Negacionistas, un ‘youtuber’ y los sospechosos habituales: el ecosistema ultra en el 'caso Begoña Gómez'
Las diligencias previas 1146/2024, abiertas a mediados de abril por el magistrado Juan Carlos Peinado, han terminado por situarse como uno de los temas centrales de la agenda política nacional. La investigación preliminar, que se dirige contra la mujer del presidente del Gobierno por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, se ha convertido en una fuente de titulares que ha marcado horas de tertulia. Es, por tanto, un caramelo para quien busque tener presencia en los medios. De ahí que, a lo largo de este escaso mes y medio de instrucción, varios colectivos y partidos políticos se hayan movido para intentar acceder a la causa como acusación popular. En la lista hay de todo: desde los sospechosos habituales de la ultraderecha patria a naturalistas o un abogado-youtuber de una asociación que defiende la desaparición de los partidos.
Vox, el principal partido de la ultraderecha, fue uno de los primeros en mover ficha tras la decisión del responsable del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid de incoar diligencias contra Begoña Gómez tras recibir una querella sostenida sobre recortes de prensa. El mismo día que Pedro Sánchez, tras su parón para reflexionar, anunció que continuaría al frente del Ejecutivo con una declaración en la que pedía poner freno a la "política de la vergüenza", la formación liderada por Santiago Abascal solicitó al juez personarse en la causa, que entonces se encontraba bajo secreto de sumario, como acusación popular. El juez aceptó, previa fianza de 10.000 euros para evitar "la utilización abusiva o fraudulenta" de esta figura. Un dinero que el partido ultra consignó en apenas unas horas.
Personado en este procedimiento se encuentra también, en estos momentos, Manos Limpias. El pseudosindicato ultra fue, de hecho, el que interpuso a comienzos de abril la denuncia que dio origen a todo el procedimiento alrededor de la mujer del presidente del Gobierno, un escrito que ha sido rechazado en buena medida por la Audiencia Provincial de Madrid –si bien ha avalado que siga abierta la causa–. Liderado por Miguel Bernard, admirador del dictador Francisco Franco –la fundación que lleva su nombre, de hecho, le nombró Caballero de Honor– y militante en la ya extinta y violenta Fuerza Nueva, este colectivo saltó a la fama a raíz del caso Nóos, en el que la infanta Cristina tuvo que ir a declarar como investigada.
Manos Limpias es una máquina de denuncias. Algunas, de lo más rocambolescas. Por ejemplo, cuando llevó a la Fiscalía de Menores el programa infantil Los Lunnis por mostrar una boda homosexual. Y buena parte de ellas orientadas hacia el mismo lado: los políticos de izquierdas. Así, se querelló sin éxito contra Pablo Iglesias o Íñigo Errejón por la supuesta financiación irregular de Podemos. "La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más, la apertura de un procedimiento penal", dijo entonces el Supremo. También denunció a Gabriel Rufián, Nadia Calviño o Irene Montero. O al exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por la marcha del 8M a las puertas de la pandemia. Pero todo acabó guardado en un cajón.
Otro sospechoso habitual que ha conseguido meter la cabeza en el caso ha sido Hazte Oír. Nacida a comienzos de siglo de la mano del abogado Ignacio Arsuaga, es una de las organizaciones de referencia dentro del lobby ultracatólico español y punta de lanza en la ofensiva continua contra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, la reforma educativa o la llamada ley trans. Una batalla en la que no han dudado en sacar a circular por las calles autobuses con mensajes como "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen" o "¡Sánchez dictador!", éste último acompañado de un fotomontaje en el que se podía ver al presidente del Gobierno caracterizado como Adolf Hitler.
Tras el movimiento inicial de Manos Limpias, esta organización presentó también una querella contra Begoña Gómez ante el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. El magistrado Peinado dictó en las últimas horas una providencia –sobre un número de diligencias distinto a las que abrió en abril– dando acuse de recibo de la denuncia de Hazte Oír y abriendo la puerta a su personación como acusación popular previo pago, de nuevo, de una fianza de 10.000 euros. Una cantidad que ya ha sido abonada en el juzgado, según confirman desde la propia organización, que en las últimas horas ha denunciado al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de malversación en la promoción de su último libro Tierra Firme.
