Corrupción política
El juez Velasco estrecha el cerco en torno al presidente de Murcia en 'Púnica' pese a las trabas de la Fiscalía
El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, estrecha el cerco en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a la oposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez.
En un auto del pasado 17 de febrero, Velasco cierra la pieza separada de Murcia de la Púnica, e incluye entre los acusados al máximo colaborador de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia en sus actividades presuntamente delictivas: el empleado público David Conesa Ferrer.
Además, el instructor imputa dos de los tres delitos que también atribuye por los mismos hechos a su exjefe en el Gobierno murciano: fraude y revelación de información reservada. El magistrado aplica al presidente de la Región de Murcia un tercer delito de cohecho.
Velasco reclama a las partes personadas en la pieza separada de Murcia de la Púnica que presenten, en el plazo de diez días, sus escritos de acusación o defensa, como paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en las actividades delictivas de la trama liderada por Francisco Granados en la Región murciana.
David Conesa Ferrer
Entre los implicados por estas actividades se encuentra David Conesa Ferrer, del gabinete de la Consejería de Educación de Murcia, cuyo consejero era el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Y el juez Velasco especifica los delitos que presuntamente habría cometido este empleado público. El primero el de fraude, que también implica al presidente de Murcia, al concertarse presuntamente con empresas vinculadas al informático de la red, Alejandro de Pedro, "en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación de la Región de Murcia".
El auto resalta que Conesa Ferrer trató de que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería).
Precisamente, la imputación del delito de fraude acordada por Velasco choca de forma frontal con las intenciones de la Fiscalía General del Estado, que a través de la teniente fiscal Belén Suárez aseguró en un escrito de 13 de febrero, que consideraba improcedente elevar una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez, y explicó: "Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional, a lo que se suma el hecho de que ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".
Un fraude sin cuantificar
Anticorrupción justifica esta decisión también porque la cuantificación del perjuicio futuro "tampoco puede establecerse a los afectos del fraude, en la medida que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un informe preventa y no la aceptación de las mismas por el citado aforado", en referencia al presidente murciano.
Sin embargo, Velasco incluye en el auto en el que da por finalizada la instrucción de la pieza de Murcia un apartado en el que justifica la atribución de los delitos a los investigados. Y de esta forma, el juez alude a la sentencia del Tribunal Supremo 166/2014, de 28 de enero de 2014, cuyo ponente fue el magistrado Antonio del Moral García, y que estableció: "El artículo 436 del Código Penal describe un delito de naturaleza netamente tendencia o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Bastaría la simple elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo".
Por eso, el instructor establece en el auto que el fraude, "en consecuencia, es un delito de mera actividad, que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales no pertenece a la perfección del delito y debe sancionarse en concurso medial, siendo pues, compatible con el delito de malversación".
Un segundo delito
El segundo delito que el instructor de la Púnica imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar". También en este segundo caso coinciden tanto los hechos como el delito atribuido a Pedro Antonio Sánchez.
Precisamente, el propio empleado público David Conesa Ferrer reconoció en un escrito del pasado 15 de febrero dirigido al juez Velasco, que los hechos que se le atribuyen son los mismos que los del presidente murciano: "Ha tenido que ser el propio Ministerio Público, en el que en un escueto pero claro y contundente informe, destinado a un posible aforado", en referencia a Sánchez, "pero en relación a los mismos hechos, ha venido a afirmar que no existe el más mínimo indicio, no ya de la participación" el empleado público, "sino incluso de la comisión de delito alguno".
De esta forma, el representante legal del imputado David Conesa Ferrer utiliza, al igual que ya hiciera otra de las implicadas en la pieza de Murcia, la ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia Reyes Samper el informe de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de sortear el banquillo de los acusados.
Pero sin ningún éxito, ya que Velasco mantiene la acusación contra todos los implicados, a excepción de Pedro Antonio Sánchez y de la senadora Pilar Barreiro, que como aforados tendrán que ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en el Tribunal SupremoMurcia, respectivamente.
Una posible imputación
En el auto, Velasco explica también que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a la trama liderada por Francisco Granados porque "temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación" en el caso Auditorio, por el que ha sido llamado a declarar como imputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado.
Según explica el magistrado en un auto hecho público este lunes, durante el año 2014 el presidente murciano contactó con el empresario de la red Alejandro de Pedro para valorar la posibilidad de que se le realizaran trabajos reputacionales en internet y redes sociales. Velasco explica que en aquel momento "la candidatura de la región se encontraba en disputa" lo que convertía en algo básico "un buen posicionamiento en las redes sociales" y una buena reputación.
En el caso del presidente murciano, explica el auto, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista [4.600 con un total de 32.200 euros] y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.
El contrato se truncó
La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada Púnica, a finales de octubre, que la abortó.
En el citado auto, el juez Velasco ordena continuar el procedimiento contra la veintena de acusados en la pieza que investiga las actividades de la trama Púnica en Murcia. El magistrado deja fuera a los dos aforados en esta parte de la investigación -el presidente de Murcia y la senadora del PP Pilar Barreiro- a la espera de decidir si remite o no las actuaciones relativas a ambos a los tribunales competentes.
El instructor acusa entre otros al exconsejero de Turismo e Industria Juan Carlos Ruiz, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, así como uno de los presuntos cerebros de la red, el exalcalde del PSOE de Cartagena y exdiputado José Antonio Alonso Conesa. Considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.
Tres delitos en PúnicaPúnica
Fue la semana pasada cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuían la posible comisión de tres delitos al actual presidente murcianopresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la Consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen on line.
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El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez no ha podido explicar un hecho anómalo que ha provocado la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cargó además contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.
Por otra parte, las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio han anunciado su intención de recurrir la citación como imputado de Pedro Antonio Sánchez ya que el auto del magistrado Julián Pérez Templado le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres delitos: fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
En este sentido, este miércoles el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidirá si continúa en su cargo el actual fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que este lunes anunció a infoLibre su intención de ejercitar acciones legales contra el periodista Eduardo Inda, que en el programa de laSexta Al Rojo Vivo aseguró que la mujer del fiscal, como letrada del PSOE, fue la artífice de la querella que dio lugar al caso Auditorio, unos hechos que rechaza el funcionario público, que explica que su cónyuge abandonó cualquier actividad ligada al PSOE justo antes de que pasara a ejercer en 2006 las labores de fiscal jefe de Murcia.
