Delincuencia económica
Asaltan por segunda vez la vivienda del fiscal que investiga tres grandes casos de corrupción de Murcia
La vivienda del fiscal de Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que se encarga de investigar los casos de corrupción denominados Novo Carthago, Umbra y Umbra Rotondas, ha vuelto a ser asaltada, según ha sabido infoLibre de fuentes jurídicas, que añaden que el funcionario y su familia encontraron el día de Reyes distintos armarios revueltos.
Sin embargo, los asaltantes, que aprovecharon la ausencia durante varias horas de Lozano y su familia, no se llevaron nada, ni siquiera el ordenador personal. Tampoco ninguno de los objetos de valor de la vivienda, como por ejemplo el televisor, las cámaras de vídeo y de fotografía, o cualquier anillo o relojes. "Parece evidente que van buscando información de su trabajo en Anticorrupción", han explicado las citadas fuentes.
En esta segunda ocasión, los autores del asalto estuvieron "rastreando" en el dormitorio del matrimonio, y en concreto en el mobiliario de la habitación. Por este motivo, consideran que podrían estar "rebuscando" algún dispositivo de pequeño tamaño, como por ejemplo una memoria electrónica o USB, con trascendencia en alguna de las investigaciones de Anticorrupción en la Región de Murcia.
Vigilando la vivienda
Fuentes del caso explican a infoLibre que las primeras pesquisas apuntan a que los asaltantes podrían haber estado vigilando a Lozano y su familia, que abandonaron su vivienda el día de reyes al filo de las dos de la tarde para realizar una visita familiar. A la vuelta del matrimonio, la vivienda ya había sido asaltada, aunque ni las ventanas ni las puertas sufrieron daño alguno.
Esta no es la primera vez que personas desconocidas irrumpen en la vivienda de Lozano. Tal y como informó La Opinión de Murcia en julio pasado, el fiscal interpuso una denuncia por el robo de su ordenador personalordenador personal, en el que guardaba documentos clave sobre sus pesquisas en Anticorrupción.
Según fuentes de la Fiscalía citadas por el rotativo murciano en julio pasado, el robo del ordenador se produjo en su domicilio particular, y también mientras él y su familia estaban ausentes. Debido a que los supuestos ladrones no se llevaron ningún otro objeto de valor, ni siquiera el otro ordenador que había en la casa, las mismas fuentes lo interpretaron como "una amenaza" hacia Juan Pablo Lozano, y un mensaje de que "es vulnerable y pueden acceder a él".
Investigación secreta
La investigación sobre el primer robo la desarrolla la Policía Nacional en secreto, según la información facilitada por la prensa murciana, que relata también que los ladrones, que entraron a la vivienda a través de la terraza aledaña, tampoco intentaron camuflar el robo llevándose otras pertenencias valiosascamuflar, porque querían "que se supiera a por lo que iban". Además, se llevaron el código PIN y PUK del teléfono móvil del funcionario.
Juan Pablo Lozano es el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en la Región de Murcia, y por ello se encarga de investigar entre otros los casos Novo Carthago, Umbra y RotondasNovo CarthagoUmbra Rotondas, en los que están siendo investigados importantes excargos del PP murciano, e incluso familiares.
La hija de Valcárcel
En concreto, en el caso Novo Carthago están imputados Rosario Valcárcel, hija del expresidente murciano y eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel, y el marido de esta; Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, Joaquín Bascuñana, exdelegado del Gobierno y el también exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Francisco Marqués.
El juez que investiga el caso pidió a Valcárcel que declarara de forma voluntaria como investigado, una opción que desechó el europarlamentario. Además, de forma reciente, el Tribunal Supremo acordó el archivo de las actuaciones que se llevaban con respecto a la exalcaldesa y actual senadora del PP Pilar Barreiro por dar su visto bueno a la urbanización Novo Carthago.
El caso Umbra, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad de Murcia, es otra de las investigaciones que desarrolla Lozano, en la que están imputados el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, ambos del PP.
El tercer gran caso es el denominado Rotondas, en el que el fiscal y el juez tratan de determinar si una escultura fue colocada en una vía urbana de Murcia con anterioridad a la tramitación del expediente municipal de adquisición de la misma. El juez, que ha imputado al exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena y otros integrantes del Consistorio murciano, sostiene que el Ayuntamiento convocó un concurso para adjudicar la escultura cuando la misma llevaba edificada varios meses.
Exalcalde de Molina de Segura
Otros procedimientos controlados por el fiscal son el caso de los regantes de Molina de Segura, en el que está imputado el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras (PP); y el caso Líber, que investiga una supuesta trama de corrupción en el pequeño municipio de Librilla.
El fiscal Lozano también fue el responsable, hasta hace unos meses, de las pesquisas sobre el presunto desfalco del AVE a Murcia, que ya supera los 18 millones de euros. El representante del Ministerio Público se apartó del procedimiento tras ser imputado en el mismo caso, de forma sorprendente y tan solo durante unos meses, su hermano José Antonio Lozano Olmos, que es notario de profesión.
La acusación contra el hermano del fiscal fue rápidamente archivada, y Juan Pablo Lozano ha reclamado posteriormente su reincorporación al caso, una petición que ha contado con el apoyo del fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal. Ahora tendrá que decidir la inspección sobre la reincorporación de Lozano a un caso de corrupción en el que están siendo investigadas las actividades de las constructoras Acciona, Dragados, Sacyr y San José en la construcción del AVE a la Región de Murcia, y que podrían acabar imputadas como personas jurídicas.
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El nuevo asalto a la vivienda del fiscal se produjo semanas antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) decidiera asumir el denominado caso Auditorio e investigar al presidente actual de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, del PP, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó el edificio.
La Sala de lo Civil y Penal del tribunal se declaró competente, con el decidido apoyo de la Fiscalía de Murcia liderada por Manuel López Bernal, para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez.
La jueza de Lorca Consuelo Andreo envió una exposición razonada al TSJ murciano en la que advertía que el actual presidente regional murciano pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en las obras de construcción y entrega del auditorio.