Un abogado youtuber
No son los únicos que han dado ese paso. También lo ha hecho Vox. Y el pasado mes de diciembre, el Movimiento de Regeneración Política de España. En su querella, la asociación exponía que Pedro Sánchez había utilizado un medio público, en este caso la página oficial del Gobierno, para emitir y publicitar la presentación de su libro, que se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes. Pero el Alto Tribunal la inadmitió a trámite: "La página oficial no ha sido creada exprofeso para publicitar el libro. [...] En dicha página existen diversas secciones, en una de las cuales se detalla la agenda y composición del Gobierno, por lo que nada podría reprocharse desde el punto de vista penal, a la publicación y retransmisión de un acto al que acude el Presidente del Gobierno".
El Movimiento de Regeneración Política de España es, precisamente, otro de los colectivos que han sido admitidos por el juez Peinado como acusación popular en el caso Begoña Gómez tras el pago de la fianza. En su página web, se define como un "movimiento social" que busca "lograr una serie de cambios políticos y legales en España". Cree en la "desaparición de los partidos políticos", en una "democracia directa participativa" o en un sistema de "diputados dependientes de sus votantes", los cuales puedan "revocar su mandato" en caso de que incumplan sus promesas. El colectivo nació allá por 2019, según consta en sus estatutos. Y lo hizo con una cara visible: la de Roberto Aitor Guisasola.
Él es abogado. Y youtuber, que es como se conoce ahora a los creadores de contenido en la plataforma de vídeos de Google. Su canal cuenta con más de 400.000 suscriptores. En él, carga contra "la mala calaña que nos está gobernando". Y hace menciones continuas a un supuesto Estado totalitario. "Solamente la justicia nos puede salvar de esta dictadura", aseveraba tras el anuncio de Sánchez de que continuaría al frente del Ejecutivo. "Este Gobierno tiene que irse. Estos ministros de extrema izquierda, la ministra comunista Yolanda Díaz que quiere destruir la economía de España, la ministra de Igualdad que quiere destruir la convivencia entre hombres y mujeres, la familia, nuestra historia, los pilares de nuestra propia sociedad con ideologías perversas, contaminando a nuestros hijos... Esto hay que sacarlo del Gobierno ya", se despachaba en otro de sus vídeos.
La que afecta a Begoña Gómez no es la única causa en la que el Movimiento de Regeneración Política de España ha ejercido la acción popular. También estuvo presente en Neurona, el caso que persiguió a Podemos y dio titulares a la derecha mediática durante tres años. Y que, finalmente, acabó guardado en un cajón. "No consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por lo cual no cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales", sentenció el juez tras una instrucción eternizada.
Naturalistas contra la Agenda 2030
También desde Iustitia Europa se solicitó al magistrado Peinado la personación en el procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez. Y a pesar de poner en marcha una recogida de fondos para intentar cubrir la fianza, a finales de la pasada semana aún no figuraban formalmente como acusación popular en los documentos del procedimiento. Inscrita oficialmente en el Registro de Partidos a finales de enero, esta formación de nuevo cuño concurrirá el 9 de junio a las elecciones europeas. Y su cabeza de lista ya cuenta con el apoyo público de la agitadora ultra Cristina Seguí: "Tengo grandes amigos en Vox, pero esta es mi elección para las elecciones europeas. Luis María Pardo estuvo entre los contadísimos con los cojones suficientes para partirse la cara contra la Secta covidiana".
