La guerra de recusaciones atrasará más de medio año el fallo del TC sobre la amnistía a líderes del 'procés'

Los líderes independentistas castigados por el procés ya tienen entreabiertas las puertas del Tribunal Constitucional. Después de que la Sala de lo Penal del Supremo confirmase esta misma semana la no aplicación de la amnistía a la malversación, a los condenados por el 1-O tan solo les queda jugar la carta del incidente de nulidad antes de acudir en amparo ante el máximo intérprete de la Ley Fundamental. Una corte que, sin embargo, no decidirá de forma exprés. El aluvión de recusaciones contra magistrados paraliza el estudio de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre los que tiene que pronunciarse el Constitucional antes de abordar los amparos. Y solo una detención del expresident Carles Puigdemont podría acelerar los tiempos.

Sobre la mesa de la corte de garantías se han acumulado en las últimas semanas 54 recusaciones en relación con la norma de olvido jurídico. La mitad de ellas, entre las que se encuentran las de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, se dirigieron contra el nuevo magistrado, José María Macías, quien como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en contra de la constitucionalidad de la amnistía. La otra mitad, propuestas por el PP y sus comunidades autónomas, se dirigían contra los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez –ex ministro de Justicia y ex directora general de Asuntos Constitucionales en el Gobierno de Pedro Sánchez– y el actual presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

De momento, explican las fuentes jurídicas consultadas, se han resuelto nueve al admitirse las abstenciones de Campo. Y en el próximo Pleno se empezarán a abordar las recusaciones contra el presidente por parte de la derecha política, que justifica su petición alegando que como magistrado se apartó en su día de todos los recursos de amparo relacionados con la causa del procés –que no con la amnistía–. Conde-Pumpido, tal y como publicó este diario, ha pedido a los otros dos compañeros recusados –Díez y Macías– que no participen en dicho debate. La decisión, por tanto, quedará en manos de ocho magistrados, cuatro por cada sector. Y en caso de empate, quien podrá desequilibrar la balanza será la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán.

Las fuentes jurídicas pulsadas por este diario sostienen que "despejar" todas las recusaciones va a llevar "tiempo". Y mientras los esfuerzos se centren en esto, el resto de asuntos vinculados con la norma de olvido jurídico estarán congelados. Es el caso, por un lado, de los 16 recursos de inconstitucionalidad contra la ley planteados por el PP y las comunidades autónomas en las que gobierna –además de Castilla-La Mancha, en manos del socialista Emiliano García Page–. Y por otro, de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos tribunales, entre ellos el Supremo. Una lista de tareas a las que se sumarán próximamente los recursos de amparo de los líderes independentistas por la negativa del Alto Tribunal de aplicar la amnistía a todos sus delitos.

"Entre seis meses, como mínimo, y un año"

Tanto el instructor de la causa, Pablo Llarena, como la Sala de lo Penal han dejado la malversación del procés, por la que fueron condenados en su día cinco dirigentes –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– y que amenaza con penas de prisión a los fugados –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig–, fuera del ámbito de aplicación de la amnistía. La norma cubría este delito siempre y cuando no hubiese existido en las conductas un "propósito de enriquecimiento", entendido como el intento de "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Pero en el Supremo creen que se dio. Y no porque se llevaran dinero al bolsillo, sino porque el uso de recursos públicos para financiar el procés evitó que los dirigentes políticos vieran reducido su propio patrimonio.

Tanto los huidos como los ya condenados recurrieron dichos autos, pero como era de esperar sus argumentos fueron rechazados. Tras esto, a los primeros ya solo les queda el recurso de apelación y a los segundos el incidente de nulidad –que seguramente tampoco prosperarán– para agotar por completo la vía judicial. Una vez se les hayan cerrado todas las puertas en el Alto Tribunal, se les abrirán de par en par las del Constitucional. Es ahí, en la corte de garantías, donde los líderes independentistas ya han anunciado que darán la batalla por la aplicación de la amnistía a golpe de amparo. Ahora bien, la resolución de los mismos puede demorarse. "Va para largo. Entre seis meses, como mínimo, y un año", deslizan fuentes jurídicas.

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Antes de pronunciarse sobre la medida de gracia en el caso de los líderes del procés, los magistrados deberán resolver los "recursos y cuestiones". "Los amparos van a depender de lo que diga el tribunal sobre la constitucionalidad de la ley", explican las fuentes consultadas. La idea inicial pasa por dar prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, un fallo que marcaría el camino a seguir con el resto de impugnaciones. No obstante, algunas voces dentro de la corte consideran que debería abordarse antes el recurso de inconstitucionalidad del PP. Sea como sea, no creen que el primer pronunciamiento relevante de la corte de garantías vaya a llegar antes del final de la primavera o el comienzo del verano.

Un calendario que podría alterar una detención

Un calendario que, no obstante, podría alterar una detención e ingreso en prisión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En ese caso, lo lógico sería que la defensa del líder independentista, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, recurriese la medida en el propio Supremo, que debería responder a sus alegaciones en un breve plazo de tiempo al tratarse ya de una causa con preso. Y luego podría acudir en amparo ante el Constitucional. Lo normal sería que en ese recurso se recordase la entrada en vigor de la Ley de Amnistía y se pidiese de forma cautelar dejar sin efecto la prisión provisional decretada por el Supremo, lo que forzaría a la corte de garantías a pronunciarse sobre el olvido jurídico aunque fuera tangencialmente –sin entrar al fondo–.

"Pero solo una privación de libertad, que es una lesión a un derecho fundamental, motivaría o podría motivar una respuesta", dejan claro las fuentes jurídicas consultadas. Pero esto tan solo se mueve en el ámbito de las meras hipótesis. Porque el expresident de la Generalitat ya ha dejado claro que no tiene intención de dejarse detener. Prueba de ello es la huida que protagonizó a comienzos de agosto, cuando reapareció en Barcelona coincidiendo con la investidura de Salvador Illa como president y desapareció entre la multitud antes de ser arrestado por uno cuerpo de Mossos d'Esquadra que dio por hecho que el dirigente independentistas trataría de acceder al Parlament.