La Asociación para la Recuperación de la Memoria critica la "blandura política" del Gobierno en la exhumación de Franco

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica(ARMH) ha acusado este viernes al Gobierno de "blandura política" tras anunciar la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que los restos del dictador Francisco Franco serán finalmente exhumados del Valle de los Caídos el día 10 de junio y vueltos a enterrar ese mismo día en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, de titularidad estatal, según informa Europa Press.

"Si uno considera que es un deber democrático sacar a Franco del Valle de los Caídos habrá que hacerlo ya, no entendemos por qué hay que esperar hasta el 10 de junio, salvo que tenga que ver con los calendarios electorales", ha afirmado el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

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La asociación considera que el Gobierno está lanzando una "bronca política" ya que en caso de no ganar las próximas elecciones "acusarán al nuevo Gobierno de querer conservar el franquismo donde está". Otra de las decisiones que han afeado las víctimas del franquismo tiene que ver con el nuevo destino de los restos del dictador. "No es comprensible que la gente lleve años pidiendo que se saque a Franco del Valle de los Caídos porque estamos pagando la tumba de un dictador con dinero público, y ahora se vaya a llevar a la tumba de Mingorrubio, que también es propiedad del Estado", ha censurado.

La asociación ve en este gesto una clara "falta de voluntad política". "A nadie se le ocurriría que las víctimas del terrorismo pagaran con sus impuestos la tumba de un terrorista", ha señalado Silva. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado que en España hay 114.000 personas civiles "tiradas en cunetas" y ha asegurado que no se podrá hablar de conciliación hasta que se haga justicia.

"La mejor conciliación para este conflicto es la justicia y lo que está haciendo el Gobierno es dejarlo en manos del poder legislativo y ejecutivo. Nadie entendería que un crimen terrorista o cualquier asesinato se resolviera en la esfera política y no en la judicial, en este caso pasa y tiene que ver con una política de ocultación", ha finalizado Silva.