El partido se caracteriza por su rechazo a la Agenda 2030. "Los españoles y europeos estamos siendo víctimas del mayor experimento de control social de toda la historia de la humanidad", dicen. Y son críticos con la política de vacunación en pandemia. De hecho, en su programa electoral para las europeas, solicitan la creación de un "fondo europeo de efectos adversos de las vacunas covid-19". "Hoy la Comisión Europea suspende la comercialización de la vacuna de AstraZeneca y todos calláis. Todos excepto Iustitia Europa. Vamos a alcanzar el Parlamento Europeo y a limpiarlo con lejía", escribían en sus redes a comienzos de mayo, a pesar de que la compañía explicaba que lo habían pedido por la disminución de la demanda del fármaco, que ya no se fabricaba ni suministraba por el excedente de vacunas disponibles.
"No somos antivacunas. [...] Con lo que no estamos de acuerdo es con imposiciones de vacunaciones obligatorias", zanjaba Pardo recientemente en declaraciones a El Español. El partido se mueve, por tanto, dentro de ese universo negacionista y conspirativo que ha ido floreciendo en medio mundo. Además de las vacunas, están los chemtrails. O la "estafa climática". "Promover investigaciones serias y basadas en datos irrefutables que demuestran que la estafa climática a nivel global esconde objetivos prioritarios, tales como el control sobre las políticas soberanas de los Estados, limitaciones a la libertad y derechos humanos, así como la utilización principal de dicho enfoque como herramienta clave de recaudación fiscal para la sobredimensión del Estado", es otro de los objetivos que figuran en su "contrato electoral", que es como llaman al programa.
El partido también defiende la "regulación legal de las terapias naturales en el ámbito global de la Unión Europea y de la medicina integrativa". Su vicepresidente, Luis Jiménez, está centrado en la actualidad en la enseñanza de su "modelo de Terapia Floral Evolutiva" por España y América. Iustitia Europa, de hecho, se querelló recientemente contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por decir en redes que "las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo". No es la única política de proyección nacional contra la que se han ido. También lo han hecho contra el líder de Vox por alta traición a raíz de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. O contra Pedro Sánchez por los 1.000 millones en armas para Ucrania.
Un partido que pide que le rebajen la fianza
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Otro partido que está intentando entrar como acción popular en el caso Begoña Gómez es PorTodos. Sin embargo, la imposición de la fianza está frenando su entrada en la causa. Hace un par de semanas, recurrieron el auto que fijaba el pago de 10.000 euros alegando que son una formación que "no recibe ningún tipo de ingresos ni subvenciones". "Apenas existen 16 afiliados, de los cuales algunos se han acogido a la cuota de desempleados y pensionistas, es decir, un euro al mes", alegaban en su escrito, en el que adjuntaban un pantallazo para que el magistrado pudiera ver el estado de sus cuentas y pedían una fianza de 50 o 100 euros. Un recurso de reforma que, confirman desde PorTodos, ha sido desestimado. No obstante, aseguran que recurrirán ante la Audiencia de Madrid.
Al frente del partido se encuentra María Girona, copresidenta de la Sección de Derecho de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y duramente criticada a comienzos de 2019 por haber dado una charla sobre violencia de género organizada por el colectivo neonazi Hogar Social Madrid. Entonces, lo hizo en calidad de socia fundadora de la Asociación para la Defensa de Víctimas e Injusticias (APADEVI), un colectivo cuya labor gira en torno a la "protección de las víctimas", entre las que cita tanto a "víctimas de violencia de género" como a "víctimas de denuncias falsas", además de todo tipo de maltrato y abandono animal.
En conversación con este diario, Girona rechaza colocar a su partido, que se está preparando para las municipales, en un punto concreto del espectro político. "Tenemos cosas de derechas, bastantes. Pero también de izquierdas", apunta. Defienden la "sanidad pública de calidad", "pensiones de jubilación dignas", "medidas para la repoblación de los pueblos" o la "abolición de la caza y la tauromaquia". Pero también una "reducción drástica de impuestos", el "estricto control de la inmigración", que los "menores puedan ser juzgados por sus actos" o la "derogación de la actual discriminatoria, ineficaz y absurda Ley de Violencia de Género" para crear una "Ley de Protección a Todas las Víctimas".
