Anticorrupción estudiará la denuncia por el contrato fantasma con la cadena hotelera que alojó a Ayuso en el estado de alarma

La denuncia presentada por el PSOE en la Fiscalía General del Estado por las supuestas ilegalidades que rodean el caso del Room Mate, la cadena hotelera que alojó a Isabel Díaz Ayuso durante el estado de alarma, ha llegado ya a Anticorrupción. En un escrito fechado el pasado 9 de julio, la cúpula del ministerio público comunica a los socialistas que el escrito ha sido remitido a Anticorrupción "por ser la competente para el conocimiento de los hechos denunciados".

Lo anterior no significa que ya haya una decisión sobre si la denuncia debe dar o no origen a la apertura de unas diligencias. Pero representa un primer paso para desenredar la madeja de lo que ya se conoce como el contrato fantasma con la cadena Room Mate. Lo que condujo a los socialistas madrileños a presentar su denuncia fue la publicación en la web oficial de Madrid de una adjudicación de 800.000 euros para Room Mate que ese mismo día fue borrada. El Gobierno regional sostuvo desde el primer momento que el contrato jamás había existido. Y atribuyó lo sucedido a un "error humano".

Room Mate es la cadena en uno de cuyos hoteles se alojó Isabel Díaz Ayuso cuando ya se había decretado el estado de alarma y debía, por tanto, estar cerrado al público. Cuando salió a la luz que la presidenta madrileña permanecía en uno de los establecimientos del empresario Kike Sarasola, ella misma remarcó que pagaría el coste de su estancia de su bolsillo: 2.400 euros al mes por un apartotel cuya tarifa usual asciende a 200 euros por día, lo que suponía una rebaja del 60%. Ayuso, que el mismo día en que pernoctó en el hotel por primera vez anunció que se había contagiado del coronavirus y que permanecería confinada en su domicilio, permaneció dos meses en el hotel.

El 6 de mayo, el Gobierno de Madrid publicó en su web que el total a destinar a Room Mate eran 806.193 euros por los servicios derivados de trasladar a ancianos de residencias a uno de sus hoteles en la capital. Al día siguiente, se publicó en el portal de contratación que se había adjudicado un contrato de 565.749 euros a la empresa de Kike Sarasola. Pero luego se volvió a borrar el anuncio porque se trataba de "un error humano". La nueva versión cambió la cuantía y el adjudicatario, esta vez una ONG que por 240.443,57 euros atendería durante tres meses a los mayores trasladados a uno de los dos hoteles “cedidos” por Room Mate para esa tarea. El otro hotel no se usaría.

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La denuncia fue presentada el 6 de julio por la secretaria de Organización de los socialistas madrileños (PSOE-M), Carmen Barahona, querecordó que el contrato "desapareció” justo tras conocerse que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojaba en un hotel de esta cadena durante el estado de alarma en unas condiciones que podrían calificarse de "ventajosas". "Entendemos que la Fiscalía tiene que indagar por la presunta comisión de delitos de falsedad de documento público. Lo señaló la propia presidenta que había delito y que había que investigarlo y no consta que la Comunidad lo haya denunciado. Hay sospechas en la manipulación del portal de contratación", lanzó Barahona.

Como "no es posible conocer ahora la verdad" desde el PSOE-M entendieron que deben dejar este asunto en manos de la Fiscalía para "averiguar lo que realmente ha sucedido". "Está claro que es un procedimiento irregular", vaticinó Barahona.

La denuncia se dirige contra todas aquellas personas que puedan aparecer en la investigación como responsables de los hechos. Por ello, creen que la Fiscalía debe comenzar a indagar, en principio, "por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público o, en su caso, de alguno de los delitos contra la Administración Pública, sin perjuicio de lo que finalmente se acredite con la investigación". Las órdenes que declaran los dos hoteles de Room Mate para el uso como residencia y la tramitación de las contrataciones necesarias para ello por el procedimiento de urgencia, así como el contrato firmado el 16 de abril de 2020 por Miguel Ángel Jiménez Pérez, exsecretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad con la Coordinadora del Tercer Sector, plantean "una serie de dudas" que es necesario que la investigación de la Fiscalía aclare.