generales que permitieron a Mariano Rajoy, aunque en minoría, revalidar una nueva legislatura en la Moncloa. La XII Legislatura arrancaría días después, el 19 de julio. Pero el Gobierno no dejaría de estar en funciones hasta el 30 de octubre, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente gracias a un pacto con Ciudadanos y a la abstención de casi todo el Grupo Socialista. El jefe del Ejecutivo y sus ministros llevaban en funciones desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Transcurrido un año de esta cita ante las urnas, Rajoy y su equipo han comprobado ya la dificultar de gobernar en minoría.

Rajoy ha superado una moción de censura hace un par de semanas. Pero llega al aniversario de las elecciones del 26J con un escándalo de corrupción más en sus filas: la operación Lezo. Le esperan, además, la comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP y la comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel. Y tres ministros de su Gobierno están particularmente tocados: Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Juan Ignacio Zoido (Interior). Otros miembros de su gabinete, como Dolors Montserrat (Sanidad), Isabel García Tejerina (Medio Ambiente), Alfonso Dastis (Exteriores) o Fátima Báñez (Empleo) han adoptado un perfil bajo, motivo por el que se han generado ciertos recelos hacia ellos en sectores conservadores.

A continuación, infoLibre repasa cómo llega Rajoy y su Gobierno al 26J y los retos más importantes a los que van a tener que hacer frente en los próximos meses.

  Rajoy: sin escudo ante los escándalos de corrupción

Hace un par de semanas, el Congreso de los Diputados acogió un debate de moción de censura al presidente del Gobierno. La iniciativa, planteada por Unidos Podemos, nació muerta si se tiene en cuenta que la formación morada no buscó apoyos antes de anunciarla. Pero tampoco arañó votos después de registrarla. En el PP vendieron el fracaso de la moción como un éxito, un espaldarazo a Rajoy que, además de dar réplica de forma personal tanto a Iglesias como a la portavoz de Podemos, Irene Montero, "poniéndolos en su sitio", dejó claro que no hay una mayoría alternativa a la suya.

Los conservadores ponen el acento en que Rajoy exhibió ante los ciudadanos su mejor perfil: "El de un hombre serio, el de un hombre de Estado que acudió a la Cámara con datos bajo el brazo que dejan claro que la recuperación económica es una realidad". Pero no pueden ocultar que, por mucho que Rajoy tirara de este discurso, los escándalos de corrupción que afectan al PP marcaron el debate.

En este sentido, superada la moción de censura, el presidente tiene dos nuevos retos importantes en los que el plato fuerte, y único, será la corrupción. El próximo 26 de julio está llamado a declarar como testigo en el marco del caso Gürtel. Su intento de hacerlo desde la Moncloa, por videoconferencia, fue desestimado y no podrá evitarse la foto en el juzgado.

Tampoco podrá esquivar acudir a declarar, en calidad de presidente del Partido Popular, a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido en el Congreso de los Diputados. La idea de los conservadores era que fuese el primero en acudir a este órgano parlamentario. Pero un acuerdo PSOE-Unidos Podemos-Ciudadanos ha hecho que sea el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el primero en acudir. Ocurrirá este lunes, 26 de junio, casi a la misma hora que Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del su partido en la sede nacional.

Con este acuerdo de la oposición, y si el PP no consigue paralizar una comisión que baraja incluso llevar al Tribunal Constitucional (TC) mientras no se defina el ámbito temporal y las administraciones afectadas, es muy posible que la comparecencia de Rajoy quede para el próximo periodo de sesiones, a la vuelta de las vacaciones de verano.

En el PP y en el Gobierno se declaran "tranquilos" ante ambas citas. Creen que ya han tocado techo en lo que tiene que ver con la corrupción y que, a partir de las municipales y autonómicas de 2019, toca recuperar votos. "Hay que esperar a que escampe. La imagen en los tribunales no gusta. Tampoco es cómodo que se someta a las preguntas de todos los grupos sobre las cuentas del PP. Pero transparencia y tranquilidad", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

En el último año, Rajoy ha sido testigo de cómo su partido iba perdiendo dirigentes que en su día fueron grandes referentes para el votante conservador. Esperanza Aguirre dejó la portavocía en el Ayuntamiento por los avances judiciales de la operación Lezo, que mantiene a su delfín, Ignacio González, en prisión. Y Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y exsenadora, entregó su carné de militante en plena ebullición de la operación Taula.

  Catalá: el primer ministro reprobado de la democracia

Una de las consecuencias del Gobierno en minoría es que la oposición se pusiese de acuerdo para crear la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP, algo que no había ocurrido en los últimos 13 años. Otra es la de las reprobaciones de los miembros del Ejecutivo. Rafael Catalá se convirtió a mediados de mayo en el primer ministro de la democracia reprobado. Pero todo apunta a que no va a ser el único. La reprobación no tiene efectos jurídicos, pero sí simbólicos: supone la retirada de la confianza a quien se enfrenta a ella por parte de los parlamentarios.

En su reprobación, Catalá fue acusado de obstaculizar las investigaciones de los escándalos de corrupción. Pero no todo quedó ahí. En la misma sesión, también se retiró la confianza al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al por entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

Moix presentó su renuncia "personal e irrevocable" al cargo hace un par de semanas, después de que infoLibre desvelara que posee el 25% de una sociedad con sede en Panamá que, a su vez, posee un chalé en la sierra madrileña. Su vacante está pendiente de cubrir.

Las fuentes consultadas mantienen que Rajoy sigue confiando en Catalá de la misma forma que cuando lo fichó en septiembre de 2014, después de que Alberto Ruiz-Gallardón dejara el cargo por la polémica sobre la reforma de la ley del aborto. 

Sectores del Gobierno y del PP admiten que la gestión del caso Moix ha dejado tocados tanto a Maza como a Catalá. Pero también señalan que Mariano Rajoy no parece dispuesto a hacer caer a un ministro al que considera de su máxima confianza. En la anterior legislatura, el titular de Justicia integraba el llamado G-8, el grupo de ministros muy cercanos al presidente del Ejecutivo que intentaban hacer contrapeso a los fieles a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Catalá es del círculo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esta, a su vez, tiene una estrecha relación con Rajoy.

En todo caso, el PP tiene muy complicado que la oposición se siente a negociar un pacto por la Justicia, uno de los objetivos del departamento de Catalá, con un ministro reprobado.

  Montoro: el rostro visible del varapalo del TC a la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, ha visto en menos de un mes cómo pasaba de ser el máximo responsable del éxito de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a ser el máximo responsable de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la amnistía fiscal. Fue hace un par de semanas cuando el tribunal declaraba inconstitucional esta iniciativa por haber recurrido al decreto ley para su aprobación.

Montoro, uno de los ministros con los que Rajoy tiene mayor sintonía, acudió al Congreso este miércoles para explicar la decisión tumbada por el TC. Previamente, se había enfrentado a tres preguntas parlamentarias sobre la decisión del Alto Tribunal, y a una interpelación urgente de los socialistas, paso previo a la reprobación.

Si nada se le tuerce a los partidos de la oposición –Ciudadanos parece a favor– Montoro se convertirá en el segundo ministro de la democracia, y de Rajoy, reprobado por el Congreso.

Como en el caso de Catalá, Rajoy no ha exhibido la más mínima duda sobre la gestión de uno de los ministros más expuestos, tanto parlamentariamente como en los medios de comunicación. De hecho, este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, defendió la amnistía fiscal ilegal con el argumento de que fue un intento de salvar una situación de "prequiebra".

No obstante, una muestra de que el golpe de la sentencia del TC ha sido fuerte para el Gobierno está en que el miércoles Montoro cerrase su intervención en el Congreso ofreciendo a los grupos una reforma de la Ley General Tributaria para prohibir en el futuro nuevas amnistías fiscales como la de 2012.

  Zoido: un equipo en el punto de mira por el 'caso Lezo'

Por su parte, Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, arrastra las polémicas de la etapa de su antecesor, Jorge Fernández, y su número dos, José Antonio Nieto, se ha visto salpicado en la operación Lezo. Cuando estalló este escándalo, se supo que el secretario de Estado de Seguridad se había reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González.

Esta misma semana, el Pleno del Congreso aprobó la reprobación del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el supuesto "chivatazo'" de la citada investigación.

La reprobación fue incluida en la moción que registraron los socialistas como consecuencia de la interpelación que el pasado 17 de mayo el diputado andaluz Felipe Sicilia, miembro de la nueva dirección del Grupo Socialista, dirigió al ministro del Interior por la reunión que Nieto mantuvo con el hermano de González cuando éste era directivo de Mercasa.

La censura salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y del PDeCAT, mientras que PNV y Ciudadanos se abstuvieron. El PP votó en contra.

  El malestar con los "ministros de perfil bajo"

Junto a los ministros que acusan un importante desgaste están aquellos a los que sus propios compañeros de partido ven instalados en un "perfil bajo".

Es el caso de Dolors Montserrat (Sanidad), Isabel García Tejerina (Medio Ambiente), Alfonso Dastis (Exteriores) o Fátima Báñez (Empleo). 

"Sería mejor repartir juego. Siempre dan la cara los mismos y siempre se queman los mismos", valora un dirigente regional que considera que el PP necesita más implicación de ministros en actos de partido. "Si queremos recuperar los feudos tradicionales que perdimos en 2015 tenemos que empezar a preparar ya las próximas elecciones. Tenemos mucha buena gestión que vender. A la gente, a los votantes, a los militantes, les gusta que sea el ministro el que acuda a ellos", añade.

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La misma fuente salva del grupo de miembros del Consejo de Ministros con perfil bajo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la titular de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ambas rivales internas.

De Cospedal destacan las fuentes consultadas que está haciendo una "gran labor" en un departamento de Estado y que muestra de ello es la gestión de la crisis de la tragedia del Yak-42. De Santamaría, que perdió la función de portavoz en el Gobierno que Rajoy nombró en noviembre en beneficio de Méndez de Vigo, subrayan su "trabajo en Cataluña", adonde viaja con frecuencia.

Rajoy ha encargado a su mano derecha gestionar el día a día del asunto que más le preocupa: el "desafío soberanista" de Cataluña. El Gobierno, hasta la fecha, no ha dado ninguna pista de la hoja de ruta que tiene en mente para frenar el referéndum. Se limitan a asegurar que es "ilegal" y que "no se va a producir".